Una nueva acusación constitucional contra jueces de la Corte Suprema se está gestando en Chile, luego de un fallo en favor del segundo hombre de la polémica Colonia Dignidad que violaría la Convención de los Derechos del Niño.
Tanto el gobierno como diputadas oficialistas y de oposición advirtieron este jueves que los cinco jueces que acogieron dos recursos de amparo del médico Harmut Hopp desconocieron ese instrumento internacional suscrito por el Estado chileno.
Cuatro diputadas de la Comisión de Familia dieron un plazo de 10 días a los magistrados para que rectifiquen el fallo, que a su juicio dejó en la desprotección a menores que son víctimas de abusos sexuales en el asentamiento de emigrantes alemanes.
Si cumplido ese plazo no se corrige la situación, los magistrados serán objeto de una acusación constitucional, anunciaron las diputadas oficialistas Mariana Aylwin, Fany Pollarollo y María Antonieta Saa, y la opositora Marina Prochelle.
El conflicto en torno al asentamiento agrícola de emigrantes alemanes situado en Parral, en la zona centrosur de Chile, entró este viernes en una nueva fase, en la que el líder de Colonia Dignidad, Paul Schaefer, pasó de la condición de prófugo de la justicia a la de rebeldía.
Schaefer, un ex cabo del ejército nazi de 76 años, es reclamado por los tribunales desde 1996 para que responda por acusaciones de violación de menores, pero hasta la fecha ha eludido las operaciones de búsqueda de la policía.
Hopp, el lugarteniente de Schaefer, trasladó hace cuatro meses a la ciudad argentina de Mendoza a su hijo adoptivo Michael, de 14 años, quien fue también víctima de los abusos sexuales de Schaefer, según testimonios.
El miércoles último, la tercera sala de la Corte Suprema acogió los recursos de Hopp y anuló la orden de presentar el menor a los tribunales, expedida por el juez Jorge Norambuena, de la ciudad de Parral, 341 kilómetros al sur de Santiago.
El fallo a favor de Hopp y el hecho de que Schaefer siga eludiendo los operativos de búsqueda policial, confirman la existencia de una poderosa red de protección de Colonia Dignidad, se señaló en medios gubernamentales, políticos y eclesiásticos.
El obispo de Linares, Carlos Camus, a cuya diócesis pertenece Parral, dijo que los jueces "están presionados", sugiriendo que los jefes de Colonia Dignidad contarían con fotografías trucadas para chantajear a magistrados que alguna vez visitaron el lugar.
El viceministro del Interior, Belisario Velasco, comentó que "aquí hay un enorme poder fáctico y un poder económico que ha protegido a la colonia durante muchos años, porque de otra manera no se explica lo que ha sucedido hasta ahora".
La expresión "poder fáctico" alude en Chile a la capacidad de presión y acción que mantienen los militares, así como grupos paramilitares, económicos y políticos vinculados a la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
Denuncias de organismos humanitarios afirman que las instalaciones de Colonia Dignidad fueron usadas como centro de tortura y desaparición de izquierdistas por la policía de la dictadura tras el golpe del 11 de septiembre de 1973.
El juez especial de instrucción Hernán González, que investiga las denuncias contra Schaefer, así como irregularidades tributarias y financieras de la colonia, recibió también antecedentes sobre desapariciones forzadas en el lugar.
Esta es la primera vez que las sospechas sobre la protección de magistrados a Schaefer y otros líderes de Colonia Dignidad podrían revertirse en un juicio político a través de una acusación constitucional.
La Corte Suprema enfrentó este año ya dos acusaciones constitucionales, la primera en contra de su presidente, Servando Jordán, por supuestas inrtervenciones a subalternos en favor de un narcotraficante.
Esta acusación fue rechazada por la Cámara de Diputados, al igual que la segunda, fundada también en un caso de narcotráfico, que incluyó al propio Jordán y a otros tres jueces.
Esta sería también la primera vez que una acusación constitucional se fundamenta en desacatos a la Convención de los Derechos de los Niños, que el Estado chileno ratificó en 1990, durante el primer gobierno de transición democrática, presidido por Patricio Aylwin.
El propio Aylwin fue quien en 1991 dispuso la cancelación de la personería jurídica de Colonia Dignidad, abriendo así un proceso político y judicial que continúa hasta hoy en un contexto de creciente conflictividad. (FIN/IPS/ggr/ag/hd-ip/97
