MÉXICO – El agua no sube hasta la vivienda de Elliot Escobar, en el municipio mexicano de Matías Romero, que está en el primer piso debido a presión insuficiente, por lo que la transporta con una manguera desde la de su hermana, situada en la planta baja de la casa que comparten las dos familias.
“La guardo en tinacos (depósitos) de 1000 litros, que me duran como un mes. Reciclamos el agua para regar plantas, por ejemplo. En el municipio no se paga el agua porque no hay, llega sucia. Es una situación preocupante”, relató este abogado de 44 años.
Matías Romero, con algo más de 38 000 habitantes, es un componente geográfico del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un megaproyecto a cargo de la Secretaría (ministerio) de Marina y uno de los tres más importantes del actual gobierno, junto al Tren Maya, en la suroriental península de Yucatán, y el sistema de refinerías de Olmeca, en el estado de Tabasco, también en el sureste.
La demanda de agua de las obras del CIIT despierta inquietud entre la población local, de por sí afectada por el déficit del recurso hídrico, explicó abogado, quien comparte la vivienda sobre la de su hermana con los otros dos miembros de su familia.
“El proyecto va a requerir agua y luz, y estamos en la incertidumbre. Todo tiene que tener una metodología, estar sistematizado, la infraestructura debe estar consolidada. En Salina Cruz (otra parada del megaproyecto), ha habido problemas complicados de agua en las colonias (barrios), es un problema que tiene años. Hay pocos pozos para abastecer a la población”, señaló Escobar.
El abogado es integrante de la no gubernamental Corriente del Pueblo Sol Rojo y habló con IPS desde su localidad en el estado de Oaxaca, a unos 660 kilómetros al suroeste de Ciudad de México.
“El proyecto va a requerir agua y luz, y estamos en la incertidumbre. Todo tiene que tener una metodología, estar sistematizado, la infraestructura debe estar consolidada”: Elliot Escobar.
En la zona, la población trabaja, al menos hasta ahora, en la agricultura y la ganadería vacuna, porcina y caprina. Además, el municipio es punto de paso de miles de migrantes indocumentados que llegan por tren o camiones desde la frontera con Guatemala, en ruta hacia Estados Unidos.
A pesar de que el agua es un elemento fundamental del megaproyecto, el CIIT carece de plan hídrico, según respuestas a solicitudes de acceso a información presentadas por IPS.
El conjunto de obras es parte del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec que el gobierno mexicano ejecuta desde 2019 con el propósito de desarrollar el sur y sureste de este país de unos 129 millones de habitantes y la segunda economía latinoamericana, solo por detrás de Brasil.
Una transformación interoceánica
El plan para el istmo, de unos 300 kilómetros de extensión de costa a costa, incluye 10 parques industriales, la renovación de los puertos de Salina Cruz, en el océano Pacífico, y Coatzacoalcos, en el Atlántico, conectados mediante el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en reconstrucción.
Asimismo, considera la modernización de las refinerías de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, y Minatitlán, en el de Veracruz, el tendido de un gasoducto y la instalación de una planta de licuefacción de gas frente a las costas de Salina Cruz.
El programa de desarrollo abarca 46 municipios de Oaxaca y 33 de Veracruz, en un recorrido de unos 300 kilómetros. Los sitios industriales, denominados “Polos de desarrollo para el bienestar”, requieren de 380 hectáreas cada uno de los 10.
La investigadora Úrsula Oswald, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la pública Universidad Nacional Autónoma de México, planteó a IPS un modelo integral para analizar todas las aristas del megaproyecto.
“Lo más urgente es hacer un plan maestro, que debe tener un plan hídrico antes que otros procesos. Es crucial, antes de meter industrias. Y cada una con un ordenamiento muy rígido, para evitar contaminación de fuentes hídricas, y no repetir un caos como el del norte”, sostuvo desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, vecino a la capital mexicana.
“Lo más urgente es hacer un plan maestro, que debe tener un plan hídrico antes que otros procesos. Es crucial, antes de meter industrias. Y cada una con un ordenamiento muy rígido, para evitar contaminación de fuentes hídricas”: Úrsula Oswald.
Para la investigadora hay que responder a preguntas como “¿cuáles cuencas, acuíferos, cómo interactúa el agua superficial con la subterránea?”.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el poder desde diciembre de 2018, busca que las empresas se instalen en el sur y sureste del país, en un intento por atraer inversión y generar trabajo en esas zonas que son las más empobrecidas del país.
