GINEBRA – La misión especial de las Naciones Unidas que investiga violaciones a los derechos humanos en Venezuela reclamó este martes 13 la liberación de la activista Rocío San Miguel, detenida bajo la acusación de participar en un complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
La “Misión internacional independiente de determinación de hechos” sobre Venezuela también instó al gobierno a “poner fin a la ola de represión contra los opositores que se está intensificando en todo el país”, según dijo su presidenta, la jurista portuguesa Marta Valiñas.
San Miguel, de 57 años, abogada y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, fue detenida el viernes 9 en el aeropuerto internacional que sirve a Caracas por agentes de inteligencia militar, y el lunes 12 la Fiscalía dio cuenta de su detención pero no de su paradero.
En el intervalo fueron detenidos su hija Miranda (24) y otros familiares. Un juez dispuso prisión preventiva para la activista y su ex compañero Alejandro González, en una sesión de presentación nocturna en la que no se permitió la presencia de sus abogados defensores, según informaron los penalistas que conocen el caso.
La detención de San Miguel, y de sus parientes, y su desaparición durante dos días, puso en vilo la atención política, mediática y de redes sociales en ese país, que tras un cuarto de siglo de aguda polarización política se apresta a una nueva elección en una fecha aún por decidir de este año.
La organización que dirige San Miguel es de los escasos referentes sobre la situación y actividades de la Fuerza Armada en Venezuela, activamente imbricada en la gestión económica y política del gobierno por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y su sucesor, Nicolás Maduro.
La Misión, que actúa bajo el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza, recordó que el fiscal general venezolano, Tarek Saab, acusó a San Miguel de participar en un intento de conspiración contra el presidente, así como de estar implicada en ataques contra unidades militares y otras instituciones del país.
El pasado 22 de enero Saab informó sobre cinco conspiraciones abortadas a lo largo de 2023, por las que se detuvo a más de 30 personas y se expulsó de la Fuerza Armada a un grupo de oficiales activos y retirados, de distinto rango.
Por su parte, Valiñas renovó su preocupación “por una serie de actos recientes que contravienen el derecho internacional y que incluyen detenciones y amenazas de detención de miembros de la Comisión Nacional de Primaria (opositora), así como de militantes del partido político Vente Venezuela”.
El grupo Vente Venezuela ganó ampliamente la primaria opositora efectuada en octubre de 2023 y su líder, María Corina Machado, quedó investida como candidata presidencial, pero el Tribunal Supremo validó una inhabilitación administrativa que pesa sobre ella y le prohíbe aspiurar a cargos públicos.
La Misión indicó que “las autoridades han tratado de justificar estas y otras violaciones de los derechos humanos como respuesta a conspiraciones organizadas contra el gobierno y altas autoridades del Estado”.
También subrayó que tanto San Miguel como su hija y otras cuatro personas han estado en paradero desconocido desde su detención.
El penalista chileno Francisco Cox, integrante de la Misión, sostuvo que “el Estado venezolano ha violado los derechos humanos de decenas de personas al investigar a presuntos grupos conspiradores, privando a los investigados, detenidos y procesados de sus más elementales derechos”.
“Sin desconocer el derecho del Estado a investigar, ello se tiene que hacer con pleno respeto a los derechos humanos y sin cometer crímenes internacionales”, dijo Cox.
La jurista argentina Patricia Tappatá, también integrante de la Misión, recordó que Venezuela es parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Según la Convención, “uno de los elementos constitutivos de las desapariciones forzadas es la negación de información sobre el paradero de la persona, lo que impide el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales pertinentes”, dijo Tappatá.
“La información tardía e incompleta sobre el paradero y estado de salud de San Miguel y su hija cumple con el objetivo de infundir temor entre quienes expresan críticas al gobierno, haciendo responsable al Estado bajo el derecho internacional”, agregó la jurista argentina.
La Misión independiente fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos en 2019 y ha hecho renovaciones anuales de su mandato. Una actualización de sus informes está prevista para marzo de 2024.
En paralelo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, tiene bajo estudio acusaciones contra altos responsables del Estado venezolano, civiles y militares, bajo la presunción de que pudieron cometerse crímenes de lesa humanidad en la represión de manifestaciones y y otras actividades opositoras desde 2014.
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