MONTEVIDEO – Fortalecer la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo son condiciones necesarias ante el desafío demográfico que encara América Latina y el Caribe, concluyó la sexta reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en esta capital.
Los delegados de 29 Estados reconocieron que, en un contexto de persistencia de la pobreza y de las desigualdades estructurales, los cambios demográficos repercutirán en todos los aspectos de la sociedad, como los mercados de trabajo, la educación, los sistemas de salud, de cuidados y de protección social.
La guía de las deliberaciones que concluyeron el día 20 fue un estudio sobre impactos del cambio demográfico en la región, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Ese estudio mostró que en la región avanza el envejecimiento de la población, estimando que para 2050 las personas de 60 años y más representarán 25 % del total de habitantes, es decir, unos 182 millones de personas.
En paralelo, desciende la tasa global de fecundidad, que alcanzó el nivel de reemplazo en 2015 y se situó en 1,8 hijos por mujer en 2024, posicionando a América Latina y el Caribe como la tercera región con la tasa más baja del mundo.
Sin embargo, la tasa de fecundidad adolescente continúa siendo elevada (50 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años), reflejo de brechas educativas y desigualdades socioeconómicas o territoriales, que mantienen a la población en situación de mayor pobreza rezagada.
El descenso de la fecundidad y el aumento de la longevidad están asociados al cierre de la ventana de oportunidad del bono demográfico, la etapa temporal en la que la población en edad de trabajar supera a la dependiente.
Según el promedio regional, se proyecta que este bono concluirá en 2028, momento en que la población en edad de trabajar dejará de crecer más rápido que la población dependiente.
Luis Fidel Yáñlez, secretario de la Comisión de la Cepal en el foro, sostuvo que “los cambios demográficos que atraviesan hoy a nuestra región no son un destino fatídico”.
“El descenso de la fecundidad, el envejecimiento poblacional, la crisis de los cuidados, la transformación de los hogares, la movilidad humana, todo esto es, en realidad, una oportunidad de reestructurar nuestros modelos de desarrollo hacia la sostenibilidad, la inclusión y la igualdad de género”, dijo Yáñez.
Las delegaciones coincidieron en que ante el desafío demográfico se requiere la asignación adecuada de recursos por parte de los Estados, mecanismos que hagan seguimiento a políticas y programas, y promover alianzas a todos los niveles, integrando la iniciativa privada a los esfuerzos.
Asimismo, ratificaron la vigencia del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, adoptado hace 13 años, en agosto de 2013.
Ese documento, con un centenar de medidas y recomendaciones, coloca la igualdad, la dignidad y los derechos de las personas en el centro de las políticas públicas; y promueve el acceso universal a servicios de salud reproductiva, a la educación sexual integral y a la autonomía de las mujeres.
Asimismo, ataca brechas basadas en género, edad, origen étnico, raza, discapacidad y territorio; señala derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; apunta a la protección social y derechos de las personas mayores; promueve la protección de los migrantes, y los derechos de los pueblos indígenas y la población afrodescendiente.
La sexta conferencia agregó el reconocimiento de las personas en situación de calle como un nuevo grupo poblacional especialmente vulnerable, que enfrenta formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y barreras.
Finalmente, la mesa directiva de la Conferencia para los siguientes dos años quedó conformada por Uruguay en la presidencia, acompañado de Bolivia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Guyana, Jamaica y México.
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