Miles de empleados públicos de Zimbabwe enfrentan un futuro incierto tras la decisión del gobierno de despedirlos, ante su negativa de levantar una huelga nacional de casi una semana en demanda de aumentos salariales. No obstante, cientos manifestaron hoy en las calles de esta capital.
La decisión pareció fortalecer a los huelguistas que continuaron manifestando, mientras líderes sindicales denunciaron la acción gubernamental y se comprometieron a continuar la huelga, la cual paraliza a la mayoría de los departamentos estatales.
Este lunes el Comité de Empleados Públicos Unificados anunció en una declaración que los trabajadores aseguran "al ministro responsable y al gobierno que mientras nuestras preocupaciones no sean consieradas seriamente, la acción industrial continuará en pie".
El sindicato aseguró haber "agotado todos los canales de comunicación antes de embarcarse" en la huelga.
Este domingo, el Ministerio de Servicios Públicos, Trabajo y Bienestar Social anunció medidas para reemplazar a los huelguistas tras advertencias de que serían despedidos si no se presentaban a su trabajo, y dijo que sería inflexible con los trabajadores que no ocuparon sus puestos el viernes, aunque hayan regresado a sus tareas este lunes.
La huelga nacional comenzó el 20 de agosto en protesta por aumentos salariales de hasta 10 por ciento entregados por la Comisión de Sericios Públicos, ya que los trabajadores demandaban incrementos de hasta 60 por ciento.
La medida es ilegal bajo la legislación de Zimbabwe, que considera a los empleados estatales personal esencial, por lo cual les prohíbe el derecho a huelga.
El presidente del país de Africa Austral, Robert Mugabe, dijo este domingo que el sector público "ya es demasiado extenso, y podría ser una oportunidad para reducirlo".
En los últimos meses, el gobierno inició una drástica reducción del sector público, que ahora cuenta con 190.000 empleados, como parte de sus esfuerzos por recortar los gastos, una de las principales demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Alrededor de 20.000 funcionarios públicos fueron despedidos u optaron por la jubilación temprana en 1995, pero este año no hubo reducciones masivas.
Algunos manifestantes restaron este lunes importancia a la medida del gobierno. "No hay forma de que puedan despedirnos", dijo un empleado público a IPS. "No puede esperarse que un conductor de autobús sin experiencia se ocupe de un gobierno. Todo colapsará sin nosotros. El gobierno no tiene otra opción que rendirse", añadió.
Pero otros la tomaron con más gravedad. "Para los empleados como mano de obra general, podría ser el fin de nuestro trabajo", dijo una mujer.
La trabajadora tiene todas las razones para mantener una actitud aprehensiva. Hay unos 1,2 millones de desempleados en Zimbabwe, y su número podría aumentar ya que sólo 30 por ciento de unos 200.000 jóvenes que finalizan sus estudios cada año encuentran empleo.
Pero muchos sindicalistas mantienen una posición firme. "Es la broma del año", dijo un funcionario del Departamento Impositivo, y añadió que si hay necesidad de reducir el tamaño del gobierno, "no se puede ahorrar dinero despidiendo a alguien que gana 50 dólares por mes y manteniendo a quienes ganan miles de dólares, desperdiciando el dinero de los contribuyentes". (FIN/IPS/tra-en/lm/kb/lp/lb-ip/96
