Por primera vez un Estado, Myanmar, es condenado por genocidio

La Corte Internacional de Justicia durante una audiencia del caso Gambia contra Myanmar, que terminó en la primera condena a un Estado por genocidio. En el país del sudeste asiático la etnia minoritaria rohinyá fue objeto de persecución y crímenes intencionadamente dirigidas a su desaparición, y el máximo tribunal de la ONU sentó un precedente al establecer la responsabilidad estatal y ordenar que se procese a los responsables y se indemnice a los perseguidos. Imagen: Frank van Beek / ONU

LA HAYA – La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró por primera vez en sus 80 años de historia a un Estado responsable de genocidio, al dictaminar que Myanmar cometió actos genocidas contra la minoría rohinyá durante las operaciones militares de 2017 en el noroccidental estado de Rakáin.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, saludó la sentencia del 19 de noviembre como “un poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyás del genocidio. Es una demostración de justicia internacional y una reafirmación de que no debe prevalecer la impunidad ante actos tan horribles”.

En Myanmar, también conocido por su antiguo nombre de Birmania, la minoría étnica rohinyá, predominantemente musulmana y que habita sobre todo en Rakáin, fronterizo con Bangladés, ha sufrido durante décadas persecución, violaciones, asesinatos, y expulsión de su territorio de más de un millón de personas.

En el año 2017 el ejército birmano desató operaciones de “limpieza” en Rakáin que causaron unas 10 000 muertes, arrasaron campos y aldeas, y obligaron a unos 700 000 rohinyás a cruzar la frontera hacia Bangladés, donde ahora 1,3 millones de refugiados sobreviven en campamentos dependientes de la ayuda internacional.

La sentencia de la CIJ, con nueve votos a favor y seis en contra, estableció que órganos del Estado de Myanmar cometieron intencionadamente actos específicamente prohibidos en la Convención sobre el Genocidio de 1948, como asesinatos, daños graves, violencia sexual y medidas para impedir nacimientos.

La Corte examinó pruebas gráficas, testimonios de supervivientes e informes de investigadores internacionales, que describieron cómo se incendiaban y arrasaban centenares de aldeas, se ejecutaba a hombres y niños, y se violaba a niñas y mujeres, durante las operaciones militares de limpieza en Rakáin.

El jurista japonés Yuji Iwasawa, presidente de la Corte, señaló que la sentencia además determinó que “Myanmar incumplió su deber de prevenir y castigar el genocidio”.

Para el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, “esta sentencia envía un mensaje contundente a todos los Estados del mundo: los responsables del genocidio rendirán cuentas ante la justicia”, y pidió que se traduzca en acciones concretas, incluidas reparaciones en favor de los rohinyás.

Agnès Callamard, secretaria general de la organización Amnistía Internacional (AI), “esta decisión se ha producido únicamente porque el gobierno de Gambia puso en marcha el mecanismo de la justicia, y dio ejemplo de cómo todos los Estados pueden y deben responder a crímenes que sacuden la conciencia de la humanidad”.

Gambia presentó la querella ante la CIJ en noviembre de 2019, cuando Myanmar aún era dirigido por el presidente civil Win Myint y la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz en 1991.

Luego, en febrero de 2021, los militares dieron un golpe de Estado y asumió el poder el jefe del ejército, el general Min Aung Hlaing, investido este año como presidente en ese país de 52 millones de habitantes, en su mayoría de etnia birmana -y fe budista- y con minorías étnicas ubicadas sobre todo en las zonas de frontera.

Para Callamard, “la aclaración de la Corte de que la intención genocida puede coexistir con otros objetivos, incluidos fines militares, es especialmente importante para otras causas pendientes ante la CIJ, como la presentada por Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio contra la población palestina en Gaza”.

Ese tribunal procesa la demanda de Sudáfrica y otras naciones contra el Estado israelí, acusado de genocidio en sus operaciones de guerra (2023-2025) en Gaza -Israel las rechaza invocando derecho a la defensa frente a la milicia islamista Hamas- y el caso se examinará nuevamente en audiencias previstas para 2027 y 2029.

La CIJ juzga querellas entre Estados. Por separado, la Corte Penal Internacional (CPI) procesa al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y a su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza.

El caso por genocidio de Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, presentado en 1993 y con sentencia en 2007, la Corte dictaminó que Serbia no cometió genocidio, aunque infringió la Convención al no impedir el genocidio de 1995 en la ciudad de Srebrenica y al no castigar ni entregar a los autores.

En otro caso en ese contexto de la guerra en los Balcanes, de Croacia contra Serbia (presentado en 1999, sentencia de 2015), la CIJ desestimó tanto la demanda principal croata como la contrademanda serbia, al considerar que ninguno de los dos Estados demostró la intención específica de cometer genocidio.

En Myanmar, los militares en el poder rechazaron como injerencista el proceso y la sentencia de la CIJ, mientras que en el enorme campamento de rohinyás Cox’s Bazar, en Bangladés muy cerca de la frontera, el fallo fue recibido con un estallido de júbilo por parte de miles de refugiados.

La sentencia es definitiva, vinculante para las partes en el asunto y no susceptible de recurso.

El tribunal ordenó a Myanmar poner fin a cualquier violación en curso, promulgando legislación con pleno efecto a sus obligaciones en virtud de la Convención, y que adopte medidas inmediatas y efectivas para investigar a todas las personas de las que existan sospechas razonables de haber cometido actos contrarios a la Convención.

Si procede, esos responsables deben ser procesados y castigados; se deben ofrecer garantías de no repetición y evitar que se produjeran violaciones similares en el futuro; y adoptar medidas de restitución en beneficio de los rohinyás, incluido el permiso para el retorno seguro, voluntario y digno a su lugar de residencia.

Además, se debe indemnizar al grupo rohinyá y a sus miembros por los daños causados, y el Estado debe remitir a la Corte, en un plazo de dos años, un informe sobre las medidas de restitución e indemnización adoptadas.

Guterres dijo que “poner fin a la impunidad en Myanmar y garantizar la rendición de cuentas siguen siendo esenciales para la reconciliación nacional. La sentencia se estudiará detenidamente en el seno de la ONU. El derecho internacional, incluida la Convención sobre el Genocidio, debe ser respetado por todos”.

A-E/HM

 

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