RÍO DE JANEIRO – Brasil comenzó 2025 envuelto en un nuevo escándalo de corrupción, que no moviliza la opinión pública pero que sí amenaza con generar una crisis política al oponer los tres poderes de la república y exponerlos al descrédito.
El juez Flavio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), candidato a nuevo héroe nacional, suspendió el 23 de diciembre el pago de 4200 millones de reales (700 millones de dólares) de enmiendas legislativas, en su ofensiva contra la falta de transparencia y la voracidad con que los legisladores avanzan sobre los recursos públicos.
Las enmiendas son un mecanismo por el cual diputados y senadores pueden destinar sumas del presupuesto nacional a municipios que, en general, componen su base electoral. Existe en muchos países, pero la proporción brasileña es insólita.
En 2024 los legisladores nacionales tuvieron a su disposición, previsto en el presupuesto, un total de 44 670 millones de reales (7400 millones de dólares), cuatro veces más que el promedio anual entre 2015 y 2019 y solo 20 % menos que el presupuesto del gubernamental Programa de Aceleración del Crecimiento, de inversiones en infraestructura.
Esa usurpación de prerrogativas del Poder Ejecutivo, de elegir el destino de las inversiones públicas, empoderó los legisladores al punto de imponerle condiciones al gobierno y de crear el llamado “presupuesto secreto”, de enmiendas con autores y beneficiarios desconocidos.
Corrupción empieza a aparecer
Es una situación propicia a la desviación de recursos públicos para provecho propio. Indicios de corrupción aparecieron en varias investigaciones de la Policía Federal, una de las cuales incautó 700 000 reales (116 000 dólares) en dinero en efectivo en Salvador, capital del nororiental estado de Bahia, a comienzos de diciembre.
En la misma operación detuvo a 15 empresarios y funcionarios de distintos órganos gubernamentales en Bahia y otros estados.
El Ministerio Público (fiscalía) tiene en marcha 234 procesos para investigar los caminos de enmiendas parlamentarias destinadas a todas partes del país. Son parte del llamado “presupuesto secreto” manejado por los diputados y senadores.
La revista mensual Piauí reveló conversaciones telefónicas filtradas que hablan de una tasa de 12 % cobradas por empresarios y políticos con acceso a enmiendas parlamentarias en el estado de Ceará, también en el nordeste de Brasil.
El brutal aumento de esas enmiendas ocurrió durante el gobierno ultraderechista del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), que dejó a cargo del legislativo Congreso Nacional buena parte de la gestión financiera y política del país.
¿Parlamentarismo ?
El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, quien deja esa función a comienzos de febrero, presumiblemente el día 3, se consideraba una especie de primer ministro, que solo existe en los regímenes parlamentarios, ante la escasa dedicación de Bolsonaro a la administración pública.
Es una deformación del régimen presidencialista vigente en Brasil, “la peor herencia dejada por Bolsonaro”, según Elmar Nascimento, sociólogo y profesor de la Universidad de Brasilia.
En consecuencia, el sucesor y presidente desde enero de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta, en consecuencia, relaciones conflictivas con el Congreso, en su intento de contener la pérdida de poder y de los escasos recursos para inversiones.
En su socorro apareció el juez Dino, que el mismo Lula promovió al STF en febrero de 2024, renunciando a tenerlo como ministro de Justicia, cargo que ejerció durante el primer año de gobierno.
Dino había sido juez de primera instancia. Fue gobernador del nororiental estado de Maranhão entre 2015 a 2022, cuando resultó electo como senador. Pero no ejerció la función legisladora, porque Lula lo nombró ministro y luego le designó como juez del máximo tribunal, en una posición ratificada por el Senado.
En el STF, el nuevo juez, con apoyo de sus pares en el tribunal, pasó a exigir transparencia y rastreabilidad en las enmiendas parlamentarias. Nuevas reglas aprobadas en el Congreso ignoraron esas exigencias, lo que llevó a Dino a suspender el pago de algunas enmiendas que ocultan el origen y el destino de los recursos.
