GINEBRA – Las autoridades de Irán deben poner fin al uso de la fuerza letal contra los mensajeros fronterizos kurdos y los transportistas de combustible baluchis, reclamaron expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos, en una declaración difundida este miércoles 23.
Los expertos señalaron que “los mensajeros fronterizos kurdos, conocidos como kolbars, y los transportistas de combustible baluchis, conocidos como sukhtbars, se encuentran entre las personas más marginadas económicamente de Irán”.
“Transportan mercancías y combustible a través de las zonas fronterizas y cuentan con pocos otros medios para mantener a sus familias. No deben pagar con sus vidas por esa pobreza”, afirma la declaración.
Según los informes en manos de los expertos, al menos 12 vendedores ambulantes han muerto a tiros a manos de las fuerzas fronterizas iraníes o del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica desde principios de 2026.
En los últimos dos meses, los expertos recibieron informes de siete vendedores ambulantes que murieron por disparos directos de guardias fronterizos iraníes a quemarropa y sin previo aviso. Al parecer, varios de ellos no llevaban mercancía cuando fueron abatidos.
Entre ellos se encontraba Madeh Kermani, de 44 años, quien salió de su casa en Marivan el 28 de julio y no regresó. Según los informes, recibió un disparo mientras no llevaba nada consigo, y su cuerpo fue retirado de la zona.
Las autoridades le dijeron a su familia que había muerto al caer desde las alturas fronterizas, pero esta afirmación fue desmentida por los informes forenses que demostraron que había recibido un disparo en la cabeza.
Milad Tabad, de 28 años, falleció el 18 de agosto de 2026, casi un año después de que, según los informes, unos guardias fronterizos le dispararan en la cabeza. Pasó meses en cuidados intensivos antes de que su familia, al no poder costear su atención médica continua, lo llevara a casa para cuidarlo ellos mismos.
“Incluso cuando se sospecha que las personas transportan mercancías infringiendo la ley aduanera, esto no supone ninguna amenaza para la vida y nunca puede justificar el uso de armas de fuego”, dijeron los expertos.
Los sukhtbars baluchis han sufrido un patrón similar de ataques letales. Según los informes, al menos 13 transportistas de combustible murieron entre enero y agosto de 2026 en relación con tiroteos, persecuciones y otras acciones de las fuerzas militares y de seguridad.
En el caso de los mensajeros kurdos, llevan a pie por las montañas del occidente de Irán, y sobre sus espaldas, fardos de mercancías de venta autorizada y consumo cotidiano -cigarrillos, alimentos, ropa o teléfonos móviles- aunque evadan en la frontera controles aduaneros.
Entre los baluchis, de la frontera sudoriental con Pakistán, transportistas llevan bidones de combustible iraní al país vecino, aprovechando el diferencial de precios, en vehículos livianos, incluidas motocicletas.
La atención nacional e internacional con respecto a Irán se ha centrado en el conflicto político y militar con Estados Unidos e Israel, y en la represión de las protestas que recorrieron el país en diciembre y enero pasados, con lo que las muertes en la frontera pasan prácticamente desapercibidas.
Las autoridades iraníes no publican estadísticas oficiales sobre las muertes de kolbars o sukhtbars, y la tarea de contabilizar a los fallecidos recae en las familias y las organizaciones de la sociedad civil.
Esos asesinatos forman parte de un patrón más amplio de muertes por las que se responsabiliza al Estado iraní, y que incluye asesinatos de manifestantes en las protestas, ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad en provincias fuertemente militarizadas y muertes bajo custodia.
Para los expertos “cada una de estas muertes pone de manifiesto la obligación de Irán de llevar a cabo una investigación rápida, independiente e imparcial”.
“Las familias tienen derecho a la verdad, a la rendición de cuentas y a la reparación, y estas comunidades tienen derecho a un sustento que no las exponga al peligro”, concluyeron.
Suscribieron la declaración Mai Sato, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán; Morris Tidball-Binz, sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Elena Carolina Díaz Galán, sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, y Nicolas Levrat, relator sobre cuestiones de minorías.
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