LIMA – El optimismo con que Jessy Amado encara su precaria situación laboral contrasta con su preocupación por el futuro. Ella es parte del casi 70 % de mujeres trabajadoras que en Perú no accede al sistema de pensiones que le permitiría contar con una jubilación en su vejez.
“Tendría que abrir una cuenta de ahorro y alimentarla desde ahora para cuando ya no pueda trabajar, pero por el momento no genero los suficientes ingresos con mi emprendimiento”, dijo a IPS en su puesto dentro de una galería comercial en la capital peruana.
Amado, de 58 años y oriunda de la ciudad de Nazca, en el departamento costero de Ica, al sur de Lima, se dedica a la venta de joyas de plata, bisutería, artículos de decoración y regalos.
“Soy una mil oficios, yo me encargo de todo en mi emprendimiento: compro materiales, los productos, estoy en la tienda, hago demostraciones… ufff. Trabajo más de ocho horas al día toda la semana, sin descanso y aunque quisiera no puedo contratar a alguien que me apoye porque la economía no da”, agregó en medio de una sonrisa.
Reconoció que no tener hijos es un factor que le ha permitido sostener esta dinámica. Y aunque confía en que su pasión por ser “joyera artesanal” la seguirá motivando, al igual que su deseo de brindar un buen servicio, su ánimo se ensombrece ante la crítica realidad económica y social del país.
“Con este gobierno la situación está cada vez peor”, sentenció.
“Cómo es posible que el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, el que permite sostener la sociedad y reproducir la mano de obra, no se tome como un indicador económico o no se incorpore al derecho laboral”: Mariella Belleza.
Con 34 millones de habitantes, este país andino mantiene niveles de pobreza de 30 % en un contexto de creciente inseguridad ciudadana y bajísimos niveles de aprobación al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, sucesora desde diciembre del 2022 del destituido Pedro Castillo por un intento de golpe de Estado.
El rechazo suma al muy cuestionado Congreso legislativo y al Poder Judicial, en un país donde los tres poderes del Estado cuentan con menos de dos dígitos de aprobación, según los últimos sondeos. En particular, Boluarte cuenta con un respaldo de 3 % y el Congreso de 8 %.
El empleo refleja una de las peores caras de esta crisis: más de 70 % de la masa trabajadora se encuentra en la informalidad.
Ello implica ausencia de derechos en relación a la protección social, al acceso a vacaciones pagadas, a la jornada laboral de ocho horas, a la compensación por tiempo de servicios, a la libertad de sindicalización, a las gratificaciones en los meses de julio y diciembre en el país.
En un puesto de trabajo formal, por ejemplo, el empleador aporte 9 % para el acceso al seguro social de salud, y se descuenta al trabajador o trabajadora 13 % de su remuneración para su afiliación a un sistema nacional de pensiones. Estas condiciones están ausentes en los empleos informales.
La población económicamente activa en Perú suma más de 18 millones, de los cuales más de ocho está compuesta por mujeres. La mayoría de ellas se encuentra ocupada, pero en condiciones precarias, y más de 500 000 están desempleadas.
Solo 26 % de las mujeres cuenta con un empleo formal que respeta las normas laborales, mientras más de 73 % se desempeña en condiciones de informalidad. La proporción de los hombres en ambas situaciones es de 31 % y 69 % según datos del gubernamental Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei).
Más complicado para las mujeres
Para Mariella Belleza, abogada feminista especializada en derecho laboral, existe una discriminación estructural que pone en desventaja a las mujeres en diversas áreas, acentuadas con la falta de oportunidades en la educación y capacitación y con la asignación a ellas de la responsabilidad del trabajo doméstico no remunerado.
“El mercado laboral está segmentado, tanto vertical como horizontal: las mujeres estamos en áreas como servicios y cuidados; el 97 % de trabajadoras del hogar son mujeres, lo mismo en enfermería y en limpieza. Estamos también en el comercio, pero el pequeño comercio. Y todas esas actividades son las más precarizadas”, sostuvo en diálogo con IPS en su departamento en la capital de Lima.
