GINEBRA – La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja (Ficr) se declaró este miércoles 9 preocupada por la intervención y reestructuración de su filial Cruz Roja Venezolana, dispuesta por el gobierno y el poder judicial del país sudamericano.
“Cualquier intervención gubernamental en nuestras sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja plantea serias preocupaciones con respecto a su independencia y el trabajo humanitario basado en principios de las sociedades nacionales”, indicó la Ficr en una declaración desde su sede en esta ciudad suiza.
El 4 de agosto el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó la intervención de la Cruz Roja venezolana, destituyó a su presidente durante 43 años, Mario Villarroel, y ordenó una reestructuración del organismo a cargo de una junta interventora encabezada por el empresario Ricardo Cusanno.
Días antes, el vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, había acusado a Villarroel de “actividad mafiosa” y de “conspirar” contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El Fiscal General de la República, Tarek Saab, pidió entonces al Supremo la destitución de Villarroel, por presunto de manejo irregular de recursos de la institución y acoso laboral a trabajadores.
El vicepresidente de la Ficr, Miguel Ángel Villarroel, hijo del presidente de la Cruz Roja venezolana, solicitó a los poderes del Estado que permitieran a la Federación y a la entidad en Caracas resolver cualquier cuestión polémica de acuerdo con las normas internas y sin intervención estatal.
Pero el tribunal, con una rápida decisión cautelar, destituyó a Villarroel y ordenó reestructurar la entidad bajo la dirección de Cusanno, expresidente de la central patronal Fedecámaras, quien integró una junta con empresarios, médicos, docentes y una estudiante de enfermería.
La acción estatal es la segunda este año sobre una filial de la Cruz Roja en la región, después de que el 10 de mayo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenase la disolución y confiscación de los bienes de la Cruz Roja en el país centroamericano.
Rafael Uzcátegui, de la organización de derechos humanos Provea, advirtió en Caracas que con la intervención “se están transitando los mismos pasos que en Nicaragua y se envía un mensaje de que cualquier organización de la sociedad civil puede ser intervenida en cualquier momento sin el debido proceso”.
En Venezuela la Cruz Roja ha participado en operaciones humanitarias bajo el paraguas de acuerdos que involucran a agencias de las Naciones Unidas, y para los cuales se aguarda financiamiento con fondos estatales aún retenidos en plazas de países que han sancionado al gobierno de Maduro.
Establecida en Caracas en 1895, la entidad se concentró por años en servicios de salud auxiliares a los del Estado, y la junta que dirige Cusanno emitió un comunicado indicando que esas labores en varias plazas del país seguirán sin interrupción.
La Ficr insistió, en su nueva declaración, que posee sus propios mecanismos para abordar situaciones en las que se podría considerar que una sociedad nacional miembro infringe sus principios fundamentales.
La federación también despachó a Caracas a varios funcionarios para acompañar a su delegación en Venezuela a fin de “monitorear de cerca la situación y encontrar la mejor manera de avanzar” en la nueva situación planteada.
“Esto continuará con el objetivo de comprender mejor el alcance de los riesgos y la capacidad de continuar brindando servicios humanitarios basados en principios, y el nivel de participación del gobierno, si corresponde, en el futuro”, indicó el texto.
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