MÉXICO – Situado en el noroeste de Colombia, el Bosque de Niebla hospeda a 154 especies de plantas, 120 aves, 21 mamíferos, 16 nacimientos de agua y tiene cinco hectáreas de humedales.
Perteneciente al Distrito de Manejo Integrado Cuchilla Jardín-Támesis, en el departamento de Antioquia, el ecosistema provee de agua y regulación climática a toda la región noroccidental del país.
Por ello, un novedoso esquema de financiamiento, los bonos de biodiversidad, buscan fortalecer la protección de esa área por 30 años, ante amenazas como deforestación, sequía y aumento de la temperatura debido a la crisis climática.
La inversora privada colombiana Terraso y la vendedora de compensaciones ambientales española ClimateTrade, que usa una base contable abierta e inmodificable de las transacciones, guardada en una red computacional, crearon en mayo de 2022 los bonos voluntarios de biodiversidad para el Bosque de Niebla.
El objetivo es el cuidado de 340 hectáreas registradas como banco de hábitat por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, uno de los 10 países con mayor diversidad biológica del mundo.
Los bancos de hábitat son terrenos donde se agregan iniciativas de conservación y se ejecutan acciones de preservación, mejora o restauración de ecosistemas para generar ganancias cuantificables de biodiversidad.
Cada crédito de biodiversidad representa 10 metros cuadrados de tierra amenazada, conservada o restaurada. Las garantías técnicas, financieras y legales mantendrán el proyecto durante al menos 30 años. Cada bono, tasado en 30 dólares, corresponde a 30 años de conservación y/o restauración.
“Otros valores no integrados (en los bonos de biodiversidad) tienen que ver con los principios sociales, éticos, que se han desarrollado alrededor de la naturaleza. Nos hemos comprado una imagen como una fábrica de recursos al servicio de las personas y hemos desechado el papel de la naturaleza y las sociedad a través de una relación de cuidados y reciprocidad”: Patricia Balvanera.
Pero el esquema despierta inquietud por señalamientos de mercantilización de la vida silvestre y la búsqueda de ganancias por encima del beneficio ecológico.
Para Patricia Balvanera, académica del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la pública Universidad Nacional Autónoma de México, el enfoque financiero mercantil no aborda todo el espectro de aristas ambientales, culturales y sociales, lo que puede nublar la visión de la importancia integral de la naturaleza.
“Otros valores no integrados tienen que ver con los principios sociales, éticos, que se han desarrollado alrededor de la naturaleza. Nos hemos comprado una imagen como una fábrica de recursos al servicio de las personas y hemos desechado el papel de la naturaleza y la sociedad a través de una relación de cuidados y reciprocidad”, dijo a IPS desde la ciudad de San Luis Potosí, en el norte de México.
La especialista es coautora del estudio “Valores diversos de la naturaleza para la sostenibilidad”, publicado el 9 de agosto y que aborda una visión más holística del cuidado.
A diferencia de las compensaciones (conocidas por el vocablo inglés offsets) de daños ambientales debido a proyectos de infraestructura, los bonos de biodiversidad son un instrumento económico que puede utilizarse para financiar acciones que deriven en resultados positivos medibles a través de la emisión y venta de unidades de biodiversidad.
Los compradores de los bonos de biodiversidad ganan en aspectos reputacionales, al promover la restauración y protección de los ecosistemas, y obtienen fondos al revender los bonos, al ser un mercado voluntario.
Son instrumentos diferentes a los bonos de carbono, donde empresas e individuos pueden comprar esos créditos de emisiones reducidas en lo que se conoce como el mercado voluntario de carbono, para compensar sus emisiones contaminantes: cada uno representa la eliminación de una tonelada métrica de carbono de la atmósfera.
Por el dióxido de carbono equivalente atrapado y almacenado en ecosistemas como bosques, los propietarios de los proyectos pueden emitir certificados para su venta en mercados nacionales e internacionales a corporaciones y particulares nacionales e internacionales que quieren reducir sus emanaciones contaminantes.
En espera
En Honduras avanza un proyecto similar al colombiano en el Parque Nacional Cusuco, en el departamento de Cortés, en el noroeste del país.
En el bosque, decretado en 1987 y que mide 22 200 hectáreas, la alianza internacional de organizaciones ambientales rePlanet busca la conservación de 1883 hectáreas en 25 años ante amenazas como la deforestación y el riesgo para 24 especies.
El proyecto podría emitir bonos este mismo año.
Para Lía González, directora para América Latina de la firma belga de inversiones de impacto social Incofin, el instrumento encierra varios desafíos, como la monetización, la asignación de valor a los bloques terrestres, la creación de estándares de medición, verificación, monitoreo y emisión, así como el involucramiento de las comunidades.
