LIMA – Cerca de 700 000 personas han migrado internamente en el Perú por efectos del cambio climático. Este desplazamiento es un problema que se evidencia en este país sudamericano, uno de los más vulnerables a la crisis climática global por su biodiversidad, geografía y 28 tipos de climas.
“Reconocemos la migración por motivos de cambio climático como un tema muy tangible y con mucha perspectiva sobre el que es necesario trabajar”, declaró a IPS Pablo Peña, geógrafo, coordinador de la Unidad de Emergencia y Asistencia Humanitaria de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Perú.
En entrevista con IPS en la sede de esta agencia de Naciones Unidas en Lima, Peña informó que según el internacional Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, se estima en 659 000 el número de personas desplazadas dentro de las fronteras peruanas por eventos de desastres entre el 2008 y 2022, inundaciones en la mayoría de casos, relacionadas con alteraciones del clima.
En este país andino de casi 33 millones de habitantes se carece de data específica y centralizada que permita determinar las características de la migración por factores ambientales y de cambio climático.
Peña indicó que a través de un proyecto específico, la OIM ha colaborado con el gobierno peruano en la elaboración de un plan de acción orientado a prevenir y atender la migración forzada por efectos climáticos, en base al cual se iniciará en octubre un proyecto piloto para sistematizar la información de diferentes fuentes con relación a los desplazamientos, a fin de incorporar el componente ambiental y climático.
“Reconocemos la migración por motivos de cambio climático como un tema muy tangible y con mucha perspectiva sobre el que es necesario trabajar”: Pablo Peña.
“Apuntamos a poder caracterizar al migrante climático y que se incorpore a toda la normativa”, puntualizó el experto. El proyecto, que contempla enfoques de género, derechos e intergeneracional, se trabaja con los ministerios del Ambiente y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Agregó que este tipo de migración es multidimensional. “La gente puede decir que dejó su casa en una zona altoandina porque no tenía qué comer por pérdida de sus cultivos, y eso podría decir, en una lectura corta, que se trata de una migración económica porque no tiene medios de vida. Pero esa causa puede asociarse a variables climáticas” analizó.
En un informe de 2022, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como el país con la inseguridad alimentaria más alta en América del Sur.
El Banco Central de Reserva, encargado de preservar la estabilidad monetaria y administrar las reservas internacionales, disminuyó en su reporte mensual de septiembre la proyección de crecimiento económico de Perú a 0,9 % para este año, en parte por los variados impactos del cambio climático en la agricultura y la pesca
Se afectaría con ello los esfuerzos por reducir la pobreza que bordea una tasa de 30 % en el país, donde siete de cada 10 trabajadores laboran dentro del sector informal, y aumentaría la migración de población en busca de alimentación y medios de subsistencia.
“El Banco Mundial estima que al 2050 se tendrá más de 10 millones de migrantes climáticos en América Latina”, adelantó Peña.
La misma institución multilateral, en la publicación de junio Perú Acciones Estratégicas para la Seguridad Hídrica, señala que las personas con buena situación económica resisten 10 veces mejor que las que se encuentran en pobreza, los impactos climáticos como inundaciones y sequías que registran un alto incremento a nivel nacional.
En la actualidad el país experimenta el fenómeno del Niño Costero que en marzo ocasionó inundaciones en ciudades del norte y sequías en el sur. El oficial Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología alertó que en enero del 2024 podría confluir con el global el Niño Oscilación del Sur (Enos), acentuando sus impactos.
El Niño suele presentarse el mes de diciembre provocando el aumento de la temperatura del mar y alterando el patrón de lluvias que se incrementan en el norte del país y decrecen en el sur.
Desconfianza en migrar a lugares seguros
Piura, un departamento del norte costero y con una población estimada en poco más de dos millones de habitantes, ha sido golpeado en todos los episodios de El Niño, incluyendo el de este año que dejó más de 46 000 viviendas dañadas, inclusive en zonas que habían sido reconstruidas.
Juan Aguilar, gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Piura, sostiene que la alta vulnerabilidad al Enos se agudiza con el cambio climático y golpea a la población, las vías de comunicación y los cultivos de «panllevar», como se llaman localmente a los productos agrícolas básicos en la dieta peruana.
En un taller de OIM el día 5 de este mes en Lima, el funcionario subrayó que Piura se mueve entre las inundaciones y las sequías, en un contexto complejo para la ejecución del gasto en materia de prevención, adaptación y mitigación.
Aguilar abordó en diálogo con IPS la situación de las personas que pese a haber perdido sus viviendas por razones climáticas, optan por no migrar, en lo que considera que es una tendencia mayoritaria.
