WASHINGTON – La comunidad climática, reunida esta cuarta semana de septiembre una vez más, al margen de la sesión de Alto Nivel de la 79 Asamblea General de la ONU, sigue explorando formas de triplicar la capacidad mundial instalada de generación renovable para 2030, un objetivo acordado en las negociaciones internacionales sobre el clima el año pasado.
Gran parte de este debate se ha centrado en la movilización de fondos y en conseguir que el sector privado, con sus enormes recursos y competencias, acepte el reto… y en qué políticas e incentivos gubernamentales son necesarios para estimular una mayor inversión.
Este discurso, sin embargo, oculta una importante realidad: gran parte del sector energético está controlado por los gobiernos y sus compañías eléctricas y servicios públicos estatales (SPCU, en inglés).
Esto es especialmente cierto en las economías de mercado emergentes y en desarrollo (Emde, en inglés), donde se prevé que se produzca la mayor parte del crecimiento futuro de la demanda mundial de electricidad.
Por consiguiente, triplicar las energías renovables para 2030 requerirá la participación de las SPCU. Hay que pensar más en cómo conseguir que estas empresas contribuyan al esfuerzo.
En la actualidad, las SPCU son responsables de casi la mitad de las emisiones de CO2 del sector eléctrico mundial. Esta cifra no es sorprendente, dado que un porcentaje similar de la capacidad de generación en todo el mundo es propiedad de las SPCU, incluyendo más de 50 % en Asia y una parte sustancialmente mayor en China.
Es significativo que la mayoría de los gobiernos de los Emde favorezcan la propiedad y el control estatales del sector eléctrico estratégico.
Cuando esta preferencia de los Emde se une al predominio previsto de estos países en el futuro crecimiento de la demanda mundial de electricidad (85 % del aumento mundial previsto de 2022 a 2026), cabe esperar que el peso ya sustancial de los activos energéticos de propiedad estatal dentro del sistema eléctrico mundial aumente con el tiempo.
Además, incluso en las economías avanzadas, las SPCU desempeñan un papel importante.
Esto incluye países como Francia, donde Electricite de France ha sido la empresa eléctrica dominante durante décadas.
Las SPCU también están presentes en otros lugares. Por ejemplo, alrededor de 15 % de la generación en América del Norte es propiedad de una SPCU.
Esto incluye a Hydro-Quebec, el mayor proveedor de energía renovable de ese continente. También incluye la emblemática Tennessee Valley Authority de Estados Unidos, así como otras SPCU menos conocidas en todo el país a nivel estatal y municipal.
¿Por qué son importantes estos elementos? Apuntan a la necesidad de que las CPSU actúen en cualquier esfuerzo por triplicar la capacidad instalada de energías renovables en todo el mundo para 2030.
¿Cómo puede lograrse? Hay varias formas clave.
Las CPSU deben invertir más en capacidad renovable. Está claro que en países como China, Indonesia, México, Vietnam, Egipto, Arabia Saudí y otros, dada la preferencia del gobierno por la propiedad estatal del sector estratégico de la energía, cualquier expansión importante de la capacidad de generación de energías renovables tendrá que realizarse inevitablemente en parte a través de una mayor inversión del sector público en activos controlados por el gobierno.
Por ejemplo, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, quien asumirá su mandato el 1 de octubre, ha propuesto un programa de inversión pública a gran escala de 13 000 millones de dólares para la generación centrada en tecnologías limpias.
Esa cifra tendría más que duplicarse (y además complementarse con una cantidad similar de inversión del sector privado) para triplicar la capacidad de renovables del país latinoamericano en 2030.
La acción de la CPSU también debería centrarse en empresas conjuntas con inversores privados. Esto podría adoptar diversas formas, como coinversiones en nueva capacidad de energías renovables o nuevas centrales propiedad del gobierno operadas por el sector privado.
En muchos sistemas, las CPSU son las compradoras de la electricidad producida por productores independientes de energía privados (IPP, en inglés).
Por tanto, aunque no sea propietaria de la central eléctrica, una SPCU puede ayudar a promover la generación de nuevas energías renovables proporcionando a los posibles inversores privados una contraparte comercialmente fiable para comprar la electricidad de la IPP, así como apoyando procesos de licitación competitivos sólidos y transparentes y otras herramientas para fomentar la inversión privada en energías limpias.
Las SPCU pueden proporcionar infraestructuras y sistemas complementarios/asociados críticos para respaldar la inversión del sector privado en las propias centrales. Esto podría incluir la construcción de una línea de transmisión específica para conectar a la red una gran central de energía renovable situada en un lugar remoto.
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También debería incluir, a una escala mucho menor, el apoyo de las CPSU a los hogares interesados en sistemas solares en tejados, que a menudo se gestionan en cooperación con una empresa pública local.
Aumentar la capacidad de generación, sin embargo, no es más que un medio para alcanzar un fin. La clave está en traducir la capacidad de generación adicional en electrones limpios que lleguen a los usuarios. Y aquí, las CPSU tienen un papel fundamental que desempeñar en dos dimensiones adicionales.
En primer lugar, la activación de la capacidad adicional de las energías renovables requiere inversiones masivas en la red para conectar esa nueva producción con los consumidores reales.
Para transformar las inversiones en generación de renovables en un sistema eléctrico más ecológico, las inversiones en la red deben duplicarse de aquí a 2030 hasta superar los 600 000 millones de dólares.
Esta fue una lección aprendida en parte de la experiencia de China, donde la generación de nuevas energías renovables superó la expansión de la red, una deficiencia que requirió inversiones en la red específicamente para superarla.
Dado que en muchos países del mundo, si no en la mayoría, la red es propiedad del gobierno, las SPCU serán clave para ampliar la red eléctrica y permitir la integración de mayores cantidades de generación de renovables.
Una segunda dimensión que a menudo se pasa por alto es que, por lo general, incluso en los sistemas eléctricos donde hay una importante generación de renovables, también hay centrales de combustibles fósiles.
La decisión sobre a qué centrales se recurre en cada momento para producir electricidad suele corresponder al operador de la red.
En muchos países -desde México a China, entre otros-, esa entidad es, una vez más, propiedad y está controlada por el gobierno.
Garantizar que la capacidad adicional de las energías renovables se traduzca realmente en un suministro eléctrico descarbonizado requerirá una acción complementaria y de apoyo por parte del operador de la red, propiedad del gobierno, para enviar esa energía renovable a la red y servir a los clientes.
Por todas estas razones, alcanzar el objetivo de triplicar la capacidad de generación de energías renovables para 2030 y, en términos más generales, descarbonizar el sistema eléctrico mundial, requiere una participación activa de las CPSU.
Esto es especialmente cierto en las economías emergentes y otros países en desarrollo, cuyas emisiones del sector eléctrico se prevé que aumenten si no se adoptan medidas enérgicas de descarbonización. Pero también es cierto en Estados Unidos y otras economías avanzadas.
Es necesario prestar más atención a las CPSU, actores clave en la consecución de los objetivos climáticos mundiales.
Philippe Benoit es director gerente de la plataforma Global Infrastructure Analytics y Sustainability 2050 (Análisis de infraestructura global y sostenibilidad 2050). Anteriormente ocupó cargos directivos en el Banco Mundial y la Agencia Internacional de la Energía.
Leonardo Beltrán es asesor principal de Iniciativa Climática de México. Fue subsecretario de Energía de México a cargo de la Transición Energética (2012- 2018), y miembro del consejo de administración de Pemex y CFE. Actualmente es becario del Instituto de las Américas y de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Calgary.
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