VIENA – El acuerdo de deportación a Ruanda de inmigrantes, pactado con ese país africano por cinco Estados europeos -Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos- fue denunciado como vergonzoso e ineficaz por entidades internacionales defensoras de derechos humanos.
Tras la firma del acuerdo el lunes 16 en esta capital, el canciller austríaco Christian Stocker, junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen y ministros de los países signatarios, entre ellos el ruandés de Interior, Vincent Biruta, expresó que “queremos crear en 2027, juntos, el primer centro de retorno en Ruanda”.
“No es solo devolver a individuos”, dijo Frederiksen. “La señal que estamos enviando es que ya no se podrá seguir entrando ilegalmente en Europa. Recuperaremos el control de nuestras fronteras”, agregó.
El pacto contempla, a cambio de una suma aún no especificada para el gobierno de Ruanda, la recepción en centros o campos de los migrantes que los países europeos decidan expulsar al agotarse las vías legales para su permanencia y se hayan negado a regresar voluntariamente a los países desde los que huyeron o migraron.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) reaccionó denunciando que “el vergonzoso acuerdo de deportación de Ruanda repite errores del pasado. Las personas indocumentadas no deben convertirse en peones de una política de disuasión”.
Aimée Stuflesser, de AI Austria, dijo que “enviar a personas a un país que nunca han visitado es irresponsable, y existe un peligro real de que el acuerdo con Ruanda, con sus escasas posibilidades de ser examinado, se convierta en un cruel agujero negro para los derechos humanos”.
Ruanda -así como Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Esuatini y Liberia- también acordó con Estados Unidos la recepción de migrantes expulsados. Desde el año pasado Washington ha enviado a esas naciones africanas a varios centenares de personas.
Stuflesser expuso que “los perjuicios de este tipo de acuerdos migratorios están ampliamente documentados, desde el acuerdo entre Italia y Albania, y el intento del Reino Unido de enviar por la fuerza a personas a Ruanda, hasta el sistema de detención extraterritorial de Australia.
“Los intentos anteriores de enviar personas a países con los que no tienen ninguna conexión han demostrado ser ilegales, inviables y costosos. Y han dado lugar a catastróficas violaciones de los derechos humanos, además de tener un impacto devastador en los sistemas de asilo”, añadió.
También la organización Human Rights Watch (HRW) consideró que “las negociaciones para establecer un centro de deportación extraterritorial en Ruanda, un país con un historial de derechos humanos espantoso, representan una desviación particularmente cruel de los valores fundacionales de la Unión Europea”.
“La elección de un país con un historial de derechos humanos pésimo y que se resiste al escrutinio internacional concuerda con esa historia y suscita un profundo escepticismo sobre si se respetarán las salvaguardias en materia de derechos”, dijo desde Bruselas Judith Sunderland, directora de derechos de los migrantes en HRW.
Expuso que “el Reglamento de Retorno de la Unión Europea permite a los Estados miembros establecer centros de deportación, denominados «centros de retorno», en países fuera de la Unión, a los que se enviará a las personas, incluidas familias con niños, si no pueden ser deportadas directamente a su país de origen”.
Pero el reglamento “estipula que los acuerdos solo deben alcanzarse con países que respeten el derecho internacional de los derechos humanos. Ruanda no cumple este requisito, pero los cinco países europeos no presentaron ninguna evaluación de derechos humanos ni de debida diligencia durante el anuncio” del acuerdo.
AI expresó temor por que “los centros de retorno conllevan un mayor riesgo de devolución forzosa, y suscitan preocupación por la prohibición de la tortura, los tratos o castigos inhumanos o degradantes que podrían producirse durante y después de los traslados”.
Al anunciar el acuerdo, los gobiernos europeos destacaron que el centro piloto que se instalará con unas 100 personas “no será una prisión” y atenderá a los deportados, quienes podrán decidir si intentan integrarse en Ruanda, con permiso de residencia y en busca de un trabajo, o si prefieren regresar a su país de origen.
Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el austríaco Volker Türk, declaró que “si bien no tenemos acceso al texto de la propuesta, nos preocupan los riesgos para los derechos humanos que plantea el traslado propuesto de personas de cinco países de la Unión Europea a Ruanda”.
Tras admitir lo difíciles y politizadas que se han vuelto las cuestiones migratorias, Türk dijo que “la solución no reside en medidas aisladas -a menudo muy costosas- como buscar países lejanos que se ocupen de un aspecto de la gobernanza migratoria, ni en externalizar las obligaciones en materia de derechos humanos”.
“La respuesta reside en un análisis más profundo de los factores que impulsan la migración”, afirmó.
Entre ellos “diversos desafíos en materia de derechos humanos, enormes desigualdades en muchas partes del mundo, un sistema económico y financiero inequitativo que perjudica a muchos países del Sur Global, un aumento de los conflictos violentos y el incremento de las tensiones geopolíticas”, según Türk.
“Al mismo tiempo, las sociedades del Norte global están envejeciendo rápidamente y se enfrentan a la escasez de mano de obra en sectores importantes, así como a la sostenibilidad de sus sistemas de protección social”.
Para el responsable de derechos humanos de la ONU “todo ello requiere un enfoque integral de la gobernanza migratoria basado en los derechos humanos, que incluya la ampliación de las vías migratorias regulares y el reconocimiento de las enormes contribuciones de los migrantes a las sociedades y economías europeas”.
Recordó finalmente que “delegar el control migratorio a terceros países y actores privados dificulta la atribución de responsabilidad jurídica por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, esto no exime a los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
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