Con la medida mejoraron un poco las condiciones del presidente Lula de negociar con el Congreso, pero se agravó la tensión entre los poderes. Lira, el presidente de la Cámara de Diputados hasta febrero, suspendió las votaciones legislativas en varias ocasiones para reclamar la liberación de las enmiendas.
“No se rescató el equilibrio entre los poderes, el Congreso manda en el presupuesto y en la nación hace 10 años y dispone de varios artificios para seguir así”, evaluó el profesor Nascimento a IPS en una entrevista desde Brasilia.
En realidad, las enmiendas fueron creadas por la Constitución brasileña de 1988, como forma de ampliar la participación legislativa en el presupuesto. Además de aprobar y alterar la propuesta del poder ejecutivo, pasó a destinar pequeños montos a los municipios cuya realidad conoce mejor que el gobierno.
Ese mecanismo se volvió un instrumento del Poder Ejecutivo para obtener la lealtad de los legisladores en la votación de las propuestas de interés del gobierno. En Brasil, la fragmentación partidista exige coaliciones y formas de asegurar la mayoría en el Congreso.
Actualmente hay 21 partidos con representación parlamentaria, tras una reducción forzada por reglas aprobadas en 2020. El país ya tuvo 38 partidos registrados, algunos se extinguieron o se agruparon en nuevas alianzas.
Enmiendas multiplicadas
El empoderamiento del Congreso incrementó la multiplicación de las enmiendas. A las individuales se juntaron las especiales, destinadas a necesidades eventuales, las del relator de los proyectos, las de las bancadas de los estados y por fin las de las comisiones temáticas del Poder Legislativo.
Algunas de ellas integran el “presupuesto secreto”, así llamado por no explicitar sus actores y componer un instrumento de la corrupción, al facilitar desviaciones y dificultar su supervisión.
El Poder Legislativo se volvió aplastante en 2015, cuando el mismo Congreso aprobó una legislación que convirtió en impositivas, es decir de pago obligatorio por el Ejecutivo, algunas enmiendas. Y luego, durante el gobierno de Bolsonaro, al multiplicar la parte del presupuesto nacional para ese rubro.
Gran parte de esos recursos se destinan especialmente a beneficiar bases electorales de los alcaldes y legisladores. Es así que en las elecciones municipales de octubre de 2024 se registró el mayor índice de reelección de los alcaldes, 82 % contra 62 % en los comicios anteriores, en 2020.
Además los políticos en el poder ampliaron su capacidad de mantenerse en las jefaturas y cargos electivos, aumentando el fondo electoral disponible para los partidos a 4900 millones de reales (810 millones de dólares) en 2024, cinco veces más que la suma propuesta por el gobierno y 2,5 veces la de 2020.
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Lula, líder del izquierdista Partido de los Trabajadores, seguirá en dificultades, al contar con una pequeña minoría de diputados y senadores leales y tener que negociar con un Congreso que prioriza el dinero para mantener a los suyos en el poder y la aprobación de normas ultraconservadoras sobre «moral y costumbres”, sostuvo Nascimento.
Además su gobierno de Lula dispone de escaso poder de negociación, dada su baja popularidad. Las últimas encuestas apuntan reprobación mayor que la aprobación, aunque la economía haya crecido cerca de 3,5 % en 2024 y el desempleo haya bajado a 6,1 %.
Hay fallas de comunicación pero también de desempeño en la mayoría de los ministerios, que no presentaron ningún resultado notorio en los dos años del gobierno, resumió el profesor.
La corrupción es evidente, pero los brasileños parecen insensibles a eso. “No es novedad”, tras tantos escándalos en las dos últimas décadas, por eso es poco probable que estalle otro, que ahora afectaría especialmente los legisladores, concluyó.
ED: EG
