El pozo Terra-123 estuvo en llamas desde fines de octubre en Tabasco, estado del sudeste de México. A una distancia de 1,5 kilómetros viven unas 1.500 personas que conforman la población indígena de Oxiacaque.
Ahora que México está por abrir el negocio de los hidrocarburos a las transnacionales, necesita fortalecer la institucionalidad, con regulaciones que obliguen a los actores privados a buenas prácticas para evitar problemas como los derrames petroleros, y que sancionen las
Mientras México avanza hacia una controvertida reforma, que abriría el sector de los hidrocarburos al capital extranjero, comunidades y organizaciones batallan legalmente contra contratos petroleros con participación internacional, que ya son posibles desde 2008.
En contraste con los programas estatales de atención social ejecutados por gobiernos progresistas en América Latina y el Caribe, surge una propuesta que apela a la inversión privada y que ya desde su enunciación recibe variados cuestionamientos.
Los gobiernos que incurren en acciones masivas de espionaje electrónico, como Estados Unidos, y las empresas que desarrollan programas informáticos intrusivos podrían ser demandados por violar la Convención contra la Ciberdelincuencia.
Organizaciones no gubernamentales procuran que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU exija al Estado mexicano explicaciones por la frágil protección que brinda a su ciudadanía ante el espionaje masivo ejecutado por Estados Unidos.
El bitcoin, una moneda virtual que nació fuera de los sistemas financieros, empieza a desarrollarse en América Latina.
La defensa de los inmigrantes “no me la puede cortar nadie, porque nadie puede estar encima de mi conciencia”, enfatizó el sacerdote católico Alejandro Solalinde, uno de los más denodados protectores de las personas indocumentadas que atraviesan México en ruta
Los beneficios de la reforma energética impulsada por el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto, que ya está en manos del parlamento, están rodeados de incertidumbre, señalan expertos que no ocultan su escepticismo.
México hace esfuerzos por ponerse a tono con las exigencias de trazabilidad de alimentos de su principal mercado, Estados Unidos.
Organizaciones no gubernamentales presionan a los organismos financieros multilaterales para que no financien la producción de hidrocarburos obtenidos mediante fractura hidráulica (“fracking”), por entender que este procedimiento conlleva altos costos ambientales.
El cultivo del cáñamo índico (Cannabis sativa), del cual se obtienen el hachís y la marihuana, puede ser una opción para uso medicinal, alimentario e industrial, como el textil, que atraiga importantes inversiones y desarrollo en México si se legaliza
Si se legaliza la marihuana en la capital de México, como propone el gobierno local, este país se vería obligado a revisar su adhesión a las tres convenciones internacionales antidrogas, una senda ya seguida por algunas naciones.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU debe pedir cuentas al Estado mexicano, como lo ha hecho con otros países, por la falta de investigación de las serias y extendidas denuncias de abusos sexuales en instituciones católicas,
En la obesa sociedad mexicana, el movimiento Lunes sin Carne empieza a sacudir malos hábitos.
Organizaciones de la sociedad civil de México presionan al gobierno de Enrique Peña Nieto para que firme el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-Pidesc), vigente desde mayo para los países adherentes.
Los países que dirigen el Fondo Verde para el Clima decidieron retacear el papel de la sociedad civil como observadora de sus sesiones.
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