MANAGUA – Tras casi seis años de crisis política en Nicaragua, la información ambiental que de forma clandestina llega desde las áreas protegidas y zonas boscosas del país centroamericano hasta reportes de prensa e informes internacionales, es casi siempre negativa. Y turbia.
“Nos quedamos sin ojos en el bosque y sin testigos en las comunidades indígenas”, dice a IPS, desde un caserío urbano de Managua, «Rosalinda», como conocen sus allegados a RAJ y quien por seguridad pide dar solo las iniciales de su nombre y apellidos.
Antigua integrante del Centro Humboldt, una organización no gubernamental dedicada a la protección de los boques húmedos, Rosalinda es una de las últimas activistas del ambiente que aun reside en Nicaragua, ya lejos del oficio y oculta en el bullicio habitual de la capital nicaragüense.
Perdió el trabajo en diciembre de 2021 con el cierre de la oficina ambiental en la que laboró por más de 12 años, luego que el gobierno del exguerrillero sandinista Daniel Ortega cancelara la legalidad de la institución y le inmovilizara sus cuentas bancarias.
Su organización se dedicaba desde los años 90 al monitoreo de información sobre concesiones mineras en zonas protegidas, deforestación ilegal, permisos de explotación maderera y otros aspectos del ambiente y el desarrollo en los departamentos de Matagalpa y Jinotega, en el norte de Nicaragua.
“Con unos pocos fondos que consiguió por fuera la directiva, nos cancelaron los salarios y nos aconsejaron abandonar el país. De mi equipo, que éramos siete, solo yo me quedé. Todos se fueron ya”, comenta a IPS en un diálogo efectuado mediante una red de mensajería electrónica.
“Borramos la base datos de contactos y fuentes en los territorios. Quemamos archivos, destruimos discos duros y memorias, encriptamos colecciones de informes, destruimos los chips y hasta teléfonos para proteger a nuestros informantes en los territorios. Ahora no se nada de ellos ni de los proyectos”, cuenta.
“El rol de acompañamiento, evaluación, informes independientes, de promoción y participación en los procesos de consultas, de informar sobre las concesiones, de auditar proyectos, de desarrollar procesos de investigación ambiental independiente, efectivamente se han perdido en Nicaragua”: Amaru Ramírez.
Desde el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, la gestión del ambiente y la protección de los recursos naturales han sufrido un declive notable, afectados por una serie de acciones y políticas implementadas por el régimen de Ortega y de Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta del país.
Ortega, antiguo comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, gobernó ya el país entre 1980 y 1985 y retornó al poder en 2007, donde se mantiene con un gobierno que se ha adentrado cada vez más autoritario y personalista, según instituciones internacionales de derechos humanos.
Amaru Ramírez, director de la ambiental e ilegalizada Fundación del Río, explica a IPS desde el exilio en Costa Rica que desde hace seis años, Nicaragua no solo perdido más bosques, sino también la capacidad de fiscalización independiente de los recursos naturales.
Según el ambientalista, este deterioro se ha manifestado en la desaparición forzada de más de 170 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa, promoción, cuido, estudio, protección y fiscalización del medio ambiente.
“En términos generales, hay un impacto en las comunidades territoriales, en las poblaciones indígenas y el ambiente, frente a las concesiones otorgadas por el Estado nicaragüense a las empresas privadas sin transparencia”, dice Ramírez, quien en 2023 fue desnacionalizado por el régimen, bajo acusaciones de “traición a la patria”.
“El rol de acompañamiento, evaluación, informes independientes, de promoción y participación en los procesos de consultas, de informar sobre las concesiones, de auditar proyectos, de desarrollar procesos de investigación ambiental independiente, efectivamente se han perdido en Nicaragua”, dice a IPS.
Otro ambientalista exiliado en Costa Rica dijo a IPS, bajo condición de anonimato, que la represión estatal contra las organizaciones ambientales inició en 2013 cuando el gobierno otorgó en concesión por 100 años el fallido proyecto de construcción de un canal interoceánico a un empresario chino.
La ruta afectaba grandes territorios indígenas, cuerpos de agua, bosques y zonas de producción agraria que motivaron a miles de familias campesinas a protestar contra el ambicioso proyecto de infraestructura.
La comunidad ambientalista cuestionó el impacto ambiental y realizó estudios y cálculos del impacto negativo de la obra en el ambiente, lo cual les valió la animadversión del gobierno.
“La crisis de 2018 no inicia con el reclamo sobre el Seguro Social, sino con el incendio en la reserva Indio Maíz que el gobierno quiso ocultar y manipular. Fue un tema ambiental el que encendió la mecha de la crisis que hoy vivimos”, recordó.
