/DERECHOS HUMANOS/ CHILE: Rapido inicio de condenas en caso degollados

Cuatro policias sentenciados en Chile a prision perpetua por el secuestro y deguello de tres comunistas en 1985 comenzaron a cumplir las condenas, solo 15 dias despues del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia.

El rapido ingreso a la carcel de los cuatro efectivos de Carabineros en la noche del viernes, contrasto, segun advirtio este sabado el diario La Epoca, con el lento y engorroso tramite previo al encarcelamiento del general retirado del Ejercito Manuel Contreras.

El ex jefe de los servicios represivos de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90), condenado el 30 de mayo ultimo a siete anos de presidio por el asesinato en 1976 en Washington del ex canciller Orlando Letelier, ingreso a prision recien el 20 de octubre.

El coronel de Carabineros Guillermo Gonzalez, el sargento segundo Jose Fuentes y los cabos Alejandro Saez y Hugo Salazar, vieron sellada su suerte al mediodia del viernes, cuando los tribunales rechazaron un recurso de revision del fallo.

Los cuatro fueron trasladados alrededor de las 20,00 horas (23,00 GMT) en helicopteros hasta el penal de alta seguridad de Punta Peuco, 20 kilometros al norte de Santiago, construido especialmente para miembros de las Fuerzas Armadas y la policia.

En la misma carcel, pero en areas totalmente separadas de las que ocupan los carabineros, estan Contreras y quien fuera su segundo en la Direccion de Inteligencia Nacional (DINA), el brigadier Pedro Espinoza, quien llego a la prision el 20 de junio.

Contreras postergo su envio a la carcel con una sucesion de recursos legales presentados por sus abogados defensores, complementados por tratamientos medicos, que incluyeron su hospitalizacion y una intervencion quirurgica.

Mientras el Ejercito, que comanda Pinochet, respaldo las maniobras dilatorias de Contreras avalando su alegada inocencia, los mandos de Carabineros negaron cualquier respaldo a los implicados en el caso degollados en la parte final del proceso.

El fallo definitivo que la Corte Suprema emitio el 20 de octubre se produjo a solo dos semanas de que el general Fernando Cordero reemplazara en la comandancia de la policia de Carabineros al general Rodolfo Stange.

El juez Milton Juica, quien llevo el caso, acuso a Stange y a su antecesor en el cargo, el general Cesar Mendoza, de haber entorpecido la investigacion del triple asesinato, pero ambos fueron absueltos por la Corte Marcial en 1994.

Cordero afirmo que la institucion como tal estuvo totalmente al margen del secuestro y deguello de los militantes comunistas Manuel Guerrero, Santiago Nattino y Jose Manuel Parada, cometido en marzo de 1985.

La accion fue llevada a cabo por 16 policias uniformados y el agente represivo civil Miguel Estay, un desertor del Partido Comunista, quienes conformaron una asociacion ilicita al interior de la Direccion de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar).

Estay, conocido por su seudonimo de "El Fanta", purgara su condena a presidio perpetuo en la carcel de Colina en Santiago, para presos comunes, luego de que se denegara la posibilidad de su traslado a Punta Peuco por su condicion de civil.

En la noche del viernes ingreso tambien al penal especial el capitan Patricio Zamora, otro de los conjurados de la Dicomcar, condenado a 15 anos de carcel, y en los proximos dias lo haran otros tres carabineros con penas menores de presidio.

"Hace 10 anos jamas nos habriamos imaginado que algun dia veriamos en la carcel a los asesinos de nuestros esposos", dijo Estela Ortiz, viuda de Parada, al recordar las duras condiciones dictatoriales que imperaban en el pais al momento del crimen.

El secuestro y asesinato de los tres militantes del entonces proscrito Partido Comunista se produjo bajo estado de sitio y cuando se consideraba a la justicia chilena subordinada a los intereses de la dictadura.

El juez Jose Canovas, quien fue el primero en hacerse cargo de la investigacion, formulo las primeras acusaciones a los policias de Carabineros en agosto de 1985, tras recibir antecedentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), controlada por el Ejercito.

La acuciosa labor del juez Canovas y luego de Juica, asi como la accion del movimiento de defensa de los derechos humanos y el papel de los abogados Pamela Pereira, Hugo Salazar y Nelson Caucoto permitieron descubrir a los asesinos, resalto Ortiz.

No obstante, dificilmente se llegara a saber si hubo una orden superior para cometer el crimen, ya que el jefe de la Dicomcar, el coronel Luis Fontaine, fue muerto en 1990 en un atentado por comandos del insurgente Frente Patriotico Manuel Rodriguez. (FIN/IPS/ggr/ag/hd/95

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