LIMA – La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó este miércoles 15 una estrategia que busca asegurar los derechos de los trabajadores migrantes y que la migración sea de provecho para el sector privado y los gobiernos de 37 países y territorios de América Latina y el Caribe.
Ante la creciente población trabajadora migrante en la región, “la OIT se propone una estrategia que garantice sus derechos laborales y que, al mismo tiempo, impulse la productividad de los países”, señaló Ana Virginia Moreira, directora regional del organismo para América Latina y el Caribe.
De los 169 millones de personas trabajadoras migrantes que había en el mundo en 2021, según un informe de la OIT, 5,9 millones estaban en América Latina y el Caribe, y conformaban el 1,9 % de las personas que trabajaban en la región.
De ellas, 40 % eran mujeres, y el reporte de la OIT recoge que las tendencias van en aumento.
“El trabajo vertebra la migración: la falta de trabajo decente empuja a millones de personas a buscar en otros países mejores oportunidades; en el tránsito, es fundamental para proseguir la ruta, y al llegar al destino, es crucial para la integración socioeconómica de esas personas y sus familias”, dijo Moreira.
Sostuvo que “la vulnerabilidad de esta población es alta y el potencial de su integración para el desarrollo de los países es extraordinario”, lo que justifica adoptar una estrategia compartida para abordarla entre los Estados de la región.
Asimismo, destacó las contribuciones de las personas trabajadoras migrantes a los países de acogida, cubriendo puestos vacantes por falta de candidatos, creando empleo, y aportando a los sistemas de seguridad social y a los sistemas fiscales.
En paralelo, contribuyen con las economías y las poblaciones de los países de origen, enviando remesas o con nuevas calificaciones a su retorno, entre otros aportes.
Para canalizar la respuesta a los desafíos y las oportunidades de la migración laboral, los países plantean la estrategia en cinco áreas temáticas, las primeras de las cuales son fortalecimiento de la gobernanza de la migración laboral y coherencia de políticas, y la aplicación de los principios y directrices para la contratación equitativa.
Luego, el impulso de políticas públicas para crear empleo y reducir la informalidad; medidas que favorezcan la movilidad laboral, la formación y el reconocimiento de competencias y calificaciones, y la mejora de los sistemas y políticas de protección social, para la inclusión de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas.
Francesco Carella, especialista regional de la OIT en migración laboral y movilidad humana, dijo que “la estrategia ha sido construida colectivamente por los actores del mundo del trabajo, los gobiernos, los empleadores y los trabajadores”.
“Si bien tiene una ruta trazada, posee la flexibilidad suficiente para adaptarse a la situación de constante cambio de la migración, y a los contextos específicos de cada país y subregión dentro del continente”, explicó Caella.
Uno de los mayores riesgos para las personas trabajadoras migrantes es que no se respeten los principios de la contratación equitativa y ser víctimas de trata y trabajo forzoso, por lo que la estrategia incluye acciones específicas para su prevención.
Estimaciones de la OIT sobre el trabajo forzoso publicadas en 2022 señalan que 15 % de las personas adultas sometidas a explotación laboral forzosa en el mundo son migrantes. Tienen, además, tres veces más probabilidades de ser sometidas a trabajo forzoso que las no migrantes.
“El trabajo forzoso obliga a las personas a trabajar mediante el uso de violencia o intimidación, o por medios más sutiles como una deuda manipulada, retención de documentos de identidad o amenazas de denuncia a las autoridades de inmigración”, precisó el experto de la OIT.
Esas prácticas “atentan contra todo derecho y dignidad de la persona, y los principios y directrices de la OIT para la contratación equitativa son la forma más efectiva de prevenir el trabajo forzoso y la trata de personas”, agregó Casella.
Estudios de la OIT indican que los beneficios ilegales generados por el trabajo forzoso de trabajadores migrantes en el mundo ascienden a 37 000 millones de dólares anuales, una cifra equivalente al producto interno bruto de un país como Paraguay.
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