“No todos los servicios ecosistémicos son los mismos, debe ser un sistema muy juicioso. Y tiene que haber regulaciones locales, desde taxonomías (clasificación de actividades) verdes hasta las regulaciones. Ahí está el dilema hacia dónde tiene que ir el sector”, dijo a IPS desde Bogotá.
La ejecutiva destacó que el esquema debe evitar el modelo de los bonos de carbono y aprender de sus errores, como el cálculo impreciso de captura de carbono y violación de derechos de comunidades.
“No todos los servicios ecosistémicos son los mismos, debe ser un sistema muy juicioso. Y tiene que haber regulaciones locales, desde taxonomías verdes hasta las regulaciones. Ahí está el dilema hacia dónde tiene que ir el sector”: Lía González.
En 2022, el portafolio de Incofin abarcó 111 clientes en 14 países de América Latina por una cartera de 400 millones de dólares en segmentos como agricultura sostenible y microfinanciamiento. En Colombia, respaldó a ocho clientes y totalizó 44,3 millones de dólares.
La compañía se enfoca en inversiones de mediano plazo, para que los beneficiarios tengan una fuente de ingresos adicional dentro del área que se protege o restaure.
Hasta ahora, los llamados bonos verdes se han quedado cortos en el financiamiento para la conservación de la riqueza natural y el uso sostenible de la tierra, según el análisis elaborado en 2020 por la Bolsa Verde de Luxemburgo y el Foro Global de Paisajes, con el titulo: “¿Cómo pueden movilizar los bonos verdes inversiones en proyectos de biodiversidad y uso sostenible de la tierra?”.
Colombia y Honduras son los países que han avanzado con estos instrumentos, porque tienen regulaciones y varios instrumentos financieros en relación con la biodiversidad, aunque los bonos aún son una rareza.
En ese sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo de las 38 economías más desarrolladas del mundo, señaló en su informe de 2021 “Rastreando los instrumentos económicos y el financiamiento para la biodiversidad” que, a pesar de los avances, el potencial sustancial depende del aumento del uso y la ambición de los instrumentos económicos relevantes para la diversidad biológica.
En su Sexto Informe Nacional sobre Biodiversidad de 2020, Honduras reconoció la necesidad de mejorar la valoración monetaria y no monetaria de los servicios ambientales.
Los esquemas de financiamiento son fundamentales para el desarrollo del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030, adoptado por la Asamblea General del organismo en 2019, y que busca la prevención, detención y reversión de la degradación de los ecosistemas terrestres y marinos, para erradicar la pobreza, combatir el cambio climático y prevenir la extinción masiva de especies.
¿Hacia el despegue?
Para su éxito, el mecanismo necesita la integridad de los proyectos y la inclusión de todos los actores, según el no gubernamental Foro Económico Mundial, dedicado al cabildeo empresarial multinacional.
La iniciativa colombiana del Bosque de Niebla ya colocó 62 063 créditos y tiene 61 773 disponibles.
La inversora Terraso tiene otros siete bancos de hábitat en varias zonas de Colombia y que podrían generar más bonos.
La académica Balvanera alertó de incentivos perversos que pueden perjudicar la protección.
“Si pensamos en esquemas financieros, el vínculo no debe ser solo transaccional. Debe haber involucramiento de varios actores que colectivamente identifican el mecanismo que fomente la conservación, que respete la visión de cuidado y se mantengan los modos de vida de los habitantes de estas zonas”, planteó.
Argumentó que “así se genera un sistema circular que conecta protección del bosque, cuidado del agua, producción de alimentos y consumo sostenible”.
Por su parte, González se mostró abierta al análisis de estas inversiones.
“El agua podría ser un enfoque viable dentro de la resiliencia climática y su impacto en el clima de la región. Estamos interesados en aprender en monetización y que las fuentes adicionales de ingreso puedan beneficiar a procesos de protección, para que sea complementario a lo que hacemos”, expresó.
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En diciembre pasado, la 15 Conferencia de las Partes (COP15) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) adoptó el Marco Mundial Kunming-Montreal sobre Diversidad Biológica, que incluye el financiamiento acumulado para biodiversidad con al menos 200 000 millones de dólares en 2030, de fuentes públicas y privadas.
Una de sus metas estipula el estímulo a esquemas innovadores como el pago por servicios ambientales, bonos verdes, offsets, créditos de biodiversidad y mecanismos de reparto de beneficios, que incluyan salvaguardas ambientales y sociales.
Para cumplir estos objetivos, los 196 Estados partes del CDB crearon el Fondo del Marco Global para la Biodiversidad, manejado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y cuyo consejo rector se aprobó en junio en Brasil.
Además, el acuerdo incluye la restauración completa o parcial de al menos 30 % de los ecosistemas terrestres y marinos degradados para 2030, así como la reducción de hasta casi cero la pérdida de áreas de gran importancia biológica.
ED: EG