Remarcó que en la informalidad laboral, las mujeres trabajan más y ganan menos, y no ocupan puesto de poder, salvo en sus emprendimientos familiares. “Las vemos en las microempresas, en las chiquitas, que en más de 90 % fracasa dentro de los tres primeros años”, agregó.
Según el informe del Inei “Perú: brechas de género, avances hacia la igualdad de mujeres y hombres” publicado en noviembre del 2024, de las mujeres ocupadas 41,5% lo estaba como trabajadora independiente, por cuenta propia, caracterizado por su baja productividad, inestabilidad, ausencia de beneficios sociales y escasos ingresos.
Ni siquiera llegan a la remuneración mínima vital que rige para los trabajadores asalariados del sector privado, que se actualizó en 1130 soles a finales de diciembre luego de dos años y medio congelado, equivalente a unos 300 dólares.
Belleza consideró un fracaso las políticas de formalización laboral de las últimas décadas porque en vez de centrarse en la realidad peruana miran el derecho laboral europeo y tampoco atienden las brechas de acceso al empleo por género, edad y origen.
“Cómo es posible que el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, el que permite sostener la sociedad y reproducir la mano de obra, no se tome como un indicador económico o no se incorpore al derecho laboral”, se preguntó la abogada laboralista.
También refirió que por razones culturales tradicionales se realizan ferias locales y regionales en todo el país, que son espacios de intercambio económico con presencia de iniciativas diversas a pequeña escala.
“Allí no podemos pedir la formalidad como se entiende para efectos de una empresa, qué modelo le estamos ofreciendo a estas mujeres y hombres fuera del foco hegemónico”, inquirió.
Planteó imaginar “lo imposible”.
“El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, tiene programas de empleabilidad con capacitaciones, pero ninguno mira a las jóvenes con hijos pequeños para ayudarlas a fortalecer su formación, generando por ejemplo mecanismos de cuidados para los niños y ellas puedan estudiar. Mientras, se emplearán como pueden, en la informalidad y precarización sin capacitarse”, alertó.
El modelo es una estafa
Javier Mujica, abogado laboralista de larga experiencia e integrante del no gubernamental Perú Equidad, afirmó que el panorama laboral en Perú es malo y refleja la carencia de oportunidades de acceso a empleos decentes para la mayoría de la población, en particular mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, personas privadas de su libertad y mayores de 45 años
Expresó a IPS por teléfono en Lima que la informalidad laboral se da en el sector formal e informal de la economía, pese a lo cual las autoridades del sector del trabajo no corrigen esta situación.
“Otro rasgo característico muy extendido es la precariedad laboral, personas que trabajan por cuenta ajena que deberían estar cubiertas por el derecho laboral, pero no es así”, dijo.
En ese punto, mencionó las políticas neoliberales introducidas en Perú a partir de 1990 durante el mandato del ya fallecido Alberto Fujimori (1990-2000) -condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad- y mantenidas por los siguientes gobiernos.
Detalló que para sus ejecutores han funcionado las recetas de flexibilización laboral, liberalización de los mercados, erradicación de la actividad sindical y negociación colectiva.
“Entienden que hacer competitiva la economía es tener una mano de obra que cueste muy poco. Para ellos la informalidad se corrige reduciendo derechos, pero es espantoso para la mayoría. Han hecho estas reformas sabiendo que el modelo no funciona y que perjudica a la gente, es una gran estafa”, denunció.
Subrayó que en esa realidad si bien las mujeres han logrado mayor acceso al mercado de trabajo, es en condiciones precarias, especialmente en el comercio, servicios y agricultura, áreas en que persiste una sub remuneración de su mano de obra.
“Si el estado invirtiera en un sistema de cuidados facilitaría un mejor posicionamiento de la mujer en el mercado de trabajo. Se necesita además invertir mucho en educación, capacitación, crédito, financiamiento y fomento de la asociatividad, porque la micro escala es una condena a muerte”, puntualizó.
ED: EG
