La jefa de redacción del diario búlgaro Starozagorski Novini, Yovka Atanassova, comenzó su carrera de periodista hace 15 años y ahora se enfrenta a una sentencia a 14 meses de cárcel por las notas que escribió.
"No quiero ir a prisión… Me iría del país si no fuera por mis hijos. No soy una criminal y no quiero que me conviertan en una criminal", dijo Atanassova, que acumuló en un año 12 demandas y cinco condenas.
La periodista fue juzgada en base a los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal de Bulgaria, que prevé hasta tres años de cárcel para los culpables de insultos y calumnias a través de medios de comunicación.
Atanassova se encuentra ahora en el centro de un debate sobre la vigencia de estas leyes, que generaron una avalancha de críticas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y un pedido de 56 parlamentarios para revisar el Código Penal.
"Es inaceptable que a fines del siglo XX los periodistas búlgaros estén sujetos a sanciones contrarias a la convención europea para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales", planteó un comunicado suscrito por un grupo de diputados que pidió eliminar la amenaza de cárcel.
De acuerdo con informes del Instituto Nacional de Estadísticas, en los últimos tres años 340 personas fueron condenadas por difamación, de las cuales 209 eran periodistas. Sin embargo, no existen datos sobre cuántos de ellos efectivamente cumplieron la sentencia.
El artículo 146 cubre el delito de insulto al degradar "el honor y la dignidad" de una persona, para lo cual dispone una pena de hasta seis meses de cárcel. El artículo 147 se ocupa de la calumnia y prevé hasta un año de prisión.
El artículo 148 trata de insultos y calumnias públicas, y dispone penas de hasta tres años en prisión. Al mismo tiempo, protege a autoridades públicas contra estas agresiones, y dispone que puedan ser defendidas por fiscales.
Atanassova sostuvo que la ley fue aplicada pese a que siempre escribió la verdad.
"Todos los materiales por los cuales se me procesó están relacionados con delitos económicos vinculados al proceso de privatización, y por lo tanto cuando los escribía me basé en documentos donde se certifica el abuso de poder o la malversación", afirmó.
"Siempre escribí sobre hechos que pueden ser probados con documentos, y por cierto nadie cuestiona esos hechos. Incluso se cambiaron algunos gerentes después de mis artículos", dijo la jefa de redacción de Starozagorski Novini.
Precisó además que su condena no está relacionada con la veracidad de los hechos "sino con la forma en que me referí a ciertas personas en altos cargos".
Atanassova está preocupada porque una de las consecuencias de la amenaza de cárcel es la autocensura por parte de los periodistas. "En el diario donde trabajo, la gente tiene miedo de investigar", dijo.
En el gremio periodístico, la oposición al encarcelamiento es unánime. Pero también se advierte que hay una distinción entre quienes presentan investigaciones sólidas, y otros que denuncian la corrupción sin tener pruebas suficientes.
La directora del departamento de investigaciones del semanario "168 Chasa", Zoya Dimitrova, quien también fue procesada y luego absuelta, destacó que los medios regionales suelen estar más expuestos a demandas pues sus periodistas escriben con menos cuidado y a veces son poco profesionales.
"La deficiencia profesional no puede considerarse un crimen", planteó Dimitrova, ya que es casi imposible determinar si un periodista actuó en forma intencionada, si fue manipulado, o si es simplemente un mal investigador.
Los políticos tienen opiniones divergentes sobre el tema, pero el presidente y el vicepresidente están en contra de la pena de prisión.
El vicepresidente Todor Kavaldjiev comentó que "los periodistas suelen ser chivos expiatorios de los errores o la incompetencia de los políticos", y advirtió que utilizará a su discreción la atribución de otorgar el perdón a periodistas condenados.
Pero el presidente del Comité Legislativo Permanente del parlamento, Svetoslav Luchnikov, neutralizó una propuesta para imponer una moratoria a las sentencias contra periodistas y se justificó argumentando que ningún sector de la sociedad debería tener privilegios especiales.
"¿O acaso deberíamos crear una clase con el poder para calumniar e insultar a los demás sin sufrir ninguna consecuencia por ello?", preguntó el parlamentario.
El fiscal general de Bulgaria, Ivan Tartachev, tiene la misma opinión. "Los periodistas son como cualquier otro ciudadano… la difamación es un delito y cualquiera que cometa ese delito debe atenerse a las consecuencias", sentenció.
El primer ministro Ivan Kostov, conocido por su poca disposición para comunicarse con los medios, comentó que está a favor de una moratoria a las sentencias contra periodistas, pero prefiere dejar ese tema en manos de los poderes judicial y legislativo.
Mientras, el debate continúa y la pesadilla de Atanassova aún no termina. Acaban de reabrir una nueva demanda en su contra.
"Me pondré muy contenta cuando haya signos de democratización en nuestra legislación. Pero creo que lo veré desde atrás de las rejas", comentó.
—— (*) Danail Danov es periodista de la Radio Nacional de Bulgaria en Sofía. Este artículo llega a IPS por medio del Instituto del Periodismo en Transición, que edita la revista Transitions. (FIN/IPS/tra-en/dd/ijt/rj/ml/cr-hd/98
