La lucha por el agua continúa tras los ataques israelíes contra el Líbano

Daños en el tanque de agua de la estación de bombeo de Maisat, e Líbano. Imagen: Sector WaSH Líbano

BRATISLAVA – A poco menos de un año del frágil alto el fuego, 150 000 personas en el sur del Líbano siguen lidiando con las consecuencias potencialmente letales de los bombardeos israelíes, lo que pone de relieve los devastadores efectos a largo plazo del conflicto en Medio Oriente.

Un informe publicado a finales de agosto por Acción contra el Hambre, Insecurity Insight y Oxfam afirma que al menos 150 000 personas siguen sin agua corriente en todo el sur del Líbano después de que los ataques israelíes dañaran y destruyeran gran parte de las instalaciones de saneamiento e higiene (Wash, en inglés) desde el comienzo del conflicto en el Líbano.

El informe, titulado «Cuando las bombas cierran los grifos: el impacto del conflicto en las infraestructuras hídricas del Líbano», pone de manifiesto los efectos inmediatos y a largo plazo de los repetidos ataques contra las infraestructuras hídricas libanesas entre octubre de 2023 y abril de 2025.

Según el informe, más de 30 pueblos se quedaron sin conexión al agua corriente, lo que provocó una interrupción a largo plazo del suministro de agua potable, lo que aumentó la dependencia del transporte de agua en camiones, que muchas personas no pueden permitirse, y, según el Banco Mundial, pérdidas estimadas en 171 millones de dólares en los sectores del agua, las aguas residuales y el riego.

La grave escasez de lluvias en los últimos meses ha agravado el problema, aumentando el riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por el agua, ya que las comunidades vulnerables se ven obligadas a recurrir a fuentes de agua inseguras o contaminadas para sus necesidades diarias.

Sin embargo, los grupos responsables del informe advierten de que, si no se toman medidas para mitigar la situación, esta podría empeorar aún más.

«Podemos ver que estos ataques pueden tener graves repercusiones a largo plazo. En este momento hay 150 000 personas sin agua corriente, pero esa cifra podría aumentar en el futuro», dijo a IPS Suzanne Takkenberg, directora nacional de Acción contra el Hambre.

Una de las mayores preocupaciones de los grupos es el efecto de la destrucción en la agricultura local.

En las aldeas cercanas a la frontera sur del Líbano, las redes de riego de los agricultores han sido destruidas, lo que ha cortado el suministro de agua vital para las granjas. El agua transportada en camiones no ha sido suficiente para reemplazarla y permitirles regar la tierra o dar agua potable a su ganado, según afirman los agricultores.

Mientras tanto, los agricultores tampoco han podido acceder a sus tierras por motivos de seguridad —el alto el fuego de noviembre de 2024 entre Israel y la milicia armada libanesa Hezbolá solo se ha mantenido en parte, con violaciones que se denuncian regularmente—, lo que agrava los problemas con la producción de alimentos.

«Una de nuestras principales preocupaciones son los efectos a medio y largo plazo de las dificultades que tienen los agricultores para regar sus tierras», explicó Takkenberg.

Detalló después que «llevan desde octubre de 2023 luchando por regar sus tierras, debido a los problemas de seguridad que les impiden acceder a ellas, así como a los problemas de agua. Como consecuencia de estos ataques, hemos visto cómo han aumentado los precios de los alimentos y ha disminuido la productividad alimentaria».

Otra preocupación es la creciente dependencia de las comunidades del agua transportada en camiones.

«Es preocupante que la gente se esté volviendo dependiente del agua transportada en camiones. A veces es diez veces más cara que el agua de la red pública, y los controles a los que se somete no son los mismos que los que se realizan en las redes públicas de suministro de agua», dijo Takkenberg.

Precisó que «la calidad del agua después de cualquier tipo de conflicto es motivo de preocupación y, sin duda, nos preocupa en el sur del Líbano después de estos ataques».

Las enfermedades relacionadas con la calidad y la escasez del agua son motivo de gran preocupación.

Una estación de bombeo de agua destruida en Tiro, en el sur de Líbano, tras un ataque aéreo en noviembre de 2024. Imagen: Insecurity Insight

El informe afirma que las personas entrevistadas no informaron de enfermedades transmitidas por el agua o relacionadas con ella, pero algunas destacaron los limitados recursos disponibles para analizar la calidad del agua y su posible contaminación. También existe la preocupación de que el agua pueda haber sido contaminada por fósforo blanco, cuyo uso en el Líbano ha sido verificado por Human Rights Watch.

Por otra parte, existe la preocupación de que los residentes puedan recurrir al uso de fuentes de agua inseguras debido a los suministros limitados, una situación agravada por las escasas precipitaciones y la escasez de agua en los embalses críticos.

Los funcionarios locales entrevistados para el informe también destacaron los daños sufridos por las redes de alcantarillado en algunas zonas.

Esto, junto con los daños a gran escala conocidos en las infraestructuras hídricas y la posibilidad de que las infraestructuras de alcantarillado dañadas hayan contaminado las fuentes de agua, aumenta el potencial de efectos negativos a largo plazo para la salud si no se aborda adecuadamente la crisis del suministro de agua, según el informe.

También indica pruebas de Etiopía, Ucrania y Oriente Medio que demuestran una clara relación entre los daños a las infraestructuras de agua y saneamiento durante los conflictos y los efectos adversos para la salud pública.

«La gente está reduciendo su consumo de agua, lo que puede afectar a la salud y la higiene y aumentar el riesgo de enfermedades: el cólera ya es una epidemia en el Líbano y esta situación podría agravarla», dijoTakkenberg.

«También podrían propagarse otras enfermedades. Ya hemos visto casos de diarrea acuosa, que no solo es mala en sí misma, sino que también puede causar problemas de malnutrición en los niños, ya que sus cuerpos tienen dificultades para absorber los nutrientes», agregó.

Pero aunque el impacto potencial a largo plazo de los daños y la destrucción de las infraestructuras hídricas es grave, una actuación temprana podría mitigar los peores resultados posibles, según los expertos.

«Existe una necesidad urgente de reparar los sistemas y, mientras esto se lleva a cabo, de realizar un seguimiento del agua en la zona. Las consecuencias de la destrucción del sistema de agua rara vez son inmediatas», dijo a IPS la directora de Insecurity Insight, Christina Wille.

Añadió que «en la mayoría de los casos, los efectos se acumulan con el tiempo. Es la combinación de la destrucción de las infraestructuras con la falta de reparación, el transporte insuficiente de agua en camiones cisterna o la falta de acceso al agua transportada en camiones lo que, en última instancia, produce resultados devastadores para las personas y las comunidades».

«Por eso la destrucción de las infraestructuras exige una atención especial: si no se mitiga de forma eficaz, las consecuencias en cadena son inevitables. Las personas pueden verse obligadas a marcharse, lo que aumentaría el número de poblaciones desplazadas, o pueden enfermar», consideró.

Sin embargo, dijo Wille, «también existe la oportunidad, si se aborda pronto la infraestructura dañada, de evitar los peores resultados del desplazamiento y las enfermedades y de salvar vidas».

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

Pero, si bien la reparación y la reconstrucción de las infraestructuras hídricas son esenciales para prevenir los efectos más graves a largo plazo en las comunidades locales, su implementación es otra cuestión.

Las autoridades han logrado llevar a cabo algunas reparaciones limitadas en algunas redes, pero los problemas relacionados con la presencia continuada de las fuerzas israelíes y la preocupación por la violencia del conflicto en curso han impedido una reconstrucción a mayor escala o más extensa.

Las finanzas para las reparaciones también se ven afectadas por la crisis socioeconómica que atraviesa el país desde 2019.

«Los brotes de enfermedades son muy predecibles y el coste de no hacerles frente es mucho peor que el de hacerles frente ahora. El Ministerio de Sanidad ha hecho bien en advertir [de los posibles riesgos para la salud], pero hay un límite a lo que el Gobierno puede hacer con los recursos disponibles tras años de crisis económica. Es una situación muy difícil», afirmó Takkenberg.

El informe concluye con un llamamiento, entre otros, a todas las partes en conflicto para que cumplan estrictamente el acuerdo de alto el fuego y se adhieran al derecho internacional humanitario (DIH) y garanticen la protección de los civiles, los trabajadores sanitarios y las infraestructuras esenciales.

Insta a los programadores humanitarios y a los donantes a que apoyen la rehabilitación y la puesta en funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas afectadas por el conflicto y garanticen el acceso temporal al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento mediante el suministro de camiones cisterna, puntos de agua de emergencia y sistemas seguros de evacuación de aguas residuales.

El informe también afirma que los Estados miembros de las Naciones Unidas deben impulsar la realización de investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre todas las denuncias de violaciones del DIH.

Las imágenes satelitales que se muestran en el informe indican que, al menos en varios incidentes, las instalaciones dañadas o destruidas se encontraban en grandes áreas abiertas sin objetivos militares claramente identificables, lo que sugiere que, en algunos casos, pueden haber sido atacadas de forma específica y deliberada.

Los autores del informe señalan que, en virtud del DIH, las partes en un conflicto deben distinguir siempre entre objetivos militares legítimos y civiles y bienes de carácter civil, y que atacar deliberadamente a civiles y bienes de carácter civil está prohibido y constituye un crimen de guerra.

Los distintos tipos de infraestructuras hídricas están protegidos como bienes de carácter civil en virtud del DIH y nunca deben ser atacados.

«Para determinar si cada incidente atacó deliberadamente infraestructuras hidráulicas sería necesario tener acceso a decisiones militares confidenciales, que no están disponibles, así como a información sobre si había objetivos militares en el momento de los ataques»m afirmó Whille.

«Nuestros datos se limitan a los efectos observables sobre el terreno tras los ataques. No obstante, la magnitud y la naturaleza de los daños observados plantean serias dudas sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario, que rige la conducción de las hostilidades», añadió.

Aunque tal vez no sea posible determinar si los ataques fueron deliberados, su impacto es evidente y pone de relieve la necesidad de examinar no solo los efectos directos, sino también los indirectos del conflicto, puntializó Wille.

«Las muertes por conflicto no son solo directas (causadas por armas), sino también indirectas, cuando la destrucción de los sistemas produce consecuencias acumulativas y mortales. Cuanto más complejas e interconectadas se vuelven nuestras sociedades, especialmente en lo que respecta al abastecimiento de alimentos y agua, más vulnerables son a esas crisis sistémicas», explicó.

Al mismo tiempo, según Wille, «resulta más difícil atribuir los resultados devastadores a un único acto de destrucción».

«Por eso debemos aprender a examinar los conflictos desde la perspectiva de los sistemas y la interconectividad, y aplicar este conocimiento a nuestro análisis jurídico de la conducción de la guerra», afirmó.

A su juicio, «el público debe plantear preguntas más directas sobre la conducción de la guerra y cómo se están aplicando los principios de distinción, proporcionalidad y precaución».

«Necesitamos un debate más amplio sobre cómo deben interpretarse estos principios en los conflictos actuales. Las sociedades modernas dependen de infraestructuras muy interconectadas y complejas para garantizar necesidades básicas como la alimentación y el agua, mientras que la guerra se libra cada vez más a distancia mediante tecnologías avanzadas», remarcó Ville.

En este contexto, inquirió, «¿qué se considera proporcional? ¿Y qué tipo de precauciones son necesarias en el mundo actual?»

T: MF / ED: EG

Este informe incluye imágenes de calidad que pueden ser bajadas e impresas. Copyright IPS, estas imágenes sólo pueden ser impresas junto con este informe

