América Latina es partidaria de la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) planteada para juzgar crímenes de guerra, informó una de sus principales promotoras, la comisaria de Asistencia Humanitaria de la Unión Europea, Emma Bonino.
Ministros y representantes de 186 países asistieron a la inauguración de la conferencia diplomática que se realiza en Roma, convocada para debatir la creación de esta corte cuya fundación se prevé para enjuiciar casos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Unos 5.000 delegados asisten a la reunión que se desarrollará en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) hasta el 17 de julio.
La conferencia fue inaugurada el lunes pasado por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, y el presidente de Italia, Oscar Luigi Scalfaro. Participan además representantes de 260 organizaciones no gubernamentales.
El jurista italiano Giovanni Conso presidirá la conferencia. Bonino destacó la participación activa de Argentina y Uruguay en la creación de esta corte.
Se prevén intensas discusiones. "Existe un borrador del estatuto que regirá la corte donde 1.700 párrafos son objeto de desacuerdo", afirmó la comisaria europea.
Las principales discusiones se refieren a atribuciones de la CPI y del fiscal, consenso de los Estados para la acción de la corte, los instrumentos con los que contará para actuar y las relaciones con el Consejo de Seguridad de la ONU.
Además, están a consideración la definición de los crímenes, la relación entre la CPI y las jurisdicciones nacionales y el presupuesto para su funcionamiento.
Bonino se mostró contraria a financiar la CPI en base a investigaciones pagadas con un fondo voluntario, y respaldó una estructura solventada por el presupuesto ordinario de la ONU.
Un obstáculo grande ha sido la "discusión de la soberanía de los Estados", explicó.
"Existe una división entre aquellos que quieren que la corte tenga atribuciones sobre todos los crímenes internacionales, desde tráfico de drogas a guerras nucleares, y los que, por el contrario, preferimos iniciativas con una lista reducida, como genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra", dijo.
Algunos países quieren que el fiscal pueda iniciar su actividad solo si se lo pide el Consejo de Seguridad o un Estado, agregó. "Muchos, entre quienes me cuento, consideramos que el fiscal debe tener su autonomía", sostuvo.
Algunos miembros del Consejo de Seguridad, como China y Estados Unidos, "desean mantener su derecho a veto" al respecto, afirmó Bonino.
Existe consenso en que la acción de la CPI no podrá ser retroactiva y que la duración de jueces y fiscales en el cargo será de siete años no renovables.
El borrador del estatuto de la corte establece que el órgano sustituirá los tribunales ad hoc creados para perseguir a los responsables de atrocidades cometidas en la antigua Yugoslavia (1993) y Ruanda (1994). (FIN/IPS/jp/mj/hd/98