Pero un obstáculo de ese desarrollo radica en la logística para el traslado de los productos hacia el mercado estadounidense, el imán para las corporaciones interesadas, la falta de trabajadores capacitados y el impacto ambiental en una región caracterizada por su rica biodiversidad.
Algunos casos recientes muestran las dificultades de esos procesos. La estadounidense Tesla, que fabrica automóviles eléctricos, eligió en marzo el norteño estado de Nuevo León para la construcción de su fábrica en México, a pesar del interés de López Obrador de que se estableciera en el sur.
Entre 2020 y 2022, el presupuesto del CIIT fue de 162 millones de dólares el primer año, de 203 millones en 2021 y casi el doble en 2022, con 529 millones. Pero en 2023 ha bajado a 374 millones.
Cálculos independientes sitúan el total de inversión requerida para los proyectos del CIIT en 1400 millones de dólares, aunque no hay una cifra oficial precisa al respecto.
Presión hídrica
El megaproyecto supone mayor presión sobre los recursos hídricos en una región donde conviven la abundancia y la sobreexplotación del recurso.
De los 21 acuíferos en Oaxaca, cinco registran déficit, según cifras de la gubernamental Comisión Nacional del Agua (Conagua). Entre ellos aparecen los de Tehuantepec y Ostuta, ya desde la década pasada y en la ruta del corredor.
En Veracruz, de los 20 mantos freáticos, cinco padecen extracción excesiva, como el de la cuenca del río Papaloapan, también en la zona del CIIT.
Uno de los cinco objetivos del programa de desarrollo trata de incrementar la biodiversidad y mejorar la calidad del agua, el suelo y el aire con un enfoque sostenible.
Mientras, el programa regional del CIIT estipula que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe garantizar el recurso tanto para las compañías que lleguen como para las localidades de la región intervenida.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación, la contraloría nacional, no halló información sobre el aumento de la biodiversidad o el mejoramiento de la calidad del agua, el suelo y el aire en 2021. Además, no contó con datos suficientes para evaluar el cumplimiento de los cinco objetivos del CIIT.
Para la provisión del agua necesaria, el CIIT identificó en su reporte de avances y resultados de 2022 la venta de derechos de agua entre usuarios, el trasvase desde el acuífero Tehuantepec, a pesar de su déficit, y pozos profundos; el aprovechamiento de represas, ríos o la construcción de una planta desaladora, además del consumo de agua residual tratada.
Indígenas
En esa dirección apunta también un documento de mayo de 2021 sobre la consulta indígena en el municipio oaxaqueño de Ciudad Ixtepec, también en la franja del Corredor, consultado por IPS, y que sugiere estudios sobre la utilización de agua reciclada y acondicionada para algunos procesos industriales, el fomento del uso de agua de lluvia para áreas verdes y la introducción de programas de concienciación y uso responsable del recurso.
En la zona de influencia del megaproyecto habitan unos 900 000 indígenas de 10 pueblos originarios diferentes, pero el proceso de consulta libre de interferencias, previa al desarrollo de las obras y con información suficiente y oportuna apenas cubrió a menos de 1% de la población nativa.
El CIIT ya lanzó la licitación internacional para la construcción de tres parques industriales en Veracruz y dos en Oaxaca.
El derecho a un ambiente sano se suma a un contexto que presenta violaciones a derechos humanos. La Misión Civil de Observación, integrada por representantes de organizaciones no gubernamentales, constató a finales de julio violaciones al acceso a la información, la participación libre y la libertad de expresión.
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Por ello, el abogado Escobar remarcó la necesidad de que exista la atención de las autoridades federales.
“El agua no es mercancía, se tiene que garantizar a la población. Hay que hacer una inversión fuerte en el agua y desarrollar conciencia al respecto. No entendemos su concepto de modernidad, piensan que solo es construir megaproyectos. Va a haber un problema ambiental a mediano plazo”, alertó.
Por su parte, la académica Oswald planteó ir más allá del tradicional enfoque de atracción de inversiones.
“Ninguna empresa va a invertir si no tiene garantizado el abastecimiento, la tierra, la salida de su mercancía a ambos lados de los océanos y mano de obra. Es necesario vincular el agua, el costo, el tema social, qué grupos indígenas hay en la región. ¿Qué otros mecanismos tengo para proveer de agua? ¿Quién tiene el control en la región? Eso es básico para entender los conflictos. Es un tema sociocultural crucial”, analizó.
ED: EG
