La muerte a balazos de un adolescente afrodescendiente desarmado por los disparos de un policía blanco en el sur de Estados Unidos desató la indignación pública en este país en torno a cuestiones de raza, clase y brutalidad policial.
Parte de la discusión se centra en la magnitud alarmante de la fuerza y las armas de tipo militar que utilizó la policía frente a las manifestaciones públicas tras la muerte el 9 de agosto de Michael Brown, de 18 años, en Ferguson, en el sureño estado de Missouri.
Esta situación llevó tanto a legisladores progresistas como conservadores de este país a reclamar la modificación de una ley que, desde los años 90, proporciona pertrechos militares excedentes a las fuerzas policiales estadounidenses.[pullquote]3[/pullquote]
Pero ninguna discusión ha levantado el hecho de que esa militarización policial se exporte en forma creciente a países aliados, con el fin oficial de que luchen contra el terrorismo o el tráfico de drogas, en una política que en el caso de América Latina incluye a Colombia y México.
La ley, supervisada por el Departamento de Defensa y conocida como el «programa 1033», surgió originalmente como un respaldo a los agentes del orden en la lucha contra el narcotráfico.
«Tenemos que desmilitarizar esta situación”, afirmó Claire McCaskill, una de los dos senadores de Missouri. «Este tipo de respuesta de la policía se convirtió en el problema en lugar de la solución”, añadió
En un artículo titulado «Debemos desmilitarizar a la policía», el senador conservador Rand Paul señaló que en la aplicación de la ley «debe haber una diferencia entre la respuesta policial y la respuesta militar».
Para la represión de las protestas públicas tras la muerte del joven Brown, la policía de Ferguson utilizó armas de alto poder, gas lacrimógeno, chalecos antibalas e incluso vehículos blindados similares a los que emplean las fuerzas armadas en situaciones de guerra.
El Congreso legislativo adoptó el programa 1033 debido a “la real inquietud de que las autoridades locales del orden público se vieran literalmente superadas en potencia de fuego por los criminales de la droga”, declaró Carl Levin, presidente del poderoso Comité de Servicios Armados del senado, el 15 de agosto.
“Nuestra intención con estos equipos era mantener a los agentes de policía y sus comunidades a salvo de los narcotraficantes fuertemente armados y de incidentes terroristas”, precisó.
«Vamos a revisar este programa para determinar si el equipo proporcionado por el Departamento de Defensa se está utilizando como se debe”, añadió.
Las drogas y el terrorismo
A pesar del extraordinario consenso que existe entre políticos conservadores y progresistas sobre los peligros que implica una policía militarizada, no parece que esa inquietud se extienda al creciente apoyo de Estados Unidos a la militarización de las fuerzas del orden en otros países.
Según los últimos datos disponibles, durante 2009 Washington brindó más de 3.500 millones de dólares en ayuda extranjera destinada a las actividades policiales, sobre todo en Afganistán, Colombia, Iraq, México, Pakistán y los territorios palestinos.
Un informe oficial de 2011 señala que «Estados Unidos incrementó el énfasis en la formación y el equipamiento de la policía extranjera como medio de apoyo a una amplia gama de objetivos de la política exterior estadounidense», en particular en el contexto de las guerras contra el narcotráfico y el terrorismo.
África es la mayor receptora de esa ayuda contra el terrorismo. Un informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) resalta los peligros implícitos en este enfoque en su análisis de la Unidad Policial Antiterrorista (ATPU, en inglés) de Kenia, que tiene el apoyo de Estados Unidos.
El informe, publicado el lunes 18, se basa en denuncias previas contra la ATPU por detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, ni las autoridades keniatas ni los principales donantes de la unidad policial, Estados Unidos y Gran Bretaña, investigaron las acusaciones de larga data, según HRW.
En 2012, Washington ayudó a la ATPU por un valor de 19 millones de dólares. La legislación estadounidense impone la interrupción de la asistencia mientras se investigan denuncias creíbles, pero HRW asegura que Estados Unidos «no redujo la asistencia a la unidad» denunciada.
La ayuda de Washington se emplea “para socavar el imperio de la ley porque la ATPU está haciendo justicia por mano propia… solicitamos a los donantes que sean más inteligentes cuando presten este tipo de asistencia”, recomendó Jehanne Henry, investigadora de la división africana de HRW, en diálogo con IPS.
Recuerdos de los años 80
En México y otros países de América Latina se incrementó la asistencia de Estados Unidos destinada a la represión del narcotráfico.
«Los gobiernos centroamericanos confían cada vez más en sus fuerzas armadas para lidiar con la reciente ola de violencia”, señaló Adriana Beltrán, investigadora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización independiente con sede en la capital estadounidense.
«Estados Unidos dice que no proporciona asistencia alguna a estas fuerzas, pero existe una ayuda considerable que el Departamento de Defensa otorga a la lucha contra el narcotráfico, que se canaliza por las fuerzas armadas de esos países”, explicó.
Un trabajo de Alexander Main, un académico del Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR), un centro de investigación de este país, indica que la asistencia de seguridad de Estados Unidos a la región se fortaleció durante los últimos años del gobierno de George W. Bush (2001-2009).
«La financiación asignada a las fuerzas policiales y militares de la región subió de manera constante hasta niveles que no se veían desde las ‘guerras sucias’ de los años 80 respaldadas por Estados Unidos», escribió.
Colombia es un “modelo clave” de la asistencia bilateral, según Main. Desde 1999, un programa por 8.000 millones de dólares para ese país, permitió «el despliegue masivo de tropas militares y fuerzas policiales militarizadas para interceptar las drogas ilícitas y contrarrestar a los grupos guerrilleros de izquierda», añadió en referencia al llamado Plan Colombia.[related_articles]
Pero en 2013 unas 150 organizaciones no gubernamentales advirtieron que las políticas de Washington que «fomentan la militarización para lidiar con el crimen organizado» son ineficaces. Esta estrategia dio lugar al «aumento espectacular de los delitos violentos, a menudo perpetrados por las propias fuerzas de seguridad”, señalaron.
México es un fuerte receptor de la ayuda de seguridad estadounidense contra el narcotráfico.
A partir de los años 90, “la tendencia ha sido la de alentar al gobierno mexicano para que incorpore a los militares a los operativos contra el narcotráfico y, en los últimos dos años, también a la seguridad pública», sostuvo Maureen Meyer, investigadora de WOLA.
En el proceso, la policía recibe cada vez más formación militar, lo que genera preocupación por las violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza, así como falta de formación para enfrentar las protestas locales, algo similar a lo que sucede ahora en Ferguson, Missouri.
«Vemos lo preocupante que es esta tendencia en Estados Unidos, y estamos preocupados por una tendencia similar hacia la policía militarizada en los países latinoamericanos», subrayó Meyer.
«Tenemos muchos pertrechos y vehículos militares que tienen que terminar en alguna parte, y suelen ir a parar a la policía local”, concluyó.
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga