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Electrificación: los desafíos y la ‘letra chica’ de la propuesta estrella de la COP31 ANTALYA, Turquía – A un día del cierre oficial de la COP31, las discusiones siguen estancadas en temas claves, como el financiamiento, el mecanismo de transición justa y la meta de aumentar la participación de la electricidad en la demanda final de energía, de poco más de 23 % actual a 35 % para 2035, una iniciativa emblemática de la presidencia de la cumbre climática, como parte de la Agenda de Acción. Si bien la denominada meta “35 al 35” no forma parte de las negociaciones formales, la presidencia de Turquía y Australia han apostado por impulsar este compromiso y buscar que sea incluido en la “decisión de portada” (cover decision), un documento político general de la cumbre que recoge los principales mensajes, prioridades y acuerdos alcanzados. 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Hasta el cierre de esta edición, la meta 35×35 sumaría 75 adhesiones, según la agencia nacional de noticias de Turquía, aunque aún no existe una lista oficial de adherentes Entre los países que han expresado su respaldo figuran Etiopía, Kenia, Uganda, Togo y Zambia, además de los 27 miembros de la Unión Europea. De América Latina figuran países como Chile y Uruguay. Desde Antalya, la ministra del Medio Ambiente de Chile, Francisca Toledo, confirmó el respaldo del país sudamericano a este compromiso global: “Es una señal relevante y consistente con los avances que ha desarrollado Chile en esta materia en los últimos años. Por eso, como país, hemos decidido suscribir este compromiso global”.  Chile planteó a la Presidencia de la COP31 una serie de aspectos que considera fundamentales, como avanzar en la descarbonización de la matriz energética, reconocer las circunstancias nacionales, y los beneficios climáticos y económicos de electrificar “los distintos sectores de la economía cuando este proceso avanza en paralelo con una generación eléctrica cada vez más limpia, basada en energías renovables”. Cabe destacar que la meta de alcanzar una electrificación del 35% para 2035, junto con los objetivos ya existentes de duplicar la eficiencia energética y triplicar las energías renovables, son consideradas como claves para una transición alineada con el objetivo de limitar el calentamiento global al 1,5 °C. Esto ya que la electrificación puede reemplazar el uso de combustibles fósiles, mientras las energías renovables proporcionan electricidad limpia y la eficiencia reduce la cantidad de electricidad necesaria.  “La electrificación es un tercer pilar de la transición energética, junto con las energías renovables y la eficiencia energética. Los objetivos de la COP28 de triplicar la capacidad mundial de energía renovable y duplicar el ritmo mundial de mejora de la eficiencia energética para 2030 ayudan a crear las condiciones para una electrificación limpia”, explica Judit Hecke, codirectora de Responsabilidad Global en el NewClimate Institute y miembro del equipo de Climate Action Tracker, especializada en la transición energética con énfasis en la electrificación. La electrificación también se vincula con la hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles (TAFF), presentada por la presidencia brasileña de la COP30, que aborda cómo la aceleración de la electrificación, junto con la electricidad renovable, combustibles sostenibles y otras soluciones energéticas, sienta las bases para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. “Si estos esfuerzos se llevan adelante por separado, la capacidad renovable puede expandirse mientras el uso de petróleo en el transporte continúa aumentando, o la creciente demanda de electricidad puede prolongar el funcionamiento de las centrales de carbón y gas fósil”, asegura Pablo Blasco Ladrero, analista de políticas climáticas y energéticas en el NewClimate Institute y miembro del equipo del Climate Action Tracker, especializado en indicadores sectoriales alineados con los objetivos del Acuerdo de París. En su reciente informe, Climate Action Tracker describe la meta 35 al 35 como un hito importante, pero no como el destino final. Blasco Ladrero detalla que “en las trayectorias alineadas con 1,5 °C que evaluamos, la electrificación directa alcanza entre el 34% y el 41% en 2035. Esto sugiere que la meta 35 para 2035 es la adecuada, pero debería considerarse más como un piso de ambición que como un techo”. Según Climate Action Tracker, alcanzar la meta requeriría que la participación de la electricidad aumentara casi cuatro veces más rápido que su ritmo histórico. Las políticas actuales la situarían en torno al 28% en 2035, siete