WASHINGTON – Organizaciones humanitarias exigieron el cierre del centro de reclusión para migrantes Camp East Montana, en terrenos de un fuerte militar en el sur de Estados Unidos, tras documentar graves violaciones de los derechos humanos de personas retenidas mientras se procesa su expulsión del país.
El informe “‘Solo saldrás deportado o muerto’: abusos en el sistema de detención migratoria estadounidense en Fort Bliss”, elaborado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (Aclu en inglés) y Human Rights Watch (HRW), documenta las condiciones en el mayor centro de detención migratoria del país.
El gobierno “debería cerrar este centro, llevar a cabo investigaciones independientes sobre todos los abusos y muertes bajo custodia, y poner fin a las deportaciones masivas y a la detención migratoria obligatoria”, expuso Angélica César, becaria Aryeh Neier de Aclu y HRW.
Estados Unidos utiliza unos 200 centros de detención en los que ha mantenido el último año y medios a entre 60 000 y 70 000 migrantes que considera ilegales. Las cifras son aproximadas pues varían constantemente dependiendo de los procesos de deportación y los acuerdos con los entes que manejan los centros.
El centro de detención migratoria Camp East Montana,, ubicado en la base militar de Fort Bliss, en El Paso, ciudad fronteriza con México en el estado de Texas, tiene capacidad para albergar hasta 5000 detenidos, en cinco grandes estructuras de lona similares a carpas que alojan a las personas detenidas en recintos cerrados
Según el informe, las personas detenidas sufren agresiones físicas indiscriminadas, negligencia médica que ponen en peligro sus vidas, expulsiones coercitivas a “terceros países” desconocidos para ellas y, en algunos casos, condiciones de detención que podrían constituir desaparición forzada.
Investigadores de HRW encontraron “condiciones de detención crueles, degradantes e inhumanas; uso excesivo de la fuerza por parte del personal de seguridad; falta de acceso a atención médica y de salud mental; prácticas coercitivas de deportación, y obstáculos sistemáticos para acceder a representación legal”.
“Camp East Montana, gestionado por ICE (acrónimo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), es un desastre en materia de derechos humanos”, resumió César.
Los investigadores entrevistaron a 80 personas, entre ellas 71 mientras permanecían detenidas en el campo, además de cuatro familiares y cinco representantes de organizaciones que prestan asistencia jurídica, entre octubre de 2025 y junio de 2026.
También analizaron investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional y revisaron otros documentos relacionados con el centro de detención.
Las personas entrevistadas señalaron que fueron detenidas durante redadas en lugares de trabajo, controles de tráfico, citas con las autoridades migratorias y durante otras actuaciones de control migratorio en la vía pública.
Más de 60 afirmaron haber sido arrestadas pese a presentar documentación que acreditaba su permanencia legal en Estados Unidos.
En algunos casos, las circunstancias de la detención podrían constituir desaparición forzada en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, según HRW.
Las personas entrevistadas narraron que, una vez en Fort Bliss, fueron sometidas a condiciones de vida crueles, degradantes e inhumanas que ponían gravemente en riesgo su salud física y mental.
Relataron que los baños estaban cubiertos de excrementos, que los módulos se inundaban con frecuencia, que la limpieza era insuficiente y que no tenían acceso a jabón, desinfectante ni a otros artículos básicos de higiene.
Describieron horarios irregulares para las comidas, alimentos en mal estado y esperas de hasta 12 horas entre una comida y otra. Relataron complicaciones de salud tras quedarse sin comer o recibir alimentos en mal estado, congelados o incomibles.
Los investigadores también documentaron numerosas denuncias de abusos físicos cometidos por guardias y otros miembros del personal del centro.
“Los guardias irrumpen en nuestro módulo en grupos. Vestidos completamente de negro, sin identificación, con máscaras que les cubren todo el rostro salvo los ojos. Cuando entran, simplemente agarran a la primera persona que encuentran y empiezan a golpearlo”, narró un entrevistado.
Varios entrevistados señalaron que los guardias imponían castigos colectivos, agrediendo a varias personas después de acusar a una sola de haber infringido las normas del centro. Otras describieron insultos, humillaciones, amenazas y represalias contra quienes pedían artículos de primera necesidad.
Los investigadores entrevistaron a personas que presenciaron la muerte de Gerardo Lunas Campos el 3 de enero de 2026 en Camp East Montana. Según sus testimonios, los guardias aparentemente asfixiaron a Lunas Campos después de que solicitara medicación mientras se encontraba en la unidad destinada al aislamiento.
“Parecía que los guardias estaban golpeando a Gerardo, como si le dieran puñetazos y lo estuvieran lanzando violentamente contra el suelo. Gerardo gritaba pidiendo ayuda. Repetía: ‘¡No puedo respirar!’. Ellos siguieron golpeándolo. Luego dijo: ‘Me están asfixiando’. Después todo quedó en silencio”, narró un entrevistado.
Hubo denuncias de que algunas personas detenidas fueron sometidas a presiones coercitivas para que renunciaran a sus solicitudes migratorias y aceptaran ser expulsadas a terceros países cuando no era posible devolverlas a su país de origen.
Personas cubanas y venezolanas detenidas describieron intentos de trasladarlas a México, pese a que temían sufrir daños en ese destino y a que sus procedimientos judiciales seguían en curso en Estados Unidos.
César dijo que “los abusos documentados en Fort Bliss son una consecuencia previsible de la política de deportaciones masivas de la administración (del presidente, Donald) Trump, de la expansión brutal de la detención migratoria y del debilitamiento de los mecanismos federales de supervisión”.
“Las personas recluidas en Camp East Montana son seres humanos que merecen ser tratados con dignidad y protegidos frente a cualquier daño”, concluyó.
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