La policía y los jueces de El Salvador se acusan mutuamente por la incesante y creciente delincuencia que sufre la población del país centroamericano, considerado el más peligroso de América Latina.
El gobierno del conservador Armando Calderón Sol, que intercede en favor de la policía, actúa con mucha maldad al atribuir a la justicia la inseguridad ciudadana del país, según el no gubernamental Instituto de Estudios Jurídicos (IEJES).
Mientras tanto, los jueces sostienen que los funcionarios policiales desconocen las normas penales y procesales, pues detienen a los delincuentes sin haber recaudado suficientes pruebas que sostengan una acusación seria.
José Napoleón Rodríguez Ruiz, director ejecutivo de IEJES, dijo a IPS que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador demuestra independencia frente al gobierno por primera vez en la historia, lo cual, sostuvo, es el origen de los ataques sin fundamento que recibe el órgano judicial.
Esa independencia se manifiesta en la autonomía con que la Corte Suprema de Justicia resuelve los casos de amparo y el nombramiento o destitución de jueces, según Rodríguez Ruiz.
Pero los máximos jueces del país centroamericano también atacaron iniciativas del gobierno, como la aplicación de una ley de emergencia nacional contra la delincuencia y la propuesta de reimplantación de la pena de muerte, sostuvo el abogado.
El ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, culpó a inicios de mes a la Corte Suprema de Justicia por la supuesta impunidad con que actúan delincuentes arrestados por la policía y luego liberados por los jueces ejecutores.
Barrera aseguró que los jefes de una peligrosa banda criminal recapturados por la policía fueron liberados por disposición de los jueces, que alegaron que sus arrestos se produjeron sin pruebas concretas de los crímenes que se les imputaron.
"Parte de los delitos cometidos por esta banda, conocida como El Chino y la Niña, son responsabilidad de la Corte" Suprema de Justicia, afirmó el ministro.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Domingo Méndez, calificó la acusación de Barrera de "injustas", y sostuvo que algunas de sus declaraciones rebasaban la seriedad y la cultura jurídica.
Rodríguez Ruiz dijo que "el gobierno, una vez más, ve las cosas al revés", pues la policía realiza muchas capturas sin cumplir normas constitucionales referidas a los principios del debido proceso, lo cual obliga a los jueces a dejar sin efecto esos arrestos.
El director del IEJES recordó que más de 70 por ciento de las detenciones efectuadas por la policía son anuladas porque los reos son remitidos a los tribunales de justicia sin pruebas que sostengan que se cometieron los delitos por los que se les acusa.
"En esas circunstancias, muchos culpables son liberados, pues el delito no fue comprobado y, constitucionalmente, la presunción de inocencia se impone hasta que no se demuestre lo contrario", observó Rodríguez Ruiz.
El Salvador es el país más peligrosa de América Latina en materia de seguridad pública. Se comete, en promedio, más de un homicidio por hora. Los delitos más frecuentes son el robo a mano armada, el secuestro y la violación.
Rodríguez Ruiz aseguró que los delitos denominados "de cuello blanco", los relacionados con el narcotráfico y los cometidos por grupos clandestinos armados al servicio del poder político y económico figuran en raras ocasiones en los medios de prensa sin que se emitan fallos judiciales al respecto.
"La policía no investiga. Se ha convertido en un organismo captor con jefes y agentes inexpertos", dijo el director de IEJES.
El abogado atribuyó la proliferación de arrestos sin pruebas al hecho de que la policía no trabaja en conjunto con la Fiscalía en la preparación de las acusaciones.
Además, la vigencia de la ley de emergencia nacional contra la delincuencia agudizó el hacinamiento de la población carcelaria. Alrededor de 80 por ciento de los reos de El Salvador permanecen en las prisiones sin que pese sobre ellos una condena judicial.
El juez Méndez exigió en reiteradas oportunidades al ministro Barrera que se abstenga de atribuir la inseguridad pública a la Corte Suprema de Justicia pues, sostuvo, esa actitud deteriora la credibilidad de la ciudadanía en la institucionalidad del país.
Salvador Samayoa, integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública, declaró que los jueces no deberían ofenderse por las acusaciones en su contra pues la delincuencia es un problema de interés nacional.
Samayoa afirmó que tanto policías como jueces participan en actos de corrupción y en delitos, por lo que ambas instituciones deberían mostrar mayor apertura hacia las críticas que se les formulan públicamente.
Los cuestionamientos, afirmó el funcionario, no deberían derivar en pleitos entre poderes sino en una mayor eficiencia del combate entre el estado y la delincuencia.
El Salvador, que cuenta con 5,7 millones de habitantes repartidos en apenas 20.000 kilómetros cuadrados, es uno de los países más desposeídos de América Latina. Entre 60 y 80 por ciento de su población vive debajo del nivel de pobreza.
Rodríguez Ruiz recomendó mayor cooperación entre la policía y la Fiscalía General en la investigación y preparación de las acusaciones para que los jueces puedan actuar con las pruebas mínimas que las leyes requieren, pues, de lo contrario, dijo, la lucha contra la delincuencia continuará siendo ineficaz.
Por otra parte, reclamó también un aceleramiento en la depuración de la policía y del Poder Judicial.
Rodríguez Ruiz sostuvo que la inclusión de abogados en la policía contribuiría a la modernización y profesionalización del cuerpo, pues los funcionarios aprenderían a aplicar con eficacia las disposiciones penales y procesales. (FIN/IPS/jd/mj/ip/96
