LIMA – Luces y sombras, pasos adelante y algunos hacia atrás se evidencian en relación a los derechos de las mujeres de América Latina y el Caribe a 30 años de la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing y de cinco para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluyen alcanzar la igualdad de género al 2030.
“Vemos que tenemos logros y retrocesos en nuestros derechos según sean las áreas que se aborden”, dijo a IPS Milena Páramo, coordinadora de la red feminista Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), con 38 años de existencia e integrada por organizaciones de 15 países.
Desde su oficina en Bogotá, Páramo dijo a IPS en el contexto de la conmemoración este 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, fecha instituida por Naciones Unidas en 1975 y proclamada por su asamblea general de 1979, que este año enarbola como tema: “Para las mujeres y niñas en TODA su diversidad: Derechos, igualdad y empoderamiento”.
“Yo nací en una época con situaciones que otras mujeres ya habían resuelto como el divorcio o la patria potestad; ahora nosotras cargamos la pelea con los sistemas de justicia, de salud y otros, y con la grave amenaza de que todo lo avanzado se pueda caer si las democracias se vienen abajo”, alertó la activista colombiana.
“Nací en una época con situaciones que otras mujeres ya habían resuelto como el divorcio o la patria potestad; ahora nosotras cargamos la pelea con los sistemas de justicia, de salud y otros, y con la grave amenaza de que todo lo avanzado se pueda caer si las democracias se vienen abajo”: Milena Páramo.
América Latina y el Caribe, con una población femenina estimada en más de 339 millones y diversa en edad, cultura, origen étnico y condición socioeconómica, enfrenta enormes desafíos para superar las desigualdades de género que no solo afectan a las mujeres sino a las democracias.
Pese a la ruta de reconocimiento y ampliación de derechos de las mujeres tras lograrse el compromiso de los Estados con la Plataforma de Acción de Beijing aprobada en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, en 1995, nuevos desafíos asoman para lograr consolidar los avances y evitar retrocesos a 30 años de ese histórico documento, en momentos en que se incrementan posturas políticas y discursos regresivos.
La coordinadora del Cladem reflexionó acerca de que hace tres décadas varios países iniciaron la llamada primavera democrática con el término de dictaduras, aun cuando una parte de Centroamérica seguía en conflicto armado, “y Colombia en particular con un proceso mucho más largo de ese conflicto”, precisó.
Mencionó también los cambios constitucionales que en muchos de los países se tradujeron en derechos sociales, económicos, civiles, que tuvieron su correlato en leyes y políticas públicas.
“Ahora que estamos pensando 30 años para atrás, quizás es el momento para valorar las democracias y lo que significó para todas las mujeres, indígenas, campesinas, afro y demás, el que se nos reconocieran derechos a los que antes no teníamos acceso”, remarcó.
La presencia de gobiernos que rechazan la igualdad de género y no discriminación por orientación sexual, identidad de género, origen étnico o condición económica -como el del argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele o el nicaragüense Daniel Ortega o el paraguayo Santiago Peña- representa no solo amenazas sino retrocesos y vulneraciones de conquistas que las luchas de las organizaciones de mujeres lograron en las últimas décadas.
Las luces y las sombras
Diversos estudios de organismos internacionales dan cuenta de los progresos rumbo hacia la igualdad de género en la región con la puesta en marcha en los países de la Plataforma de Acción de Beijing que estableció objetivos en torno a 12 áreas como educación, salud, violencia, economía, pobreza, ejercicio del poder, medios de comunicación, ambiente, las niñas e institucionalidad.
Los Estados asumieron pisar el acelerador al aprobar en el 2015 los 17 ODS, con el quinto que impulsa la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Entre sus metas incluye eliminar al 2030 todas las formas de violencia y discriminación, el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, y la participación plena en todos los ámbitos de decisión.
Páramo destacó logros en la educación de las mujeres con el aumento de las tasas de matrícula, permanencia y término de estudios; en la participación política femenina que de las cuotas de género en distintos porcentajes ha ido migrando hacia la paridad; y el acceso a la interrupción voluntaria de los embarazos en varios países.
Pero así como se evidencian avances, persisten situaciones de desventaja que poco se han modificado y que incluso soportan una ola regresiva impulsada por gobiernos de derecha y ultraderecha.
