CARACAS – Perseguir, estigmatizar y llevar a la cárcel a periodistas es un método que gobiernos y poderes judiciales y económicos de América Latina emplean, cada vez más, para tratar de zafarse de las acusaciones sobre abusos y corrupción por las que se les interroga desde la opinión pública.
En primer lugar “se trata de gobiernos de vocación autoritaria o borderline, en los límites de las formas democráticas, a los cuales les da una suerte de urticaria el tema del periodismo crítico”, observó a IPS el investigador Andrés Cañizález, profesor de comunicación en la venezolana Universidad Católica Andrés Bello.
En la región, “hay un desmadre con la corrupción, y componendas entre poderes corruptos, y en esos contextos el periodismo independiente hace investigaciones que resultan incómodas”, abundó el también docente de la argentina Universidad Nacional de Tres de Febrero.
El caso más destacado en lo que va de la década es el del guatemalteco José Rubén Zamora, de 67 años, fundador y director del medio el Periódico, denunciante de hechos de corrupción durante la Presidencia del derechista Alejandro Giammattei (2020-2024), reemplazado por el actual mandatario Bernardo Arévalo.
Preso desde julio de 2022, Zamora fue acusado de lavado de dinero y condenado en junio de 2023 a seis años de prisión. Luego una corte ordenó repetir el juicio y podría estar en arresto domiciliario, pero permanece tras las rejas porque le esperan más procesos por, supuestamente, obstruir la justicia y falsear documentos.
Los delitos que según Zamora involucraron a Giammatei y sus aliados civiles y militares nunca fueron investigados. Su periódico, que tuvo una tirada de 30 000 ejemplares, dejó de imprimirse y luego cerró la edición digital, tras lo cual varios periodistas de la plantilla debieron exilarse.
“El acoso judicial, y encarcelar por más de 560 días al principal periodista del país, como es el caso de Zamora, busca obviamente silenciar a la prensa y condicionar la agenda informativa”, arguyó Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al ser consultado por IPS.
Autoritarismo presente
En El Salvador, el periódico El Faro, el primero de la región creado exclusivamente para Internet en 1998, soportó una arremetida del poder creciente del mandatario Nayib Bukele, que incluyó el empleo del programa espía israelí Pegasus y aventó al exilio a la redacción del diario, ahora basada en Costa Rica.
En particular fue perseguido su director, Carlos Dada, acusado de lavado de dinero y delitos conexos.
Desde el exilio, Dada promovió en 2022 una red centroamericana de periodistas, considerando al oficio en emergencia “debido al acoso, la amenaza y la criminalización de nuestro trabajo por parte de regímenes autoritarios en la mayoría de nuestros países”.
En Nicaragua es emblemático el caso de la familia Chamorro, de propietarios y periodistas del diario La Prensa, famoso por su oposición a las dictaduras de los Somoza en el siglo XX y al gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde 2006.
Allanado y cerrado el periódico en agosto de 2021, varios miembros de la familia fueron a la cárcel o quedaron bajo arresto domiciliario, y en febrero de 2023 estuvieron entre 222 opositores forzados al exilio y despojados de su nacionalidad.
Carlos F. Chamorro destacó que la ofensiva gubernamental contra periodistas siguió a la sangrienta represión de protestas populares en 2018, y se acompaña desde entonces de la liquidación de medios y organizaciones políticas y civiles.
Exiliado en Costa Rica, Chamorro destacó que “el régimen ha cerrado más de 40 medios radiales y televisivos, y más de 150 periodistas se han visto obligados a exiliarse, aunque una parte de ellos se ha reorganizado en medios digitales”.
En Venezuela destaca el caso de los cuatro periodistas del portal de investigación Armando.info, quienes debieron exiliarse en 2018 para escapar a una prisión segura tras denunciar la corrupción en un programa gubernamental de alimentos y ventas de petróleo, bajo la dirección del empresario colombiano Alex Saab.
Saab fue detenido en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos, que lo juzgó y luego liberó en un canje de prisioneros con Venezuela, cuyo gobierno lo hizo no solo venezolano sino agente diplomático, y le ha confiado nuevas tareas financieras.
