IZALCO, El Salvador – Machete en mano, el agricultor salvadoreño Damián Córdoba deshierba la maleza que cubre un tronco de lo que fue un frondoso árbol, para mostrar la deforestación ocurrida recientemente en la finca Santa Adelaida, donde una empresa pretende instalar un parque solar, en el oeste de El Salvador.
La finca, de 115 hectáreas, se entrecruza con los territorios de varios caseríos, cuyas familias, unas 10 000, resultarían afectadas por la deforestación requerida para instalar el parque fotovoltaico, a cargo de Volcano Energy, una iniciativa privada cuya sociedad mercantil se hace llamar Hashpower Energy Solutions.
“La gente contratada por la empresa para talar llegaron diciendo que botarían unos palos (árboles) para sembrar café y frutales, pero eso era mentira, porque luego revelaron que eran para paneles solares”: Damián Córdoba.
Volcano Energy, de reciente formación, quiere generar ahí electricidad barata que usará en el minado de bitcoines, aprovechando el entusiasmo que sigue mostrado el gobierno de El Salvador por ese criptoactivo, de curso legal en esta nación centroamericana desde septiembre de 2021.
“La gente contratada por la empresa para talar llegaron diciendo que botarían unos palos (árboles) para sembrar café y frutales, pero eso era mentira, porque luego revelaron que eran para paneles solares”, afirmó Córdoba a IPS, mientras con su machete continúa cortando la maleza que cubre el tronco de lo que una vez fue un árbol de fuego (Delonix regia), de más de un metro de diámetro.
Córdoba es oriundo del cantón Chorro Arriba, uno de los tres asentamientos campesinos que resultarán más afectados por el proyecto fotovoltaico, junto a Cuntán y Cuyagualo, los tres pertenecen al distrito de Izalco, en el oeste de El Salvador.
Desplazamientos forzosos
La mayoría de esas familias viven en parcelas de su propiedad, que colindan con la finca Santa Adelaida, pero sus antepasados se asentaron ahí como trabajadores o colonos (localmente usufructuarios de parcelas), décadas atrás, con la venia de los propietarios, a cambio de trabajar en faenas agrícolas, por un salario mísero.
Con el tiempo, los descendientes lograron comprar las parcelas y así tener su propio lugar para vivir.
Sin embargo, aún hay 13 familias que viven en la finca Santa Adelaida como colonos y están en proceso de ser expulsadas de la propiedad, dijeron los pobladores. IPS pudo observar cómo había sido derrumbada ya la casita de uno de esos trabajadores.
“Esta tala llevada a cabo por Volcano Energy es el golpe final, el golpe de muerte a la finca”, aseguró Córdoba, refiriéndose a que la propiedad ha sido sujeta a un prolongado proceso de tala indiscriminada desde que, hace unos 25 años, fue comprada por un miembro de la familia Saca, una de las más prominentes del país.
A esa familia pertenece el expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2004-2009), quien desde 2018 purga una pena de 10 años de prisión, por un caso de corrupción.
La finca habría sido vendida meses atrás a Volcano Energy, aunque se desconocen los detalles de esa transacción, dijeron los residentes de los caseríos.
Esta nueva ola de deforestación, para montar el proyecto fotovoltaico, comenzó en enero, aseguró Córdoba, mientras sigue caminando por entre la maleza de la parcela talada, excepto por una docena de árboles maderables, aún en pie, pero marcados con puntos color celeste, que confirman que están en proceso de ser derribados.
Un porcentaje de las 115 hectáreas de la finca ha sido talado ya, producto de la primera depredación a manos del antiguo propietario, de la familia Saca. Pero el proyecto solar ha comenzado a talar lo que aún queda en pie, y busca adquirir más propiedades, aseguraron los pobladores, que calculan en 350 hectáreas el área total que podría resultar afectada.
En junio, representantes de la compañía oficializaron a los pobladores el proyecto solar, en una reunión general, contó Córdoba, de 40 años.
Agregó que en el encuentro los representantes de Volcano Energy no confirmaron que el proyecto sería para minar bitcoines, sino que “para el procesamiento de datos”, aunque en el fondo minar bitcoines es justamente eso: la ejecución de complejísimas operaciones matemáticas que deben ser resueltas por potentes computadoras, para “encontrar” o validar un bitcoin en ese ecosistema.
En su página web, Volcano Energy se presenta como “una empresa de energía renovable y minería del bitcoin, que impulsa a El Salvador hacia la independencia energética y la soberanía financiera”, cuya misión es “liderar la revolución sostenible del bitcoin en El Salvador”.
Impacto socioambiental
Familias campesinas de la zona afirmaron a IPS que ellas se verán afectadas por el impacto ambiental que provocará la tala de las pocas áreas arbóreas que aún se mantienen en pie en la propiedad, sobre todo por la posible escasez de agua que provocaría.
“Ya todos sabemos que entre menos árboles tengamos, menos agua habrá”, dijo a IPS el agricultor Arístides Ramón Munto, de 70 años, sentado en el interior de su casa, descamisado, para recibir el frescor del aire.
Luego el campesino se puso una camisa para posar para una fotografía de IPS, junto a su madre, Macaria Rufina Munto, de 85 años, quien preparaba el fogón de leña para “echar” tortillas (panes planos y redondos) de maíz en una plancha de barro circular, llamados comales en América Central.
