A cuatro años de las próximas elecciones en Perú, que tendrán lugar en el año 2000, ya se inició la batalla electoral por una cuestionada ley que hará posible la segunda reelección consecutiva del presidente Alberto Fujumori.
Es claro que para ello Fujimori tendrá que ganar las elecciones, algo que hasta ahora no parece difícil, pues las encuestas le otorgan 62 por ciento de respaldo a su gestión, aunque sólo 42 por ciento anticipaban que votarían por él.
La Constitución vigente no admite más de una reelección consecutiva, pero la mayoría oficialista en el parlamento aprobó la semana pasada una ley según la cual dicho impedimento sólo rige para las elecciones posteriores a 1993, año en que fue aprobada y promulgada la Carta Magna.
En consecuencia, dentro del marco de esa interpretación legal, el primer periodo presidencial de Fujimori, de 1990 a 1995, no existió para efectos de la actual Constitución.
El único candidato visible además de Fujimori es el actual alcalde de Lima, el independiente Alberto Andrade, un ex socialcristiano cuya votación potencial se ubica en 34 por ciento y quien insiste en que no se postulará el 2000, reservándose para el 2005.
En ese marco, los partidos de izquierda y derecha, e inclusive los independientes centristas que apoyan al gobierno en el parlamento y enarbolan la tesis del "fujimorismo sin Fujimori", tienen como única opción para tentar suerte en las eleciones presidenciales impedir que el mandatario se postule nuevamente.
"Los partidos todavía no salen del estupor que les produjo la victoria electoral de Fujimori en 1990 y 1995 sobre el escritor Mario Vargas Llosa y el ex secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Javier Perez de Cuellar, y no creen poder ganarle las elecciones", dijo el analista independiente Víctor Carrera.
Para bloquear su reelección, la oposición se propone inhabilitar constitucionalmente su postulación mediante una serie de acciones políticas que incluyen la movilización para un referendo, amenazas de insurgencia popular y posibles demandas ante tribunales internacionales de justicia.
La primera batalla se dará en el Tribunal de Garantías Constitucionales, un foro en el que los antifujimoristas no tienen muchas esperanzas, porque se requiere al menos seis de los siete votos existentes para declarar la anticonstitucionalidad de una ley.
"Fujimori tiene en ese Tribunal dos incondicionales, de modo que no hay muchas esperanzas de aprobar la inconstitucionalidad de la Ley interpretativa", anticipó este lunes el parlamentario Javier Diez Canseco, del partido Izquierda Unida.
Todavía queda como instancia hipotética que el Jurado Nacional de Elecciones rechace la inscripción de la candidatura de Fujimori, pero el dictamen del Tribunal de Garantías obligaría al organismo a inscribirla.
En consecuencia, el siguiente paso, anunciado este lunes por la parlamentaria socialcristiana Lourdes Flores, consiste en la recolección de 40.000 firmas para obligar al Congreso a debatir la revisión de la mencionada ley interpretativa.
"Es obvio que la mayoria fujimorista rechazará la revisión, porque tiene más de la mitad de los votos que necesita para ratificar la ley, pero la recolección de firmas servirá para promover otra movilización mayor, de un millón de firmas, para exigir un referendo", declaró Flores.
Pero no sólo los partidos opositores estan cuadrándose para enfrentar las aspiraciones reelecionistas de Fujimori. El decano del Colegio de Abogados de Lima, Vladimir Paz de la Barra, se prepara para demandar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No todos los proyectos de enfrentamiento a las aspiraciones reelecionistas de Fujimori son legales.
El Apra, partido de orientación socialdemócrata que antes de la era Fujimori era el más numeroso y mejor organizado de Perú, pero cuya fuerza electoral actual es una incógnita pues obtuvo menos de cinco por ciento de los votos en 1995, anuncia jornadas de movilización callejera contra la reelección del mandatario.
Javier Alva Orlandini, del centrista partido Acción Popular, amenaza con desatar la insurgencia, sin explicar si se refiere a turbulencia popular o a un golpe militar, procedimiento ya recomendo en 1992 para impdir el referndo ganado por Fujimori.
"Por la salud de la democracia es necesario impedir su reelección, pues si lo dejamos hacer y gana las elecciones del 2000, probablemente tratará de cambiar la Constitución para introducir la reelección infinita y convertirse en dictador vitalicio, y tal vez fundar una dinastía", dijo Alva Orlandini. (FIN/IPS/al/ag/ip/96
