Una organización indígena de Guatemala sostuvo que los "escuadrones de la muerte" que realizan ejecuciones extrajudiciales son los mismos que encabezan los linchamientos de presuntos delincuentes en el interior del país.
El Consejo de Comunidades Etnicas Runujel Junam (CERJ) atribuyó el gran incremento de las ejecuciones extrajudiciales que se cometen en el país a la acción de paramilitares. El gobierno asegura, en cambio, que se trata de ajustes de cuentas entre pandillas.
En 1997 se registraron decenas de ejecuciones extrajudiciales, por lo general de jóvenes con antecedentes penales que aparecen muertos en sitios baldíos, con manos y pies atados y con un tiro de gracia a corta distancia.
A estos hechos se suma la ola de linchamientos que solo en marzo cobró seis víctimas, en los cuales turbas enardecidas capturaron a supuestos ladrones, los golpearon, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego en el departamento de Totonicapán, al oeste del país.
Las autoridades comprobaron sin duda que tres de los linchados eran trabajadores que no tenían ningún tipo de antecedentes penales, pero ni siquiera en esos casos fueron capturados los culpables.
No es la primera vez que se habla en Guatemala de un resurgimiento de los escuadrones de la muerte que actuaron en la década del 70 y comienzos de la del 80 en la lucha contra la guerrilla izquierdista.
Tras la firma de la paz entre el gobierno y los grupos guerrilleros en diciembre de 1996, que puso fin a 36 años de conflicto armado interno, se produjo un recrudecimiento de la violencia que continúa hasta hoy.
El CERJ sostuvo que los "escuadrones de la muerte" que cometen estos crímenes son los mismos que encabezan los linchamientos en el interior del país.
Según la organización, los escuadrones de la muerte creados durante el conflicto armado son los mismos que amenazan, controlan y persiguen a activistas de derechos humanos y de otros ámbitos, así como a periodistas.
"Estos grupos son los mismos que secuestran y torturan a sus víctimas, y que después de cobrar el rescate asesinan a las personas que han mantenido en cautiverio", afirma el CERJ en un comunicado.
Estos grupos ilegales también encabezan y manipulan a personas que roban y queman municipalidades en el interior del país.
El CERJ exigió al Ministerio Público y a la misión de paz de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) una exhaustiva investigación para establecer las causas y motivos de las ejecuciones extrajudiciales.
Instó además a los jueces a castigar con todo el peso de la ley a quienes cometan secuestros, linchamientos y allanamientos.
El obispo del departamento de Escuintla, Fernando Gamalero, informó que un grupo anónimo que se adjudicó nueve muertes ocurridas en 1997 en esa región del sur del país ha hecho circular una lista con nombres de 28 personas a las que supuestamente eliminará.
"Nuestra preocupación es que tememos operaciones de 'limpieza social'. Por eso quisiéramos que las autoridades tomaran conciencia y faciliten la justicia, pues apenas hay un juez para todo el departamento", dijo el obispo.
El diputado Arístides Crespo, del derechista Frente Republicano Guatemalteco, dijo que esos grupos actúan, a todas luces, en la ilegalidad, pero sostuvo que esa es una respuesta al problema de inseguridad del país.
"Si los delincuentes andan campantes por las calles, es normal que haya malestar y que se busquen formas de poner fin al asunto, pero no es tomando justicia por mano propia como se va a resolver" agregó.
Angel Conte, director de la Policía Nacional Civil creada en cumplimiento de los acuerdos de paz, asegura desde el año pasado que se perseguirá a todos los integrantes de estos grupos clandestinos de confirmarse su existencia hasta ponerlos a disposición de la justicia.
Las autoridades niegan la existencia de escuadrones de la muerte y de las llamadas operaciones de "limpieza social" y atribuyen las ejecuciones a "ajustes de cuentas entre bandas de delincuentes".
El presidente Alvaro Arzú desacreditó la denuncia del obispo Gamalero. "Estoy plenamente convencido que esto no es así, y los informes de la Minugua y de la comunidad internacional son muy claros", dijo.
Esos informes "son valederos, pero que venga una persona a elucubrar sobre temas de esta naturaleza realmente no nos merece ninguna atención", agregó.
El canciller Eduardo Stein atribuyó los asesinatos de presuntos delincuentes a "un fenómeno continental".
"Lo que se ha visto a nivel continental son ajusticiamientos o ejecuciones entre organizaciones criminales, porque se cobran facturas entre bandas o personas que quizá pretendieron escaparse del control de su propia organización", opinó Stein.
Varios hombres acusados de pertenecer a bandas de delincuentes aparecieron asesinados el fin de semana. Uno de estos casos ocurrió a pocos kilómetros de la capital, en San Pedro Sacatepéquez, donde fueron ajusticiados dos presuntos asaltantes.
El Estado fue rebasado por la criminalidad, según la fundación Myrna Mack, que lleva el nombre de una antropóloga asesinada por militares en 1990.
"En una actitud de ansiedad generada por la inseguridad, la población ha perdido de vista causas y asociaciones y está volviendo a un análisis simplista de resolución del problema: la represión, la pena de muerta, los linchamientos", sostuvo la fundación en su informe anual.
"Este juego es muy pernicioso porque transfiere poder a los grupos armados (militares y paramilitares) y deja a la población inerme ante grupos armados sobre los cuales no tiene ningún control (militares y delincuentes)", concluye. (FIN/IPS/cz/mj/hd/98