“No hay disposición a trasladarse a zonas más seguras, incluso en El Niño del 2017 en que se dieron iniciativas para llevarlas a otros lugares; prefieren esperar a que pase el fenómeno y regresar a sus casas”, agregó.
Explicó que esa actitud obedece al hecho de que han internalizado los eventos climáticos como recurrentes. “Dicen, esto ya lo viví tal año y hay una resignación en el sentido de decir que estamos en una zona altamente vulnerable, es lo que nos toca vivir, dios y la naturaleza nos han puesto en estas condiciones”, detalló.
Reconoció que frente a ello no se ha avanzado mucho con las políticas públicas. “Por ejemplo después del 2017 se aprueba una ley para identificar zonas de riesgo no mitigables, y eso no se ha culminado pese a que nos serviría para implementar los planes de reubicación de población hacia zonas más seguras”, añadió.
El funcionario regional precisó que “tampoco tenemos una experiencia en que el Estado diga ya identifiqué esta zona, aquí hay tantas viviendas disponibles para los que quieran trasladarse, el costo social es tanto”.
“Eso no lo hemos visto y la población tiene la sensación de que si se van a empezar a otro lugar, el que abandonan será tomado por alguien más, dicen: ‘qué sentido tiene el yo moverme, si al otro lo van a dejar allí’”, reiteró.
El temor de volver a empezar
A 42 kilómetros de la capital peruana, en Lurigancho-Chosica, uno de los 43 municipios de la provincia de Lima, la población siente ya la ansiedad por la cercanía de la temporada de lluvias en diciembre que amenaza con la caída de huaycos por alguna de sus 21 quebradas. Los más recordados por su impacto catastrófico son los ocurridos en 1987, 2017, 2018 y en marzo de este año.
Los huaycos, el vocablo quechua con que se llama localmente los corrimientos de tierras, han sido parte de la historia de Perú, por la combinación de las características especiales en la accidentada orografía de las áreas dominadas por la cordillera de Los Andes y del fenómeno del Enos.
En un recorrido de IPS por la zona chosicana de Pedregal, una de las áreas vulnerables a los deslizamientos de tierra y lodo por las lluvias, se observó en el municipio la preocupación por los riesgos que enfrentan, pero también la desconfianza de trasladarse a otro lugar, seguro, a empezar de nuevo.
“Yo llegué chiquita aquí a Pedregal cuando todo esto era chacra (campo agrícola) y se sembraba algodón, caña de azúcar. Tengo más de sesenta años acá y hemos progresado, ya no vivimos en chocitas”, relata Paulina Vílchez de 72 años, quien habita una casa de dos plantas construida de cemento y ladrillo y con su fachada bien pintada.
En la planta baja estableció una bodega que atiende ella misma y donde vende alimentos y otros productos. Ella no se casó ni tuvo hijos, pero sí se ocupó del cuidado de dos sobrinas, con quienes todavía vive en una casa que es fruto de los esfuerzos de sus padres y luego suyos y que representa décadas de mucho trabajo.
Vílchez reconoce que quisiera mudarse a un sitio donde aliviarse del temor que la asalta cada año, pero que tendría que ser a una casa con las mismas condiciones de la que ha logrado levantar con su esfuerzo. “No me voy a ir a un terreno a empezar de nuevo, por eso me he quedado, yo todo lo dejo a la mano de Dios”, subraya a IPS.
Muy cerca al río Rímac y junto a los vías del tren que sacude su casita de madera a su paso se encuentra Maribel Zavaleta, de 50 años, nacida en Chosica, donde vive con su familia de tres hijos, dos mujeres y un hombre, y tres nietas.
“Yo llegué en 1989 con mi mamá, ella fue damnificada por el huayco del 87 y estuvimos en carpas hasta que nos reubicaron aquí, pero no es seguro, en el 2017 el río se desbordó y la casa se inundó todita”, recuerda a IPS.
Zavaleta formó su propia familia a los 21 años, pero ahora se encuentra separada de su esposo. Su hijo mayor convive con su pareja dentro del mismo predio y la segunda, quien trabaja y la ayuda a sostener el hogar, le ha dado tres nietas. La última de las hijas tiene 13 años y cursa educación básica en un centro municipal.
“Yo trabajo haciendo limpieza y lo que gano alcanza solo para lo básico”, comenta. Plantea que si la vuelven a reubicar tendría que ser a un terreno con título de propiedad y materiales para construir su vivienda, que ahora es de madera y con techo de calamina, las planchas de metal que también bordean su terreno.
“Por falta de economía no puedo mejorar mi casita ni irme de acá. Yo quisiera que las autoridades al menos hagan prevención para evitar que el río se desborde mientras estamos acá”, refiere señalando las piedras que dejó el huayco del 2017 y que no han sido removidas.
ED: EG