puntos porcentuales por debajo del objetivo. Para 2050, se proyecta una participación de entre el 54% y el 68%, lo que exigiría seguir transformando el transporte, los edificios y la industria, junto con descarbonizar el suministro eléctrico. “La prueba práctica para la ambición de la COP31 es si los gobiernos la traducen en planes nacionales que vinculen las metas sectoriales de electrificación con el despliegue de generación renovable, las medidas de eficiencia, la inversión en redes eléctricas y los hitos claros para eliminar progresivamente el uso de combustibles fósiles. Esos planes también deben abordar la asequibilidad y apoyar a los trabajadores y las comunidades afectados por la transición”, agrega Hecke. Electricidad para un mundo en llamas Una de las claves para mitigar la crisis climática es la transición energética, es decir, pasar de un sistema dependiente de los combustibles fósiles a uno basado en energías renovables. Esto no solo implica generar electricidad limpia, sino también reemplazar el uso directo de petróleo, gas y carbón por electricidad de bajas emisiones en sectores como el transporte, la calefacción y la industria. Este proceso, conocido como electrificación, es fundamental para reducir las emisiones en un mundo que está a punto de superar el umbral crítico de 1,5 °C de calentamiento global respecto a los niveles preindustriales. “La electrificación significa reemplazar el uso directo de combustibles fósiles por electricidad para proporcionar servicios como movilidad, cocción de alimentos y calefacción. En los hogares, esto podría significar cambiar las cocinas a gas por cocinas eléctricas, o las calderas a gas por bombas de calor. En el transporte, podría implicar reemplazar los vehículos con motores de combustión interna, que funcionan con gasolina y diésel, por vehículos eléctricos de batería. En la industria, una bomba de calor industrial puede proporcionar calor para procesos que, de otro modo, dependerían de una caldera alimentada con combustibles fósiles”, explica Blasco Ladrero. Línea de transmisión eléctrica – Foto Andrey Metelev / Unsplash.jpg Aunque la electrificación tiene varios beneficios, la investigadora en POLEN Transiciones Justas, Jessica Arias, los resume en dos: “Primero, es la forma más eficiente de consumir energía y necesitamos que el mundo sea cada vez más eficiente para poder aplanar la demanda total y poder empezar a bajar los fósiles. La segunda es que es la única forma de reducir la demanda de combustibles fósiles en el mundo. Es la única, sobre todo en los países en vía de desarrollo”. De esa manera, no solo se reducirían las emisiones que tienen al planeta en jaque. Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), la electrificación con energías renovables y los cambios en el transporte pueden mejorar la salud, el empleo y la equidad. Por otro lado, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha causado la segunda gran crisis de suministro energético de esta década, lo que pone de relieve, una vez más, el riesgo de la dependencia de combustibles importados. Hecke puntualiza que “cuando la electricidad se genera a partir de recursos renovables nacionales, la electrificación también puede reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados, la exposición a la volatilidad de sus precios y la contaminación atmosférica”. Electrificar en la práctica: transporte, edificios e industria Una de las principales formas de reducir las emisiones que sofocan al planeta es reemplazar la quema de combustibles fósiles en el transporte, los edificios y la industria con electricidad proveniente de fuentes renovables. De acuerdo con la IEA, el mayor potencial se encuentra en el sector del transporte, impulsado por la reducción del 90% en los precios de las baterías de iones de litio desde 2010. Para hacerse una idea, los autos, motocicletas, camiones y autobuses eléctricos, en conjunto, evitan una demanda de petróleo de alrededor de 2.3 millones de barriles por día. Esta cifra supera la cantidad que evitó el Estrecho de Ormuz a través del oleoducto Habshan-Fujairah de los Emiratos Árabes Unidos en el verano de 2026, lo que constituyó un salvavidas para los mercados petroleros. Por su parte, los edificios ofrecen un gran potencial para electrificar la calefacción y el calentamiento de agua. El sector ya está bastante electrificado debido al rápido crecimiento de los usos finales que solo funcionan con electricidad, como la refrigeración, los electrodomésticos, los centros de datos y los equipos de tecnología de la información. Pese a lo anterior, las tasas de electrificación son mucho más bajas para la calefacción, que puede satisfacerse con múltiples combustibles contaminantes.  