LONDRES – Irán ha transformado sus prisiones en centros de muerte masiva, a juzgar por el “escalofriante aumento de ejecuciones masivas”, 853 registradas el año pasado, denunció en un informe este jueves 4 la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
El reporte de AI expuso que “la oleada de muertes en Irán prosigue en 2024, con al menos 95 ejecuciones registradas hasta el 20 de marzo. Las cifras de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional son datos mínimos, y la organización piensa que el número real es sin duda mayor”.
Aun así, el número de ejecuciones en 2023 es el más alto registrado desde 2015, y supone un aumento de 48 % respecto a 2022 y de 172 % respecto a 2021.
AI destaca que al menos 481 ejecuciones, más de la mitad de las 853 registradas en 2023, tuvieron lugar por delitos de drogas.
“La pena de muerte es abominable en toda circunstancia, pero aplicarla a escala masiva por delitos de drogas tras juicios manifiestamente injustos ante Tribunales Revolucionarios es un abuso de poder grotesco”, declaró Diana Eltahawy, directora regional adjunta de AI para Medio Oriente y el Norte de África.
Los Tribunales Revolucionarios dictaron 520 (61 %) de las sentencias de pena de muerte ejecutadas en 2023. Esos tribunales tienen competencias sobre una amplia gama de actos, incluidos los delitos de drogas, que las autoridades consideran delitos de “seguridad nacional”.
“La pena de muerte es abominable en toda circunstancia, pero aplicarla a escala masiva por delitos de drogas tras juicios manifiestamente injustos ante Tribunales Revolucionarios es un abuso de poder grotesco”: Diana Eltahawy.
Elrahawy agregó que “las políticas antidrogas de Irán contribuyen a reforzar un círculo de pobreza e injusticia sistémica y exacerban la discriminación contra las comunidades marginadas, en particular la oprimida minoría baluchi”, que habita el sureste y es de confesión islámica suní en un país de mayoría chií.
AI considera que las autoridades iraníes han intensificado el uso de la pena de muerte para infundir miedo entre la población y afianzarse en el poder tras la sublevación “Mujer Vida Libertad” ocurrida entre septiembre y diciembre de 2022.
Esas manifestaciones de protesta siguieron a la muerte de la joven Mahsa Amini cuando estuvo detenida por la policía religiosa iraní, que la acusó de portar indebidamente el velo islámico.
Junto con aplicar la pena capital por drogas, el año pasado tuvo lugar también una oleada de ejecuciones que afectó a manifestantes, usuarios de las redes sociales y otras personas disidentes o percibidas como tales, por actos amparados por el derecho internacional de los derechos humanos.
En algunos casos se trató de personas acusadas bajo cargos tales como “insultar al profeta”, “apostasía” y otros ambiguos como “enemistad con Dios” (moharebeh) o “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz).
En ausencia de una respuesta global contundente, “las autoridades iraníes no tendrán inconveniente en ejecutar con total impunidad miles de personas más en los años venideros”, consideró Eltahawy.
“Nuestras estremecedoras conclusiones sobre el continuo asalto de las autoridades iraníes al derecho a la vida subrayan la urgente necesidad de que la comunidad internacional presione a las autoridades iraníes para que impongan una suspensión inmediata de todas las ejecuciones”, dijo Eltahawy.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, decidió este jueves 4 prorrogar por un año el mandato de su relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán, en una resolución que obtuvo 24 votos a favor, cocho en contra y 15 abstenciones.
También decidió prorrogar el mandato de la misión internacional independiente de investigación sobre Irán, por un nuevo período de un año, para garantizar que se presenten pruebas de violaciones de derechos humanos relacionadas con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022.
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