Sobre dos periodistas de Armando.info, Roberto Deniz y Ewald Scharfenberg, exiliados en Bogotá, la fiscalía venezolana libró orden de detención, que coincidió con la difusión en Estados Unidos de un documental sobre su investigación de la trama de negocios de Saab y responsables del gobierno venezolano.
“La estrategia de criminalizar desde el poder el ejercicio del periodismo, una marca de fábrica del régimen de (el presidente) Nicolás Maduro, recientemente ha alcanzado cotas nunca antes vistas en la historia moderna de Venezuela”, sostuvieron los periodistas de Armando.info en una declaración.
Sembrar dudas, minar fuentes
Una característica de las acciones judiciales sobre los periodistas, junto a sus medios, es que el revuelo que causan, aunque en el proceso no se demuestren sus culpas, trata de sembrar en las audiencias dudas y sospechas sobre su labor y rectitud.
Es el caso del peruano Gustavo Gorriti, director del portal de investigación IDL-Reporteros, a quien la fiscalía especializada en delitos cometidos por funcionarios acusa de cohecho (soborno) activo y pasivo, y tráfico de influencias. Además, se le conmina a revelar sus fuentes de información.
Organizaciones defensoras de la prensa denuncian las maniobras como intentos de silenciar o desprestigiar al veterano y galardonado periodista, quien podría encarar un juicio a partir de julio mientras a sus 75 años lucha contra el cáncer.
“Los instrumentos legales y convenciones internacionales que defienden derechos y libertades para el periodismo están siendo cuestionados por quienes ven a la prensa como un blanco o una oposición no electa”: Carlos Lauría.
Gorriti denuncia a “cleptócratas, de la élite política y empresarial peruana”, en riesgo de ser procesados, en parte, debido a sus hallazgos, y cuyo objetivo es “liquidar todo lo avanzado en la lucha contra la corrupción” en su país.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado “preocupación por la apertura de investigaciones contra los periodistas Gustavo Gorriti y Juan Carlos Tafur en Perú, que podrían alterar garantías inherentes a la labor periodística”.
Y en Argentina, el periodista de investigación Daniel Enz, cuyos 34 años de trabajos han puesto en jaque a narcotraficantes, policías y políticos, encara una denuncia de Sergio Urribarrí, exgobernador de la nororiental provincia de Entre Ríos, condenado por corrupción y quien trata de eludir la cárcel.
Urribarri le atribuye a Enz la comisión de delitos federales por publicar información proveniente de fuentes oficiales del poder judicial de la provincia, como parte del proceso del exgobernador para que su caso se revise y se levante la sanción que le impide aspirar de nuevo a cargos públicos.
El Foro de Periodismo Argentino y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas denunciaron la maniobra.
“En especial, resulta inaceptable el pedido de que se informe sobre las comunicaciones mantenidas por Enz con jueces o fiscales, protegidas por la Constitución como parte del derecho a mantener en reserva las fuentes de información periodística”, subrayaron las organizaciones.
Contexto autoritario
“También en Brasil y Cuba hay casos preocupantes. El acoso judicial busca no solo silenciar a una prensa, sino condicionar toda la agenda informativa”, dijo Lauría.
Cañizález opina que en América Latina “vivimos un tiempo elástico en la aplicación de la trama constitucional y legal democrática, y cómo a los autoritarismos o neoautoritarismos el periodismo independiente le resulta incómodo, se transgreden normas fundamentales consagradas en las constituciones de los países”.
Eso a pesar de que “ya en América Latina se había asentado en los últimos años una tradición y como una cierta jurisprudencia para entender la necesidad del periodismo libre como parte del sistema democrático”
“Los instrumentos legales y convenciones internacionales que defienden derechos y libertades para el periodismo están siendo cuestionados por quienes ven a la prensa como un blanco o una oposición no electa, en el criterio de algunos líderes políticos”, apuntó Lauría.
El responsable de la SIP considera que los Estados “deben reforzar garantías y derechos que consagran sus constituciones, con mecanismos para resolver diferencias sin injerencia de la administración de justicia, y los líderes políticos sostener un discurso de tolerancia, inclusión y no estigmatización”.
Por su parte, los periodistas y los medios de comunicación “deben adaptarse a las circunstancias mostrando unión y cohesión, y denunciando con firmeza las actitudes que tiendan a desvirtuar la situación de la prensa”, concluyó Lauría.
Hm