En cuanto a la industria, los sectores clave con potencial de electrificación a corto plazo incluyen al textil, el procesamiento de alimentos, la pulpa y el papel, y parte de la producción de productos químicos. El análisis de la IEA indica que alrededor del 40% del consumo de energía en la industria – ya sea en aplicaciones de baja y media temperatura- puede electrificarse de manera rentable. Esto tiene especial relevancia en América Latina y el Caribe, una región que generó el 65% de su electricidad a partir de fuentes renovables en 2025, muy por encima del promedio mundial, pero que avanza más lento en la descarbonización de los usos finales. Así lo explica Alfonso Blanco, director del Programa de Energía y Clima del Inter American Dialogue y director de Operaciones de Fundación Ivy: “La región ha avanzado más en incorporar generación renovable que en sustituir combustibles en usos finales. Más de la mitad de la electricidad proviene de fuentes renovables, pero representa apenas alrededor de una quinta parte de la energía final utilizada. El transporte sigue dependiendo principalmente del petróleo y persiste el uso directo de combustibles en edificios e industria”. Blanco sostiene que la movilidad eléctrica está creciendo, mientras que las bombas de calor y la electrificación de procesos industriales tienen un desarrollo limitado. “Las principales barreras son la inversión inicial, el acceso al financiamiento, las tarifas subsidiadas de combustibles y las restricciones de las redes”, añade el exsecretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE). Respecto a la meta 35×35 y los distintos niveles de electrificación en América Latina, Arias sostiene que “cada país y cada región tendría que tener submetas a ritmos distintos”. Para alcanzar el 35% global, explica, los países del Norte global tendrían que superar esa cifra, ya que “a los del Sur global no nos va a dar”. Por ello, espera que la decisión final de la COP31 reconozca que cada país debe establecer objetivos acordes con su punto de partida, sin que todos tengan que alcanzar necesariamente el 35%. En definitiva, se requiere de una serie de factores para potenciar la electrificación, de acuerdo con las realidades de cada país y región del mundo. Pero, como advierte Climate Action Tracker en su reciente análisis, el aumento del consumo de electricidad no significa necesariamente que los combustibles fósiles estén siendo desplazados. “La electrificación será renovable o no será” Una de las principales discusiones en torno al “35 al 35” es el origen de esa electricidad y en qué medida permite sustituir el uso de combustibles fósiles. Recordemos que el petróleo, carbón y gas también se usan para la generación eléctrica. Ese dilema tampoco lo resuelve el segundo borrador de la decisión de portada, publicado por las presidencias de la COP31 este 19 de noviembre. En su párrafo 36, el texto llama a los países a aumentar la participación de la electricidad en el consumo final total de energía hasta el 35% a nivel mundial para 2035, como complemento de los esfuerzos por triplicar la capacidad de energía renovable a nivel mundial y duplicar la tasa media anual en la eficiencia energética para 2030, pero no hace referencia a que sea una electrificación basada en renovables.  La misma hoja de ruta de la presidencia de la COP30 indica que la eficiencia de las tecnologías eléctricas de uso final también se mantiene cuando la electricidad se genera en gran medida a partir de combustibles fósiles. Según el documento, esto “sugiere que la electrificación no tiene por qué esperar a la descarbonización del sector eléctrico, y que ambas pueden avanzar en paralelo según las circunstancias nacionales”. Pero, tal como indica un reporte de Climate Analytics, si bien la electrificación puede reducir las emisiones desde ya, incluso con la matriz eléctrica actual, solo logra reducciones de emisiones al ritmo y a la escala necesarios cuando se alimenta con electricidad renovable. De hecho, alcanzar la meta del “35 al 35” sin que toda la electricidad adicional sea renovable agregaría al menos 0,1 °C al calentamiento global a mediados de siglo, lo que aumentaría los impactos climáticos y el riesgo de cruzar los puntos de inflexión. En esa línea, Blasco Ladrero ejemplifica: “Un automóvil eléctrico utiliza mucha menos energía por kilómetro que un automóvil convencional, por lo que el cambio puede reducir las emisiones incluso si la electricidad se genera a partir de combustibles fósiles. Sin embargo, esto no debe interpretarse como un argumento a favor de electrificar sin descarbonizar la generación eléctrica: ambos procesos deben