Un ejemplo de los retrocesos es el de Perú donde se eliminó la alternancia de género en las listas presidenciales y la paridad horizontal en las elecciones subnacionales, el uso del lenguaje inclusivo y se recortó la educación sexual integral en los centros escolares. Es una reversión de conquistas que salpica los países latinoamericanos.
La activista feminista mencionó también las desigualdades en el mercado laboral, la carga del trabajo doméstico no remunerado y la prohibición en algunos países del derecho a decidir de las mujeres sobre su sexualidad y reproducción como El Salvador y Nicaragua.
El último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Panorama Laboral 2024, mostró que las mujeres siguen siendo las que más obstáculos enfrentan para lograr un puesto de trabajo decente. Solo la mitad de ellas en la región está ocupada y sus salarios son 20 % inferiores a los de sus pares hombres.
“Un tema muy caro para la vida de las mujeres es la violencia, hemos logrado que se reconozca como problema y se aprueben políticas, leyes, rutas de atención, pero vemos que no hay coordinación entre sectores, seguimiento ni presupuesto suficiente”, señaló Páramo.
Agregó que la violencia sexual y embarazos forzados en niñas y adolescentes, y la que ocurre en los espacios digitales, “es parte de estos niveles tan feroces de violencia que nos debe inquietar como sociedad sabiendo además que es uno de los soportes de la desigualdad”.
El Banco Mundial reportó que América Latina y el Caribe registra la segunda tasa más alta de embarazo temprano por detrás solo de África Subsahariana, con 51,7 nacimientos por cada adolescente de 15 a 19 años.
Además, la violencia de género afecta a una de cada cuatro mujeres en la región, considerada la más violenta contra las mujeres del mundo.
En ese punto, los asesinatos de mujeres por razón de género, los feminicidios, sumaron 2382 en el primer semestre del 2024 en 16 países según el estudio del Mapa Latinoamericano de Feminicidios.
La iniciativa involucra a organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.
Por su parte, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) registró que en la región se ubican 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios en el planeta.
Eso sucede pese a que 19 países de la región han incorporado ya la tipificación específica en su legislación del femenicidio o femicidio, según datos de noviembre de 2024 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Domininicana, Uruguay y Venezuela.
Resistencia y organización
Para Eunice Guedes, coordinadora nacional de la Articulación de Mujeres Brasileras (AMB), la igualdad plena está muy lejos de poder ser alcanzada debido a la presencia de movimientos fundamentalistas que han logrado poder político en su país y en el mundo, y buscan quitar los derechos que tanto han costado lograr.
La AMB se define como un movimiento feminista contra el racismo, el capitalismo y el patriarcado que lucha por la democratización del Estado brasilero y la vida social. Surgió en 1994 durante la articulación de las organizaciones de mujeres para su participación en la Conferencia de Beijing.
Guedes fue parte de ese proceso. “Treinta años atrás yo estaba en Beijing con compañeras de mi país, de América Latina y del mundo, conseguimos colocar en la plataforma de acción los derechos sexuales entre muchos otros que no eran reconocidos por los Estados”, recordó en declaraciones a IPS desde Río de Janeiro.
Tres décadas después, alertó sobre los riesgos de retrocesos por el debilitamiento de la democracia durante el gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro (2019-2022) y el incremento de posturas extremadamente conservadoras que tienen mayoría en el actual Congreso legislativo.
“Mujeres y niñas son víctimas crecientes de violencia sexual y no son atendidas adecuadamente, no se respeta su derecho a decidir ante embarazos forzados”, denunció.
Colocó también la amenaza a los territorios de las mujeres indígenas, quilombolas (descendientes de esclavos negros) y de las quebradoras de coco babasú (Attalea speciosa) por la expansión de los agronegocios y de la minería.
“Existe una serie de proyectos de empresas transnacionales con el aval de conglomerados brasileros que vulneran los territorios de pueblos originarios”, subrayó.
Guedes hizo un llamado a fortalecer la organización y resistencia de las mujeres y de las poblaciones en América Latina y el Caribe a fin de contrarrestar los diferentes embates de poderes regresivos que crecen como una ola en la región. “Es así que tendremos posibilidades de avanzar”, dijo.
ED: EG
