El gobierno de Guyana se encuentra otra vez a la defensiva, mientras trata de asegurar a la población que las concesiones de madera entregadas a empresas extranjeras no lanzarán al país sudamericano a una crisis ambiental.
"Hay muchas áreas legalmente protegidas en el país, y se crearán otras, de modo que nunca `podrá suceder", sostuvo Clayton Hall, comisionado de Bosques, ante cuestionamientos de la Organización de Derechos Humanos de Guyana (GHRA).
En el centro del debate se ubica un memorando de acuerdo que el gobierno firmó con Kwitaro Investments Ltd., una empresa malasia hasta ahora desconocida.
El memorando fija el escenario para que la firma obtenga, en el transcurso de este año, un contrato exploratorio sobre unas 303.000 hectáreas de selva virgen en la región del sur de Guyana.
Más adelante, obtendría una licencia para talar la madera si entrega un plan aceptable de evaluación ambiental y satisface otros requisitos estatutarios.
Pero antes el parlamento deberá otorgar un contrato exploratorio y aprobar la extensión de los bosques estatales explotables más allá del cuarto paralelo, abriendo un nuevo sector del país a la tala de madera de gran escala.
El GHRA y otros críticos solicitaron un debate público y parlamentario sobre quién tendrá derecho a talar recursos de los bosques y garantías de que no se cortarán árboles durante esta fase de pre-viabilidad.
Además de cuestionar los motivos de las autoridades, el GHRA señaló un reciente estudio hecho por Conservación Internacional (CI) revelando que el área contiene posiblemente la más alta concentración de biodiversidad del país, con 250 especies de pájaros y hasta 80 por ciento de la fauna mamífera.
Defensores del medio ambiente temen que la explotación altere seriamente el equilibrio ecológico del área, afirmando que el acuerdo pendiente amenaza una de las zonas más ricas del país.
Hasta ahora Guyana dio concesiones de más de 30 por ciento de los 16 millones de hectáreas a empresas extranjeras, incluyendo un área de 1,6 millones de hectáreas en el noroeste a Barama Company Ltd., con sede en Malasia.
Otras tres compañías firmarían acuerdos cubriendo áreas de similar extensión. El gobierno no oculta el hecho de que pretende concluir esta primera fase en este año electoral, en un esfuerzo por silenciar a los críticos sobre la falta de interés de los inversores en Guyana.
Pero continúan planteadas varias interrogantes sobre la capacidad del servicio de bosques de supervisar apropiadamente la actividad en la industria. Las autoridades se volcaron a la Administración de Desarrollo Exterior de Gran Bretaña (ODA), buscando ayuda para mejorar la capacidad de vigilancia.
El World Resources Institute (Instituto Mundial de Recursos) y el Banco Mundial también están en el país, al igual que el Smithsonian Institute.
Estos organismos internacionales llegaron a Guyana en los últimos cinco años para brindar su asistencia en la protección de los bosques. Guyana y el vecino Suriname son dos entre menos de 20 países con sus bosques naturales aún intactos.
Además, las instituciones internacionales tienen interés porque las conexiones asiáticas se produjeron en momentos de mayor atención mundial sobre los antecedentes de las concesiones de madera a empresas malasias.
Pero, dijo Hall, esto se produce en un país 70 por ciento del cual está cubierto por una selva tropical prístina, y afirmó que "no hay peligro de que la selva sea arrasada".
"En casi todas las concesiones que hemos hecho, hay áreas inaccesibles, algunas pantanosas. La topografía no permite la tala", indicó.
Las concesiones incluyen también otras 607.000 hectáreas de tierras reservadas, la mayoría en el oeste, entre ellas la selva tropical de Iwokrama, que cubre unas 364.000 hectáreas, separadas por el anterior gobierno para que científicos del mundo estudiaran métodos de desarrollo sostenible.
Las autoridades también buscan fondos para extender el área protegida de la reserva Parque Nacional Kaieteur. (FIN/IPS/tra-en/bw/cb/lp/en/97
