PERTH, Australia – El mayor evento deportivo del planeta -la Copa Mundial de Fútbol- comienza este jueves 11. Millones de personas de todo el mundo se quedarán despiertas, con los ojos legañosos, viendo los partidos a horas intempestivas e inventando excusas poco convincentes para justificar por qué no estarán en el trabajo por la mañana. Se espera que más de mil millones de personas vean la final por televisión 19 de julio. Es una audiencia mayor que la de cualquier evento deportivo olímpico y superior al número de personas que han visto cualquier gran serie en Netflix.
La Copa del Mundo también es un gran negocio. La Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) ha anticipado que la competición podría generar la friolera de 30 500 millones de dólares en ingresos turísticos para Estados Unidos, Canadá y México, los tres países anfitriones del Mundial 2026. Pero no todo va bien en el deporte rey.
Amnistía Internacional y más de 100 organizaciones locales de derechos humanos han emitido una advertencia de viaje para los aficionados que planean visitar las once ciudades estadounidenses que acogerán partidos de la Copa del Mundo.
Según cifras obtenidas por Human Rights Watch, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (Ice) detuvo a 167 000 personas en las 11 ciudades del país que van a ser sede del Mundial entre enero de 2025 y marzo de 2026. El resto de estadios, hasta totalizar 16, están en Canadá y México.
Se advierte a los visitantes de que pueden sufrir registros invasivos de sus teléfonos en la frontera, «discriminación racial» y otros abusos graves que incumplen «las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos en virtud de la legislación nacional e internacional».
Incluso antes de que suene el primer pitido en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde se desarrolla este jueves 11 el partido inaugura, al árbitro más destacado de África, Omar Artan, de Somalia, se le denegó la entrada a Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Miami y ahora se perderá el torneo.
Las llegadas de turistas a Estados Unidos ya se redujeron 5,4 % el año pasado, y la «crisis de Donald Trump» está afectando ahora el arribo de visitantes a la Copa Mundial. Según una encuesta realizada a más de 200 hoteles de las ciudades estadounidenses anfitrionas por la Asociación Americana de Hoteles y Alojamientos, «casi 80 % afirmó que las reservas hoteleras están por debajo de las previsiones iniciales».
Algunos aficionados están teniendo problemas para conseguir un visado, pero los gastos en espiral y la amenaza de ser deportado por algún comentario desagradable que hayas hecho sobre Trump en Facebook u otra red social también son factores disuasorios.
En una protesta masiva bajo el lema «No Kings (No Reyes)» celebrada en Brooklyn en octubre, participé con conciudadanos neoyorquinos para manifestarme contra este retroceso democrático en Estados Unidos. Al menos seis millones de personas se manifestaron en todo el país, con un cuarto de millón en Nueva York, donde había estado trabajando durante la última década.
El día parecía un festival. Un manifestante tocaba una vuvuzela, una bocina molesta y estridente que se dio a conocer a la comunidad mundial en la Copa Mundial de la Fifa de 2010 en Sudáfrica. Otra persona llevaba un traje inflable de pollo y un cartel que decía: «Soy más maduro que el presidente».
A pesar de la frivolidad, el presidente Trump había amenazado con enviar al FBI contra los manifestantes, y su equipo denunció el movimiento «No Kings» como una creación de traidores descontentos.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, culpó al Partido Demócrata y afirmó que «su principal electorado está compuesto por terroristas de Hamás, inmigrantes ilegales y delincuentes violentos».
La página web de No Kings, por su parte, decía que «en Estados Unidos no tenemos reyes y no daremos marcha atrás ante el caos, la corrupción y la crueldad». Parecía que era probable que se produjera un enfrentamiento.
Ese día, sin embargo, el encuentro más agresivo que tuve fue cuando alguien me puso en la mano una pequeña tarjeta de color amarillo brillante. En ella se leía con letras grandes: «Conoce tus derechos», y ofrecía un texto útil para recitar en caso de ser detenido, que incluía: «La Constitución de los Estados Unidos garantiza derechos a todas las personas. Me enorgullece ejercer los míos». Un código QR enlazaba con asesoramiento legal pertinente.
Esas leyes siguen interponiéndose entre el presidente Trump y el poder sin límites que ansía. Pero dado que Trump ya ha nombrado a 265 jueces federales y a tres magistrados del Tribunal Supremo, algunas garantías legales parecen precarias.
Algunas agencias federales de Estados Unidos ya han adoptado la inclinación autoritaria de Trump, siendo las deportaciones ilegales y el asesinato extrajudicial de dos manifestantes en las calles de la ciudad de Minneapolis los ejemplos más inquietantes de una tendencia corrosiva.
La brecha resultante entre la jurisprudencia y la justicia puede ser mortal. Como presidente del Centro para Víctimas de Tortura (CVT), con sede en Estados Unidos, visité refugios en los suburbios de Nairobi (Kenia) para refugiados Lgbti+ procedentes de países africanos donde las relaciones entre personas del mismo sexo eran ilegales. El artículo 27 de la Constitución de Kenia garantiza la no discriminación, pero en las calles de Nairobi muchos refugiados seguían siendo vulnerables.
Una compañera del CVT me envió recientemente un mensaje de texto para informarme de que una refugiada Lgbti+ de Somalia había sido asesinada. Se encontraba en Kenia a la espera de su reasentamiento legal en Estados Unidos, pero se había visto frenada por la prohibición de Trump de admitir refugiados. En Kenia, como en cualquier otro país, las leyes que garantizan los derechos de las personas solo son tan sólidas como la voluntad de la policía, los tribunales y los parlamentos de hacerlas cumplir.
Solo alrededor de una docena de países en el mundo cuentan con leyes nacionales de derechos humanos exhaustivas, promulgadas por el parlamento y basadas en tratados y convenciones internacionales.
Entre ellos se encuentran Sudáfrica, India, Irlanda, así como Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Muchos otros Estados —entre ellos Brasil, Japón, Estados Unidos y Kenia— protegen algunos derechos y libertades fundamentales a través de su constitución o de una carta de derechos. Australia es la única gran democracia liberal del mundo que carece tanto de una ley nacional de derechos humanos como de una carta de derechos, aunque existe una creciente presión interna para subsanar esa peligrosa laguna jurídica.
La Copa Mundial ya ha aportado mucho a la cultura global. No pensemos solo en la insufrible vuvuzela, la vergonzosa macarena y la incontenible ola mexicana. Su valor más profundo podría residir en recordarnos que, en estos tiempos de autoritarismo creciente, todos los Estados deberían reforzar sus protecciones de los derechos humanos.
Simon Adams es profesor de Derechos Humanos en la australiana Universidad Murdoch. También es director ejecutivo del internacional Centro para Víctimas de Tortura (CVT), fundado en la ciudad estadounidense de Minneapolis en 1985 y que ahora tiene su sede central en Saint Paul, en Minesota.
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