LONDRES – La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) reiteró este martes 30 sus denuncias sobre las lesiones y muertes que causa el uso indebido del gas lacrimógeno en la represión de protestas en todo el mundo.
“La gente ha salido a la calle a protestar para reclamar que se respeten sus derechos humanos, y la respuesta ha sido el uso de violencia innecesaria o fuerza excesiva, que en muchos casos ha incluido el uso ilegítimo de gas lacrimógeno”, dijo Marija Ristic, directora del Cuerpo de Verificación Digital de AI.
Desde 2020 AI ha verificado incidentes de uso indebido de gas lacrimógeno en más de 115 países y territorios, entre ellos Estados Unidos, Francia, Guatemala, India, Israel/Territorios Palestinos Ocupados, Líbano, Malí, Myanmar, Nigeria, Serbia, Sudán, Túnez y Uganda, indicó el más reciente reporte de la organización.
El año pasado se documentaron daños en 30 incidentes en 13 países en los que la policía y las fuerzas de seguridad hicieron uso inadecuado de gas lacrimógeno, con muertes comprobadas durante manifestaciones en Irán, Perú y Sri Lanka.
Durante las protestas generalizadas que comenzaron en Perú en diciembre de 2022, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional “dispararon ilegítimamente armas letales y usaron otras armas menos letales contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas”, indicó el reporte.
Agregó que “ese uso ilegítimo de la fuerza causó 49 muertes, hasta febrero de 2023. Las protestas fueron en su mayoría pacíficas, pero la policía y el ejército dispararon balas, perdigones y gas lacrimógeno de forma temeraria”.
Con esas acciones “mataron o causaron lesiones a transeúntes, manifestantes y a quienes prestaban primeros auxilios a personas heridas”.
“La gente ha salido a la calle a protestar para reclamar que se respeten sus derechos humanos, y la respuesta ha sido el uso de violencia innecesaria o fuerza excesiva, que en muchos casos ha incluido el uso ilegítimo de gas lacrimógeno”: Marija Ristic.
En Irán, durante 2022, “las autoridades aplicaron sistemáticamente una respuesta militarizada a las protestas y usaron munición real, perdigones, gas lacrimógeno y cañones de agua para aplastar unas manifestaciones en gran medida pacíficas”.
AI sostiene que cientos de manifestantes y transeúntes “fueron víctimas de homicidio ilegítimo a manos de las fuerzas de seguridad”, entre ellos decenas de niños y niñas.
“Una niña de 6 años murió tras recibir el impacto de un bote de gas lacrimógeno en la cabeza. Miles de personas sufrieron lesiones de consideración, incluida pérdida de la vista, para las que muchas no buscaron atención médica por miedo a ser detenidas”, destacó el reporte.
En Sri Lanka, el gobierno intensificó su represión de la disidencia cuando miles de personas protestaron contra la grave situación económica del país, según AI.
Expuso que “el uso indebido de gas lacrimógeno y de cañones de agua se convirtió en habitual en la respuesta a las protestas, afectó a manifestantes y transeúntes, incluidos niños y niñas, y causó al menos una muerte en una protesta en julio”.
También recordó que en Ucrania las fuerzas de seguridad de Rusia dispararon gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos que salieron a la calle en la ciudad de Jersón, en abril de 2022, para reclamar el fin de la ocupación rusa.
Los reportes de AI sobre el año pasado incluyen ejemplos semejantes de Colombia, Ecuador, Grecia, India, Indonesia, Irak, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, y Turquía.
AI ha documentado múltiples formas de uso indebido del gas lacrimógeno por la policía, entre las que figuran: dispararlo en espacios cerrados; dispararlo directamente contra personas; usarlo en cantidades excesivas; y dispararlo contra manifestaciones pacíficas.
Asimismo, dispararlo contra grupos que tienen menos posibilidades de huir o son más sensibles a sus efectos, como menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad.
La organización lamenta que a pesar del uso indebido generalizado no se ha acordado una normativa internacional sobre el comercio del gas lacrimógeno y otras sustancias químicas irritantes.
Muy pocos Estados ofrecen información pública sobre el volumen y el destino de las exportaciones de gas lacrimógeno, lo que dificulta una vigilancia independiente.
“Las autoridades de todo el mundo deben respetar el derecho de manifestación pacífica y hacer rendir cuentas a quien emplee de manera ilegítima gas lacrimógeno contra las personas que ejercen sus derechos humanos fundamentales”, dijo Ristic.
En enero de 2023, AI y otras 30 organizaciones firmaron la Declaración de Shoreditch –en el Gran Londres- pidiendo que se establezca un tratado internacional sobre control del comercio de los instrumentos de tortura que se utilizan en todo el mundo para reprimir protestas pacíficas y cometer abusos contra personas detenidas.
A-E/HM