“No queremos que boten los palos (árboles), porque ¿dónde vivirán los animalitos silvestres?”, se preguntó la madre, esperando a que el comal calentara para echar las tortillas.
El 22 de agosto, un grupo de pobladores dirigieron una carta al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, en la que le plantearon que se encontraban “llenos de preocupación por los problemas ambientales que se avecinan en nuestra comunidad”, por la inminente llegada del proyecto solar.
Le dijeron que el proyecto “va a dificultar la conectividad del ecosistema, especialmente a especies de mamíferos silvestres en estado delicado de conservación, tales como cotuza, tepezcuintle, pantera y tigrillo”, entre otros.
También, los habitantes le recordaron al ministro que esa zona es de recarga, cosecha y aprovechamiento de agua para consumo humano, además de alimentar el río Cuntán, que en uno de sus puntos cuenta con una pequeña represa que suministra el recurso a la ciudad portuaria de Acajutla, al sur.
Los firmantes de la misiva le recordaron al ministro que la zona forma parte de la cordillera Apaneca Ilamatepec, una extensión de 59 000 hectáreas de bosque y cafetales, certificada como reserva de biósfera por la Unesco, en 2007 y, como tal, no debería permitirse ahí iniciativas empresariales, peor aún si implica talar árboles.
El 24 de octubre, los afectados enviaron una denuncia formal a la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la que, de acuerdo al artículo 152 de la Ley de Procedimientos Administrativos, solicitaron se emitan medidas cautelares. Es decir, que se suspenda el proyecto mientras un juzgado ambiental resuelve el caso.
Electricidad barata para bitcoiners
El conflicto socioambiental surgido en la finca Santa Adelaida se da en el contexto en que el gobierno salvadoreño le apuesta en serio a las energías limpias, no solo por el interés que tienen los Estados de querer abaratar los costos de la electricidad.
También las está impulsando por lo que pareciera es una obsesión del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con el bitcóin, pues desde junio de 2021 impulsa uno de sus proyectos más insólitos: la primera granja para minar ese criptoactivo en el país.
Se sabe que ese proceso de minado consume una enorme cantidad de electricidad para mover la red de computadoras, y entre más barata se consigue, menor los costos de operación de las granjas. De ahí el interés de encontrar energía a bajo costo.
En mayo, Diario El Salvador, fundado por el gobierno salvadoreño, informó que el esfuerzo de Bukele había dado sus frutos, pues ya se había minado unos 473 bitcoines de la granja instalada en la central geotérmica de Berlín, una planta estatal localizada en el oriental departamento de Usulután.
Esos criptoactivos representan unos 44 millones de dólares, al precio actual del bitcoin, de 93 236 dólares por unidad.
Se entiende que ese esfuerzo inicial ha derivado en Volcano Energy, fundada por Max Keiser, asesor del presidente Bukele en temas de bitcóin, y por la estadounidense Luxor Technologies, las que habrían dado forma a la sociedad Hashpower Energy Solutions, aunque todos esos movimientos están cubiertos por el velo de secretismo gubernamental.
Se supone que en la planta de Berlín hay ya montados 300 sistemas informáticos que resuelven las intrincadas operaciones matemáticas para encontrar un bitcóin, pero la prensa independiente no ha tenido acceso a las instalaciones para constatarlo.
Aunque no se entiende bien cómo, debido al secretismo oficial, el gobierno salvadoreño está también vinculado a Volcano Energy, al ofrecerle todas las condiciones para que monte y opere su proyecto solar en el país, valiéndose de la energía limpia y barata que la empresa pretende obtener de varias fuentes, incluido el parque solar que quiere montar en la finca Santa Adelaida.
Como retribución, en esa suerte de asocio público-privado, el Estado salvadoreño se quedará con 23 % de los ingresos totales de Volcano Energy, que prevé iniciar operaciones en 2025, según contó en abril, a Diario El Salvador, Josué López, gerente general de la compañía.
López adelantó que en una primera fase la granja funcionará con energía solar y eólica, para generar unos 130 megavatios en total, pero que a mediano plazo construirán su propia estación geotérmica. Aunque no lo dijo, se entiende que lo harán aprovechando la infraestructura estatal de la planta geotérmica en Berlín.
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En tanto, el 15 de octubre la oficina de inversiones extranjeras para El Salvador anunció que el gobierno salvadoreño ha aprobado 21 nuevos proyectos fotovoltaicos.
Esas nuevas iniciativas se suman a los más de 250 proyectos solares que ya funcionan en el país, según Oscar Funes, vicepresidente de la Asociación Salvadoreña de Energías Renovables, que aglutina a las compañías que trabajan en ese sector.
Funes dijo a IPS que Volcano Energy no pertenece a esa asociación gremial y que, a pesar de que él lleva ya tres décadas en el sector energético, supo de Hashpower Energy Solutions, la sociedad empresarial que se entiende está detrás, solo cuando los medios informaron del conflicto en la finca Santa Adelaida.
Cuando Córdoba, el agricultor que recorre las parcelas taladas, machete en mano, leyó en internet la noticia sobre los 21 nuevos proyectos solares aprobados, expresó: “Probablemente por eso están interesados en acaparar más propiedades aquí, cerca de nuestras comunidades”.
ED: EG
