KARACHI, Pakistán – “Quizás no pueda seguir presentando mi programa porque el contenido que publique seguramente me llevará a la cárcel”, lamenta el corresponsal Azaz Syed, quien trabaja para un canal de televisión privado en Pakistán, al mismo tiempo que tiene su propio canal digital en línea.
Se refiere a la enmienda a la ley de delitos informáticos, que calificó de “salvaje” y que oficialmente se instituyó para lidiar con las noticias falsas, entre otros daños en línea.
El nuevo texto de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos (Peca, en inglés) se aprobó apresuradamente en enero por las dos cámaras legislativas y la promulgó el presidente, Asif Ali Zardari, el 29 de ese mes, lo que desencadenó protestas en todo el país de parte de trabajadores de los medios de comunicación del país.
“Me quitaron mi derecho a la libertad de expresión”, dijo Syed a IPS.
“No logro comprender el alboroto que se ha generado entre los periodistas que trabajan en los medios electrónicos”, dijo el ministro de Información y Radiodifusión, Attaullah Tarar
El ministro recordó que en el país ya se cuenta con la Autoridad Reguladora de Medios Electrónicos de Pakistán (Pemra, en inglés), responsable de facilitar y regular los medios electrónicos privados.
Aseguró que la criticada reforma “tiene como objetivo regular las redes sociales y los países de todo el mundo tienen algunos códigos o estándares bajo los cuales operan las redes sociales; pero no había ninguno en nuestro país”.
Tarar dijo que la Autoridad Federal de Investigación, que se ocupa de los delitos cibernéticos, “parecía mal equipada para manejar la naturaleza creciente de los delitos en línea que se están produciendo: acoso, pornografía, amenazas a la seguridad nacional, expansión de la incertidumbre económica”.
Eso, a su juicio, se demuestra por “la tasa de condenas, que es desalentadora”.
La referencia de Tarar al “alboroto” de los periodistas que como Syed tienen trabajos en plataformas en línea y temen las restricciones de contenido impuestas por la enmieda de la Peca.
En los últimos dos años, Syed ha presentado un programa popular en YouTube llamado Talk Shock, que se centra en temas sensibles como el ejército de Pakistán, las agencias de inteligencia, las leyes de blasfemia, la persecución de los ahmadíes –reformadores dentro del Islam- y los problemas a los que se enfrentan las niñas hindúes.
Lo describió como un proyecto apasionante que aborda temas de gran interés para él, a pesar de la posible desaprobación de las autoridades. Su programa ha obtenido más de ocho millones de espectadores y 174 000 seguidores, lo que también le proporciona ingresos adicionales.
Hamid Mir, presentador de Capital Talk, uno de los programas de entrevistas políticas más antiguos y de mayor audiencia, lanzó su canal de televisión digital en YouTube después de que lo expulsaran de la televisión en 2021.
Antes ya habían suspendido su trabajo en televisión en dos ocasiones, por denunciar que el poderoso ejército del país perseguía a los periodistas, primero en 2007 durante la dictadura militar de Pervez Musharraf, y en 2008, por presiones del entonces gobernnte Partido del Pueblo de Pakistán.
“Comparto mis opiniones allí cuando no puedo hacerlo en el canal en el que trabajo. Tener tu propia plataforma es liberador”, dijo a Mir IPS, cuyo canal tiene 263 000 espectadores.
Sin embargo, la mayor preocupación de Mir es la posibilidad de perder su voz en X, donde se conecta con más de ocho millones de seguidores. «Si no puedo decir lo que pienso, tendrá un profundo impacto en mí», dijo.
Incluso aquellos periodistas que sienten que se está haciendo un mal uso de las redes sociales encuentran negativa la enmienda de la ley.
«Tengo tolerancia cero con las noticias falsas y estoy totalmente a favor de regular la bestia en la que se han convertido las redes sociales, pero no de esta manera, ciertamente», dijo el experto periodista de investigación, Umar Cheema, calificándola de ley de «tercera clase».
La ley fue aprobada originalmente en 2016 por el mismo partido gobernante que introdujo los apresurados cambios actuales, la Liga Musulmana de Pakistán. Ya entonces había recibido muchas críticas.
“La razón por la que se necesitaba la ley en 2016 era para contrarrestar el discurso de odio, el contenido terrorista y el acoso a las mujeres; esta vez, la artimaña son las noticias falsas”, dijo Farieha Aziz, cofundadora de Bolo Bhi, un foro de defensa de los derechos digitales.
