GINEBRA – Expertos de las Naciones Unidas demandaron que las organizaciones de la sociedad civil, las no gubernamentales (ONG), sean plenamente consideradas en la respuesta ante la catástrofe que enfrenta Venezuela con los terremotos de junio y que “agrava la crisis humanitaria que padece desde hace años”.
“Ante la magnitud de la tragedia, la sociedad civil ha asumido un papel indispensable y deberá ser considerada plenamente en las siguientes fases de la respuesta,” dijeron en una declaración más de 20 personas expertas que trabajan en áreas temáticas por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza de Ginebra
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter, que estremecieron el norte de Venezuela el 24 de junio con solo 39 segundos de diferencia, derribaron y dañaron centenares de edificios y otras construcciones y servicios, causando al menos 4930 muertos, 16 740 heridos, muchas personas desaparecidas, y daños estimados en 37 000 millones de dólares.
Venezuela sufrió en la última década una pérdida de tres cuartas partes de su producto interno bruto (PIB), crecimiento de su pobreza y pobreza extrema, el éxodo de millones de sus habitantes, el deterioro de casi todos los servicios esenciales, la persistencia de una crisis política y la acentuación del autoritarismo.
Reportes de prensa mostraron a los órganos del Estado desbordados ante la magnitud de la tragedia por los sismos, asoladas principalmente el litoral vecino a Caracas y varias zonas de la capital, y las operaciones de rescate y auxilio prestadas por misiones de solidaridad de una treintena de países de América, Europa y Asia.
Las personas y grupos de expertos de la ONU registraron que organizaciones preexistentes, incluidas las de derechos humanos, y nuevas asociaciones de redes vecinales, participan en la búsqueda de personas desaparecidas y contribuyen a la identificación de personas fallecidas y la atención directa a las víctimas.
Asimismo, “en la provisión de servicios y apoyos vitales que, de otra manera, no llegarían a las comunidades afectadas”, lo cual “debe ser reconocido por las autoridades venezolanas y la comunidad internacional”.
“Pese a su importancia, este rol vital se ve gravemente obstaculizado y amenazado por las restricciones normativas existentes, incluyendo la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y Sociales sin Fines de Lucro,” señalaron.
Esa ley, que data de 2024, es conocida por sus críticos como “ley anti-ONG”, e integra un conjunto de normas que en los últimos años restringieron libertades y derechos de expresión, de protesta pública, movilización y organización social.
Los expertos recordaron que la ley sobre las ONG las obliga a trámites de inscripción o reinscripción ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, los cuales “en la práctica, resultan imposibles debido al silencio administrativo del Estado, lo que arriesga su viabilidad y congela su personalidad jurídica de orma arbitraria”.
Además, “la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario ha establecido normas que obligan a los bancos a supervisar excesivamente a las ONG en comparación con otros actores, creando obstáculos a la recepción o administración de recursos”, afectado a las asociaciones nacionales e internacionales.
Para los expertos “es necesario que las autoridades venezolanas pongan fin a estas restricciones, y por el contrario promuevan acciones que faciliten el actuar de la sociedad civil como parte indispensable de la reconstrucción, incluyendo a las mujeres y personas de grupos tradicionalmente marginados”.
Esas medidas deben facilitar formas de ayuda, como la transferencia de efectivo a personas damnificadas, una práctica común de provisión de ayuda que no está disponible en el país en este momento.
Por otra parte, “es imprescindible que las autoridades instruyan a las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre sus obligaciones en el marco de la emergencia; en particular en relación con la protección de iniciativas ciudadanas de ayuda, como centros de acopio”.
Demandaron además “que no se repitan los patrones de represión del pasado”, en contra de activistas y ONG nacionales e internacionales.
Las personas expertas reiteraron que, en contextos de catástrofe, el Estado debe facilitar de manera prioritaria la acción humanitaria y respetar la labor de todas las asociaciones, y al mismo tiempo promover soluciones que refuercen la resiliencia.
“La sociedad civil debe ser respetada como parte fundamental en los procesos de localización de la asistencia, veedora de la transparencia de los recursos utilizados, garante de derechos en la atención de desastres”, subrayaron.
Los firmantes de la declaración son las personas expertas de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales; sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; sobre la extrema pobreza, y sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
Asimismo, los relatores sobre los derechos humanos de los desplazados internos; sobre la situación de los defensores de derechos humanos; sobre el derecho a un nivel de vida adecuado; sobre las formas de intolerancia; y sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
También los relatores sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; sobre la protección y promoción de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Se sumaron los grupos de trabajo (de tres a cinco expertos cada uno) sobre los derechos humanos y las empresas; sobre los derechos de los pueblos afrodescendientes, y los de los indígenas; sobre desapariciones forzadas o involuntarias; y sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.
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