Las principales disposiciones de la nueva legislación antiterrorista no entrarán todavía en vigor por varios meses, si bien diversos grupos de inmigrantes en Estados Unidos afirmaron que ya se siente su impacto.
La ley, firmada por el presidente bill Clinton el mes pasado, está siendo implementada en varias fases durante el año, y esto determinó que se demorara la expulsión sumaria de Estados Unidos de inmigrantes sospechosos de ser miembros de grupos terroristas.
Sin embargo, ciertas cláusulas de la ley respecto a terroristas ya están siendo usadas por el Servicio de Naturalización e Inmigración de Estados Unidos (INS) para deportar o acosar en general a inmigrantes, señalaron sus abogados.
Incluso residentes legales con "tarjetas verdes" (permisos de trabajo permanentes) fueron tomados de blanco por el INS, que usa la disposición de la nueva ley referida a inmigrantes que cometen delitos leves.
Ursula Levet, directora legal del Centro para los Derechos de Inmigrantes en Nueva York, explicó que la ley anterior preveía que si alguien cometía un delito leve y mostraba rehabilitación, no era deportado.
Ahora, como la nueva legislación abre las puertas a la deportación como consecuencia de cualquier acto criminal, esa eventualidad se ha esfumado, señaló.
Judy Rabinovitz, principal consejera de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), expresó que las viejas leyes brindaban esencialmente una segunda oportunidad a residentes en Estados Unidos, de permanecer en el país, si habían cometido delitos leves.
"Lo que hace ahora la ley es eliminar esa segunda oportunidad", lamentó.
Si bien Clinton con su firma dió fuerza de ley a la medida, como está buscando este año la reelección, objetó que ese cambio no desalentaba a los terroristas.
Clinton, según Rabinovitz, está tratando de incluir un texto que anule ese cambio en la reforma sobre inmigración.
Lo que resulta hasta ahora es "una atmósfera de locura en los tribunales", donde el INS ha tratado de deportar a inmigrantes que cometieron delitos leves, mientras los jueces rehusan emitir sentencias hasta que las leyes sean más claramente interpretadas.
Las actuales tribulaciones judiciales son apenas la punta del iceberg comparado con lo que vendrá, pronosticaron activistas. "Será sin duda horrible", apuntó Levelt. "La ley facilita realmente la deportación de personas".
"La atmosfera negativa, o el efecto en cadena, ya ha comenzado", declaró Nihad Awad, director ejecutivo del Consejo de Relaciones Americano-Islamitas, con sede en Washington.
"El sentimiento en las comunidades de inmigrantes es que han sido tomadas como blanco, especialmente aquellas con puntos de vista políticamente impopulares", observó.
Quejas todavía más fuertes provendrán de los inmigrantes en los próximos meses, previno Greg Nojeim, consejero legislativo de ACLU.
Para noviembre, las disposiciones para expulsar sumariamente del país a inmigrantes estarán en vigor, sobre todo si son miembros de grupos considerados terroristas como el libanés Hezbollah (Partido de Dios), o el palestino Hamas (Movimiento de Resistencia Islámica).
Esas disposiciones requieren el establecimiento de paneles secretos que evalúen las evidencias para la depostación de supuestos terroristas.
Como esos tribunales todavía no están en funciones, muchos activistas dijeron que funcionarios gubernamentales se muestran preocupados por las posibles implicancias en términos de derechos civiles.
"No está claro en este momento como se implementará", dijo Awad. Agregó que los funcionarios oficiales aseguraron que la legislación está siendo estudiada para "determinar los efectos de cada disposición sobre los derechos civiles".
Ciertos grupos, como ACLU, se están preparando para desafiar determinadas medidas como la prohibición de recolectar fondos para grupos supuestamente terroristas, incluso por razones humanitarias, y restringiendo apelaciones de "habeas corpus" de las decisiones de tribunales inferiores. Esas disposiciones violarían la Constitución de Estados Unidos, adujo ACLU.
Tambien existe gran preocupación que, bajo la nueva legislación, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) tenga amplia libertad para intervenir.
El temor principal es que la nueva legislación permita al FBI usar sus medios para investigar grupos impopulares, no obstante que en 1994 fué capaz de autorizar dos millones de registros magnetofónicos de ciudadanos.
"Lo que probablemente ocurrirá es que el FBI investigará las recolección de fondos", dijo Nojeim.
Muchos grupos, especialmente aquellos islámicos de caridad o involucrados en asuntos políticos del Medio Oriente, señalaron que los fondos ya han comenzado a escasear porque la gente teme contravenir la nueva legislación.
Un activista palestino declaró a IPS en condiciones de anonimato que el actual "efecto congelante" es parte de una tendencia en aumento desde la Guerra del Golfo (1990-1991) contra Iraq, que demoniza hasta las tareas caritativas de grupos musulmanes.
Awad admitió que entidades musulmanas, especialmente aquellas opuestas a la actitud estadounidense en Medio Oriente, han sido golpeadas duramente y sus problemas aumentaron en enero de 1995, cuando Clinton identificó a una docena de grupos musulmanes como amenazas terroristas.
La imágen del terrorismo islámico fué evocada constantemente durante el debate parlamentario de la nueva ley, a pesar que el hecho que desató su demanda fué la bomba en Oklahoma del 19 de abril de 1995, obra de un soldado derechista estadounidense.
"La comunidad de inmigrantes siente que ha sido tomada de blanco por motivos políticos y no por acciones criminales", afirmó Awad. (FIN/IPS/tra-en/fah/pz/ego/ip).
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