Las sospechas y las críticas contra la ley ahora y entonces son las mismas: el gobierno está utilizando esta ley para “reprimir la disidencia política y frenar la libertad de expresión”, dijo.
La enmienda a la ley penaliza las noticias falsas y su difusión con una pena de prisión de hasta tres años y una multa equivalente a unos 7200 dólares.
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Aziz señaló que la preocupación trasciende las sanciones asociadas con la enmienda a la ley: es el “potencial de mal uso” en el proceso de determinar qué constituye una noticia falsa.
“La gente será reacia a compartir o incluso discutir información por miedo a que pueda ser considerada falsa o dañina, lo que lleva a cargos penales”, explicó, añadiendo que la definición de noticias falsas es vaga y amplia en la reforma.
Aseguró que «han creado una vaguedad mediante el uso de un lenguaje tomado de la ley antiterrorista en torno al delito”.
“El gobierno opera en zonas grises y le gusta mantener a la gente en un estado de confusión”, coincidió Cheema.
Además, Munazza Siddiqui, productora principal de un canal de televisión privado, señaló: “La ley es inconstitucional porque viola el derecho fundamental a la libertad, un principio básico consagrado en nuestra Constitución”.
Ella usa TikTok, una plataforma que se utiliza principalmente para publicar contenido de entretenimiento, para difundir noticias y opiniones. “Es popular entre los jóvenes, pero funciona de maravilla para mí, ya que son mi audiencia», dijo.
«Los milenial y la generación Z quieren mantenerse informados sobre el mundo que los rodea, pero les falta paciencia para sentarse a leer artículos largos o ver segmentos de noticias extensos en la televisión. ¡Yo les proporciono ambas cosas en apenas un minuto!”, aseguró.
Siddiqui reconoció que su actividad de blogueo podría verse afectada. Con la espada de Damocles que pende sobre ella, en forma de la ley cibernética revisada, dijo: “Ya navegamos en un espacio de autocensura, y ahora hay una capa adicional de miedo”.
La ley establece cuatro organismos: la Autoridad de Regulación y Protección de las Redes Sociales, el Consejo de Quejas de las Redes Sociales, el Tribunal de Protección de las Redes Sociales y la Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos, que concentran un poder significativo.
Aziz advirtió que estos organismos, designados por el gobierno federal, podrían carecer de independencia, lo que crearía posibles conflictos de intereses y socavaría la equidad y la rendición de cuentas.
“Y la oportunidad de apelar también se ha cerrado, ya que solo puedo acudir a la Corte Suprema de Pakistán”, dijo Azaz, que era una ruta costosa para demostrar su inocencia.
Aunque la ley de delitos cibernéticos de 2016 ya era considerada draconiana por los expertos, la razón para modificarla aún más, explicó Cheema, fue que “la naturaleza y el uso de las redes sociales ha cambiado y se ha vuelto más sofisticado desde entonces, y agregó que los medios debían compartir la culpa por la forma reciente que ha tomado la ley.
Cheema dijo que los medios de comunicación no establecieron un código de conducta para el uso responsable de las redes sociales, lo que llevó al gobierno a intervenir, utilizando la excusa de las noticias falsas para silenciar las voces disidentes.
Enfatizó que si bien los medios pueden expresar opiniones, los hechos deben ser sólidos y los periodistas deben responsabilizarse mutuamente. “Sin embargo, ni siquiera llamamos la atención a nuestros colegas por mentir”, ponderó.
Al considerar hipócrita la protesta nacional, cuestionó: “El proyecto de ley no fue una sorpresa: todos sabían que se estaba revisando. ¿Por qué nadie habló entonces? ¿Dónde estaban las protestas y las revisiones cuando estaba en la Asamblea Nacional y el Senado? Hubo silencio y ahora, después de que se convirtió en ley, están en las calles”.
“La ley está en vigor”, afirmó el ministro Tarrar con firmeza. Sin embargo, añadió: “Las normas todavía se están elaborando y estamos abiertos a los aportes de los medios de comunicación para perfeccionarlas”.
“Revocar la ley puede resultar difícil”, coincidió Cheema, pero si los medios de comunicación están preocupados, “pueden idear su propio sistema; nadie se los impide; pero esa es la verdadera prueba para nuestra comunidad”.
T: MLM / ED: EG
