NACIONES UNIDAS – En los últimos meses, la escalada de violencia de las bandas delictivas y los desplazamientos masivos en Haití han sido motivo de gran preocupación para las organizaciones humanitarias.
Los casos de desplazamiento han aumentado considerablemente, hasta el punto de que la República Dominicana ha ordenado la deportación «inmediata» de miles de migrantes haitianos a su país por estar en condición irregular.
Las dos naciones comparten la isla caribeña Hispaniola, de la que Haití tiene 37 % del territorio, en el este, y el resto pertenece a República Dominicana, y están separados por una frontera de unos 375 kilómetros.
Los graves niveles de violencia armada han provocado una inestabilidad significativa, con inseguridad alimentaria, violencia sexual, víctimas civiles y libertad de movimiento restringida que asolan la nación haitiana.
El 2 de octubre, el gobierno de la República Dominicana anunció que expulsará a unos 10 000 migrantes haitianos cada semana en un esfuerzo por reducir la superpoblación del país.
Eso sucede después que en 2023 el gobierno dominicano del presidente Luis Abinader expulsó a unos 250 000 haitianos por estar en el país en forma indocumentada.
El jueves 3, Homero Figueroa, portavoz del presidente, informó a los medios que la orden de expulsión «tiene como objetivo reducir el exceso de población migrante detectado en las comunidades dominicanas».
La orden detallada el jueves 3 establece que el plan es expulsar a más del doble de los 250 000 migrantes del año pasado, de manera inmediata.
En República Dominicana, con 11 millones de habitantes, se calcula que hay un millón de haitianos, según diferentes fuentes, que han huido de la prolongada y cada vez más grave crisis humanitaria en su propio territorio.
«Advertimos en Naciones Unidas que o ella y todos los países que se habían comprometido (a ayudar a Haití) actúan responsablemente en Haití, o lo haremos nosotros», advirtió Abinader durante su participación en la Asamblea General de la ONU.
El anuncio de deportaciones masivas del gobierno de Abinader se produce después de que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) instara a Estados Unidos y a las naciones vecinas de Haití a poner fin a las devoluciones forzosas de migrantes a Haití.
El 17 de mayo, el Acnur hizo pública una declaración en las redes sociales en la que pedía al gobierno estadounidense de Joe Biden que «se abstuviera de devolver por la fuerza a haitianos que pueden correr peligro de muerte o de sufrir nuevos desplazamientos».
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
El 27 de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó de que al menos 3661 civiles habían muerto en el primer semestre de 2024 debido a la «violencia insensata de las bandas». de los cuales más de 100 eran niños.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) añadió que esto es un claro indicio de que la inestabilidad en Haití «se ha mantenido».
Las condiciones en Haití han empeorado en los últimos meses, con más del 59% de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informa de que más de la mitad de los 700 000 desplazados internos son niños. Una cuarta parte de esas personas viven en refugios para desplazados muy inseguros y hacinados, sin acceso a servicios esenciales como atención sanitaria, saneamiento y acceso a alimentos.
La nueva orden del gobierno dominicano ha sido muy criticada por activistas y organizaciones humanitarias, y muchos opinan que está alimentado por la xenofobia. De la población de República Dominicana, 70 % se identifica como mestiza, mientras que la gran mayoría de la población haitiana es negra.
En una declaración emitida el 28 de agosto, Amnistía Internacional subrayaba «la urgente necesidad de que las instituciones dominicanas erradiquen los perfiles raciales, el racismo estructural y la discriminación racial, y garanticen el respeto a la dignidad humana y la integridad física de los migrantes haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana».
Ya antes de que se emitiera el nuevo mandato del presidente Abinader, se habían denunciado casos de prejuicios y malos tratos a migrantes haitianos en la República Dominicana.
«Las organizaciones que trabajan en la frontera entre Haití y la República Dominicana denuncian continuamente casos de deportados golpeados por las autoridades dominicanas», ha indicado Johanna Cilano Peláez, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional.
Además, los migrantes haitianos han sido objeto de redadas sin orden judicial, secuestros y violencia sexual, llevadas a cabo tanto por agentes uniformados como no uniformados.
La ONU y sus organizaciones afiliadas están actualmente en primera línea en Haití, distribuyendo recursos como alimentos, agua, transferencias de efectivo y kits escolares.
Sin embargo, los esfuerzos de socorro han estado gravemente infrafinanciados, ya que hasta ahora sólo se ha recaudado 30 % de los 674 millones de dólares solicitados.
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