Representantes de las centrales obreras y la empresa privada exigieron hoy al gobierno de Honduras el cumplimiento de un pacto social firmado hace dos meses por las tres partes para compensar los efectos del ajuste económico en la población.
Sindicalistas y empresarios afirman que, hasta ahora, el gran ausente del pacto social ha sido la administración de Carlos Reina, que no aprobó todavía la transferencia de 1,5 millones de dólares a Banasupro, la empresa estatal que suministra alimentos básicos.
Esos recursos permitirán a Banasupro adquirir a bajo precio una lista de 20 productos básicos concertada con los empresarios para reducir el costo de la canasta familiar de los hondureños, calculada en 230 dólares mensuales.
Según los términos del pacto social, el primero que se firma en Honduras, los empresarios concertarán con las autoridades el precio del arroz, pastas, sal, carnes, productos lácteos, aceite y útiles escolares.
Pero el gobierno no ha agilizado la transferencia de recursos a Banasupro, y el dirigente empresarial Juan Bendeck advirtió que la lentitud de las autoridades "está enfriando el ánimo de los empresarios".
"Nosotros estamos anuentes a echar a andar el pacto social porque nos beneficia a todos, pero necesitamos ver el interés del gobierno en agilizarlo", dijo Bendeck.
Por su parte, Renato Mendoza de la Central General de Trabajadores (CGT), una de las organizaciones sindicales más grandes de Honduras, sostuvo que el pacto social camina "gracias al interés de los empresarios y obreros, pero no del gobierno".
Mendoza señaló que los técnicos del gobierno no han procedido tampoco a la creación de un organismo supervisor de los servicios de energía eléctrica, previsto para canalizar los reclamos de la población por el coste de tarifas.
El pacto social fue concertado para propiciar acuerdos en materia de consumo básico que permitan controlar la inflación y compensar en el campo social los efectos del ajuste económico iniciado hace siete años.
Cifras oficiales indican que 81,2 por ciento de los 5,5 millones de hondureños son pobres, y 54,5 por ciento de los integrantes de ese grupo viven en extrema pobreza.
El gobierno aplicó hace siete años un drástico plan de ajuste económico que devaluó la moneda y aumentó los impuestos, entre otras acciones.
En su segunda fase, el plan anuncia la liberalización de los precios y la privatización de empresas públicas. La segunda fasse sólo fue parcialmente abordada, pues según funcionarios de gobierno, las condiciones sociales no permiten su aceleración.
La inflación acumulada en los tres primeros meses de este año es de 5,4 por ciento. El gobierno proyectó para fin de año una tasa de 15 por ciento. (FIN/IPS/tm/ff/ip/97