GINEBRA – El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció este miércoles 3 el “aumento de las restricciones al espacio cívico” en Venezuela, y pidió a las autoridades “un espacio libre y abierto para el debate” al aproximarse la elección presidencial prevista para el 28 de julio.
Türk dijo que su oficina (Acnudh) “sigue recibiendo informes de detenciones a medida que se aproxima la jornada electoral, incluyendo las de miembros de la oposición y sus simpatizantes”, al actualizar su informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en esta ciudad suiza.
En paralelo, 62 organizaciones de derechos humanos de Venezuela enviaron una carta a Türk expresándole preocupación por el potencial incremento de violaciones a esos derechos al iniciarse formalmente este 4 de julio las tres semanas de campaña para la elección presidencial.
“Pedimos a usted, como máximo representante del sistema de protección de derechos humanos de la ONU, el monitoreo, la voz alta y clara, y agotar todas las acciones dentro de su mandato para acompañar a la población venezolana en su derecho a dirimir de manera pacífica y participativa sus conflictos”, dice la carta de las ONG.
En un proceso electoral fuertemente controlado por el oficialismo, en cuyas manos están todos los poderes nacionales, el presidente de tendencia izquierdista Nicolás Maduro, quien gobierna desde 2013, busca ganar un tercer mandato de seis años.
Las corrientes más populares de la oposición, cuya líder es María Corina Machado, vetada por las autoridades para ejercer cargos públicos, respalda al exdiplomático Edmundo González, quien encabeza las preferencias del electorado según los estudios de las firmas encuestadoras más reconocidas.
En ese contexto han arreciado medidas de persecución y encarcelamiento de opositores, obstáculos sobre sus actos públicos y medidas desde el poder electoral que restringen el margen de acción de quienes adversan al gobierno.
Según la oenegé venezolana Foro Penal, en el país había al 1 de julio 287 detenidos considerados presos políticos, de los cuales 149 eran militares y 27 son mujeres.
Türk comenzó su intervención ante el Consejo recordando que el gobierno suspendió el pasado febrero las actividades de su oficina en el país y ordenó la salida de sus 13 empleados, aunque luego Maduro anunció marcha atrás en la medida.
El alto comisionado afirmó que en el último año Acnudh ha documentado “un incremento de las amenazas, el acoso y los asaltos contra actores de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y otras voces críticas”.
Denunció al menos 38 casos de detención arbitraria, y mencionó los casos de Rocío San Miguel –quien dirigía un observatorio de temas de seguridad- y Carlos Julio Rojas, periodista, “detenidos desde el 9 de febrero y el 15 de abril, respectivamente, sin acceso a una defensa de su elección”.
También el de Javier Tarazona, denunciante durante años de presunta colisión entre autoridades de Venezuela e insurgentes de Colombia, y quien acaba de cumplir tres años tras en las rejas sin que todavía se dicte sentencia en su caso.
Acnudh documentó 28 casos de detenidos desde mayo de 2023 cuyo paradero fue ocultado a sus familiares y abogados, por periodos de entre dos y 41 días, los cuales podrían constituir desapariciones forzadas.
Türk lamentó la falta de avance en las investigaciones de muertes en protestas que tuvieron lugar entre 2014 y 2019, pues muchos de los 43 casos documentados permanecen bajo investigación, o en juicio con diligencias procesales aún pendientes, o incluso carecen de acusación.
En su alerta sobre la reducción del espacio cívico destacó el proyecto de ley sobre las organizaciones no gubernamentales –pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional, en la que no participan las principales corrientes opositoras-, cuya aprobación restringiría su independencia, financiamiento y desempeño.
También sobre un proyecto de ley “contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares”, el cual “contiene definiciones excesivamente vagas y amplias”, pues podría castigar como muestras de fascismo a muy diversas expresiones disidentes.
“Reitero mi llamamiento a abstenerse de adoptar una legislación que restringiría aún más el derecho a participar en asuntos públicos y las libertades de asociación y expresión”, dijo Türk.
Por el contrario, “más que nunca, un diálogo constructivo y abierto entre el pueblo y las instituciones estatales es crucial para superar las profundas divisiones y reconstruir el contrato social entre los venezolanos”, dijo el comisionado.
Türk también mencionó aspectos positivos en el cuadro de derechos en Venezuela, como la libertad condicional de 65 personas arbitrariamente detenidas en el último año, entre ellas algunos dirigentes sindicales.
También reconoció que se ha castigado a algunos agentes de la disuelta Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, cuya actuación en los años 2018 y 2019 quedó marcada por numerosas denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
Finalmente, Türk insistió en su pedido de que las elecciones previstas para el 28 de julio –y las parlamentarias en 2025- sean “libres y auténticas”, lo cual “requiere el respeto y la protección de la vida, la integridad física, la libertad, la seguridad y la privacidad de todos los miembros de la sociedad”.
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