Luego, desde 2020, el gobierno empezó a crear leyes que cortaron el financiamiento a las organizaciones ambientales, a las que categorizó como “agentes extranjeros”.
También penalizó bajo la figura de “noticias falsas” la emisión de informes o declaraciones que contradijeran la versión estatal y finalmente empezó a anular la personalidad jurídica de las oficinas de las organizaciones ambientalistas, perseguir a sus directivos, confiscar sus bienes y silenciar a la comunidad científica.
El resultado de las políticas estatales, a criterio de Ramírez, influyó en el exilio de los especialistas y el cese de fondos destinados a proteger reservas, parques naturales y zonas de protección.
En esa forma se anularon las políticas y planes de protección de bosques, humedales, educación ambiental, capacitación en rescate de fuentes de agua, manejo de desechos sólidos, reciclaje y buenas prácticas de producción agraria.
“Había oficinas que se dedicaban a hacer estudios independientes, análisis científicos, monitoreos climáticos, cuido de humedales, protección de la reserva biológica Indio Maíz…”, enumera a IPS.
Desde entonces, la información sobre el tema ha recaído estrictamente en el gobierno y sus informes oficiales.
Esas versiones oficiales publicadas en los medios afines al gobierno, indicaron que mediante las políticas ambientales denominadas campañas de Reforestación y Restauración “Verde que te quiero verde”, el país ha logrado recubrir 321 hectáreas.
“Tras el mandato presidencial, los cambios en Nicaragua han sido sustanciales; por ejemplo, desde el 2007 al 2023, se han establecido 19 700 viveros, con una producción de 221 millones de plantas; además, se ha logrado la restauración de 321 mil hectáreas, a nivel nacional”, dice parte de la escueta nota de prensa.
Sin embargo, debido a los múltiples informes de violaciones de derechos humanos, corrupción, falta de transparencia y sanciones a instituciones y funcionarios públicas, la credibilidad de los datos oficiales se ha visto afectada.
En un claro reflejo de ese problema, el Fondo Verde para el Clima (GCF, en inglés), dependiente de las Naciones Unidas, canceló este mes de marzo un desembolso de 64,1 millones de dólares destinados al ambiente en Nicaragua.
La decisión, basada en el incumplimiento de políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales, puso de manifiesto la preocupante falta de consulta adecuada con comunidades indígenas y afrodescendientes, así como la desviación de la administración nicaragüense de los compromisos internacionales en materia de medio ambiente.
El proyecto del Fondo Verde representaba una iniciativa crucial para la conservación ambiental en las regiones de la Reserva de Biosfera Bosawás y del Río San Juan, ambas de gran importancia ecológica.
Mediante una nota de prensa, la administración sandinista reclamó y exigió el desembolso, alegando haber cumplido “ejemplarmente” con el compromiso ambiental.
Sin embargo, la cancelación del financiamiento deja en evidencia las profundas brechas institucionales y sociales que enfrenta Nicaragua en su lucha contra la deforestación y por la gestión sostenible del uso de la tierra.
Según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), presentado en Ginebra en septiembre de 2023, en el marco del seguimiento a la crisis sociopolítica en Nicaragua, el país ha perdido 22 % de sus bosques primarios y secundarios en los últimos 20 años.
De acuerdo al dato de Naciones Unidas, Nicaragua presenta la tasa más alta de deforestación de los últimos 20 años, desde que las organizaciones defensoras del ambiente han sido forzadas a dejar de hacer su labor en el país.
El gobierno de Nicaragua, por medio de la Procuraduría General de la República, refutó esos informes y datos, calificándolos como una injerencia en los asuntos internos de Nicaragua.
Este año, el gobierno aprobó la Ley para la Certificación de Permisos y Autorizaciones Ambientales, que otorga un papel central a la Procuraduría General de la República en la emisión de certificados ambientales, anteriormente manejados por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.
“Esta significa una centralización de las decisiones ambientales a los intereses comerciales”, dijo a IPS una antigua delegada ambiental que debió dejar el país y actualmente labora en una agencia de cooperación europea que retiró sus oficinas de Managua en 2022 y las trasladó a otro país centroamericano.
De acuerdo a la especialista en desarrollo ambiental, que pidió anonimato por sus nuevas funciones, la reorganización de funciones ambientales en Nicaragua evidencia “una alarmante falta de independencia y transparencia en la gestión ambiental del país”.
“La persecución, expulsión, desnacionalización y encarcelamiento de activistas ambientales, líderes campesinos, representantes indígenas y hasta periodistas ambientalistas, constituyen una deforestación democrática sin precedentes”, en la lucha por la protección del medio ambiente en Nicaragua, remarcó.
ED: EG