ocurrir para lograr las rápidas reducciones de emisiones que se necesitan”. En paralelo, Laura Restrepo Alameda, de la Red de Acción Climática de América Latina (CAN-LA),  asegura que la discusión en torno al 35×35 ha dejado cosas por fuera, por ejemplo, “cómo se van a trazar rutas de cooperación para ampliar la electrificación a nivel regional. Además, deja por fuera la responsabilidad histórica, de cómo la transición justa o el financiamiento completo para la transición justa no puede salir de quienes han contaminado menos”. Restrepo alerta sobre otro debate que no aparece con frecuencia en las negociaciones o en la Agenda de Acción de la COP: el aumento del consumo de energía. “La gente está consumiendo más, el sector industrial está consumiendo más, los centros de datos están consumiendo más (…). Entonces, cuando hablamos de la electrificación sin hablar de una reducción de la dependencia fósil o de la demanda, lo único que estamos haciendo es añadir energía al sistema y aumentar las renovables, pero porque los fósiles tampoco dan abasto para aumentar tanto la demanda. Si no se reduce la demanda, no vamos a estar transitando. Lo que estamos haciendo es adicionando, pero no transitando”, asegura. Civil society actions throughout the day Photo © UN Climate Change – Kiara Worth.jpg El futuro en la “Era de la electricidad” Según el Foro Económico Mundial, la demanda mundial de electricidad crecería unos 1.100 teravatios-hora anuales hasta 2030, un 50% más rápido que el promedio de la década anterior. Sin embargo, la infraestructura no avanza al mismo ritmo: más de 2.500 gigavatios de proyectos renovables, de almacenamiento y de grandes consumidores siguen a la espera de conectarse a las redes eléctricas. Por ello, existen una serie de condiciones para habilitar la denominada “Era de la electricidad”. “Se necesita planificación que coordine los nuevos consumos y aumento de la demanda con las inversiones en generación, transmisión y distribución. Se deben establecer reglas adaptadas a una nueva era eléctrica no fósil, facilitar esquemas de financiamiento y revisar los incentivos y subsidios que favorecen a los combustibles fósiles frente a tecnologías eléctricas más eficientes. Los permisos de los proyectos de infraestructura habilitante para una mayor electrificación son parte también del camino crítico”, asevera Blanco. Para ello, es fundamental traducir la ambición global del 35×35 en metas sectoriales y nacionales concretas para respaldar el desarrollo y la implementación de políticas domésticas. Para Hecke, “la cifra del 35% es un hito colectivo a escala mundial. Los gobiernos deberían establecer metas nacionales y sectoriales que reflejen su estructura económica y sectorial, la demanda energética prevista y sus prioridades en materia de acceso y asequibilidad de la energía”.  Por ello, desde Climate Action Tracker proponen que los gobiernos evalúen los avances hacia la meta 35×35 a través de cuatro niveles complementarios de seguimiento: primero, medir la participación de la electricidad en el consumo final de energía a escala nacional; segundo, observar cómo evoluciona esa proporción en sectores específicos, como el transporte, los edificios y la industria; tercero, monitorear la incorporación de tecnologías que permiten sustituir el uso directo de combustibles fósiles, como los vehículos eléctricos, las bombas de calor y las cocinas eléctricas; y, finalmente, evaluar si se están expandiendo al ritmo necesario las condiciones que hacen posible esta transición, como la generación renovable, las redes eléctricas, el almacenamiento y la flexibilidad del sistema. Members of civil society demonstrate in the corridors Photo © UN Climate Change – Kubilay Ciftci.jpg De esa forma, una mayor electrificación basada en energías renovables podría reducir costos operativos, emisiones y contaminación, mejorar la competitividad y disminuir la dependencia de combustibles importados. Sin embargo, también requiere una transición justa que considere los impactos socioambientales de la transición y de la extracción de minerales para estas tecnologías. En ese sentido, Blanco subraya que esos beneficios no se distribuyen automáticamente. “Se deben priorizar servicios de alcance colectivo, facilitar financiamiento para hogares de menores ingresos y pequeñas empresas, y asegurar que los ahorros se reflejen en tarifas y costos de los servicios. El acceso a equipos eficientes y a un suministro confiable debe formar parte de la política de electrificación. Todo lo anterior refiere a la necesidad de políticas públicas activas orientadas a la electrificación”, sentencia.

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