PANAMÁ – La elección de José Rafael Mulino como nuevo presidente de Panamá presagia un endurecimiento de las medidas para contener el paso a través del tapón del Darién, el selvático espacio que enlaza este país con Colombia, cruzado por más de un millón de migrantes hacia América del Norte en los últimos cuatro años.
“Panamá no es un país de tránsito. Vamos a cerrar Darién y vamos a repatriar a todas estas personas como corresponda, respetando los derechos humanos”, reiteró Mulino, lo que apunta al dispositivo mediante el cual Panamá recibe a los migrantes y les presta auxilios básicos tras la azarosa travesía por el Darién.
Mulino ganó con 34,4 % de los 2,3 millones de votos emitidos el 5 de mayo, como abanderado del partido Realizando Metas, del expresidente (2009-2014) Ricardo Martinelli, quien se asiló en febrero en la embajada de Nicaragua para eludir una condena de 10 años y ocho meses de cárcel por blanqueo de capitales.
Martinelli, con popularidad basada en el auge económico durante su presidencia, competía para un nuevo mandato pero debió ceder la candidatura a Mulino, su compañero de fórmula como aspirante a vicepresidente y a quien continuó ayudando con mensajes de vídeo a pesar de su condición de asilado.
Mulino, un fornido abogado de 64 años, casado, con cuatro hijos, ha desempeñado diversos cargos públicos en los últimos 25 años, incluido el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Martinelli, y reivindica que entonces se desalojó del Darién a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
La región panameña de Darién, de unos 5000 kilómetros cuadrados de tupida selva tropical, con montañas, áreas pantanosas y ríos que se desbordan, se convirtió en los últimos años en una vía utilizada por migrantes que arriesgan su vida cruzándola a pie rumbo a la frontera entre México y Estados Unidos.
Según agencias de las Naciones Unidas, 900 000 personas la cruzaron entre 2021 y 2023, y al menos 139 000 lo hicieron en los primeros cuatro meses de 2024, en su mayoría venezolanos, haitianos, cubanos, ecuatorianos y de otros países de América del Sur, y también provenientes de África y Asia.
Los migrantes enfrentan en el Darién no solo los riesgos, a veces mortales, de una selva inhóspita, sino la extorsión del narcotraficante Clan del Golfo, en el lado colombiano, y de grupos delictivos que los someten a robos, asaltos y vejámenes –incluida la violencia sexual- en el lado panameño.
Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW) han planteado que tanto Colombia como Panamá “deben hacer más” para proteger a los migrantes, y en particular Panamá debiera mejorar su operación de “flujo controlado”, mediante la cual recibe y reconduce a los migrantes del Darién.
A contravía, Mulino ha planteado “cerrar el Darién” a la migración irregular, aunque no ha planteado un programa mi propuestas específicas de “cierre” de ese espacio selvático con una anchura de 100 kilómetros o más, y en cuyos bordes habitan comunidades de tres etnias indígenas.
Dijo que el cierre implica tanto una cuestión de seguridad para Panamá como un tema económico –se destinan más de 60 millones de dólares anuales en la atención del flujo migratorio, más los aportes de entidades internacionales- y humanitario, pues se arriesga la vida de miles de personas migrantes en la inhóspita selva.
Una vez electo, indicó que tratará el tema con el presidente Gustavo Petro, de Colombia, “la puerta de salida de los migrantes, mientras que Panamá es la puerta de entrada”, así como con las autoridades de Estados Unidos, principal destino del flujo migratorio, y de otros países concernidos.
Durante la campaña, tanto los candidatos como los electores panameños centraron su atención en otros problemas, a distancia del tema de la frontera con Colombia.
En particular, la lucha contra la corrupción, considerada como el principal problema del país según 57 % de los encuestados durante la campaña por la firma Gallup. Paradójicamente, resultó elegido el candidato aliado del expresidente y sobre quien pesa una sentencia firme en esa materia.
Luchar contra la corrupción fue una oferta central de otros candidatos, como el abogado y comunicador Ricardo Lombana, cuyo Movimiento Otro Camino quedó segundo con 25 % de los votos, y el expresidente (2004-2009) Martín Torrijos, del Partido Popular, tercero con 16 % de los sufragios.
Otro tema ha sido la desigualdad, pues el Banco Mundial considera al país como el tercero más desigual de América Latina, detrás de Brasil y Colombia, y 13 % de los panameños viven en la pobreza, con un ingreso de 6,85 dólares al día o menos.
El desempleo se redujo de 18 %, en 2020, a 7,4 % al despuntar este año, pero entre los jóvenes es mucho mayor, y la mitad de la población económicamente activa trabaja sin contrato, con poca protección y estabilidad.
Un tema que gravitó fue el de la mina cuprífera Cobre Panamá, que operaba un consorcio canadiense y debió cerrar por orden de la Corte Suprema de Justicia tras las masivas protestas lideradas por organizaciones estudiantiles, sindicales, indígenas y ambientalistas del año pasado.
Por ejemplo Lombana, al reconocer el triunfo de Mulino, advirtió que la protesta callejera volverá si se reabre la mina, en el norte del país.
También está el tema del cambio climático, una preocupación porque las sequías prolongadas han afectado el caudal de agua que alimenta el canal de Panamá, gran fuente de ingresos, al tiempo que restringen el servicio del líquido a la capital.
A lo largo de la costa, el aumento del nivel del mar ha puesto en peligro a grupos indígenas como los Guna, cuyos miembros han visto sus hogares isleños sumergidos por inundaciones anuales.
Tras su victoria, Mulino dijo que abordará los problemas conformando un “gobierno de unidad nacional”, mediante entendimientos con otras fuerzas políticas, e insistió en que pese a la afinidad política con Martinelli -lo visitó en la embajada nicaragüense apenas depositó su voto- “el presidente seré yo”.
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