BUENOS AIRES – Una comunidad indígena ha hecho declaraciones contra el Estado colombiano en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de un caso que podría resultar significativo para la protección del medioambiente y los derechos indígenas en toda América Latina.
Durante una audiencia de dos días, los representantes del pueblo u’wa pidieron al tribunal, con jurisdicción en la mayoría de los países latinoamericanos, que fallara contra el gobierno por décadas de violaciones de sus derechos sobre la tierra y daños medioambientales. Estos daños se han vinculado en gran medida a las actividades petroleras y relacionadas al gas, incluida la falta de consulta sobre nuevos proyectos.
Los u’wa son unas 6000 personas que viven en el noreste de Colombia, aunque históricamente también han habitado zonas de la actual Venezuela. Su territorio ancestral abarcaba una superficie de 1,4 millones de hectáreas, pero se ha reducido considerablemente, y las 22 comunidades actuales solo habitan una pequeña parte de la tierra que poseían.
“Cuando destruyen nuestro territorio para nosotros es como morir lentamente, es como aceptar que la muerte espiritual y cultural de nuestro pueblo está muy cerca”, declaró ante el tribunal Daris María Cristancho, líder indígena u’wa.
El caso es el último acto de resistencia de los u’wa tras décadas de lucha contra fuerzas externas que han amenazado su cultura y su existencia, una lucha que los ha convertido en uno de los grupos indígenas más conocidos de Colombia.
Desde la década de los 90, los u’wa han protestado contra la explotación de combustibles fósiles en sus territorios por parte de multinacionales como Shell y Occidental Petroleum, protagonizando ocupaciones y marchas por sus causas, colaborando con ONG e incluso amenazando con suicidios masivos.
En 2016, los u’wa presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusando al gobierno colombiano de violaciones de derechos humanos. La comisión falló a favor de los indígenas en 2019 e hizo una serie de recomendaciones al gobierno para que garantizara sus derechos.
Pero al no cumplirse estos requisitos, en 2020 la comisión envió el caso a la Corte Interamericana, y ahora está siendo juzgado.
“Pido a la Corte que respete nuestro hogar, porque es nuestra cultura, nuestra cosmovisión”, dijo Cristancho en la audiencia. Su petición fue que “se devuelva el territorio al pueblo u’wa”.
Lucha indígena en Colombia
En la audiencia, celebrada los días 25 y 26 de abril, Cristancho y otros miembros de la comunidad u’wa relataron al tribunal los problemas a los que se han enfrentado debido a la extracción de gas y petróleo en sus tierras, incluidos los proyectos Magallanes y Gibraltar, operados por la empresa estatal Ecopetrol, así como los oleoductos que atraviesan su territorio.
También habrían sido afectados por la presencia de fuerzas armadas en su territorio y por el desplazamiento forzado.
“El gobierno ha autorizado proyectos extractivos en su territorio desde la década de 1990”, declaró a Diálogo Chino Wyatt Gjullin, abogado de Earth Rights, la ONG que apoya el caso legal de los u’wa. “Ahora, el oleoducto más grande del país, Caño Limón-Coveñas, atraviesa sus tierras, así como un gasoducto. Ambos han contaminado el medioambiente y las fuentes de agua”.
Desde que asumió el cargo el año pasado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha hecho repetidas declaraciones en apoyo a la protección de las tierras indígenas, incluso en actos internacionales. Este tipo de medidas fueron una parte clave de su discurso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en abril.
“Si no hay equilibrio con la naturaleza, dejamos de existir, como dicen los indígenas”, afirmó Petro.
Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y su interlocutora en el caso de los u’wa, dijo que el gobierno estaba abierto a un diálogo con los u’wa, pero no reconocía su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos.
“Debemos comprometernos a caminar codo a codo, con voluntad política, con aceptación de los cambios culturales y la evolución social”, dijo Zamora en la audiencia.
La comunidad u’wa ya había firmado acuerdos con el gobierno colombiano en 2014 y 2016, que pusieron fin a las protestas contra los proyectos de petróleo y gas. Sin embargo, siguen surgiendo disputas, con nueve contratos para proyectos en todo el país actualmente en revisión para su reactivación, tras su anterior suspensión debido a la oposición de la comunidad.
La administración de Petro se ha comprometido a no conceder nuevos contratos de petróleo y gas en Colombia, pero dijo que respetaría los ya existentes.
Ebaristo Tegría, abogado y profesor U’wa, declaró a Diálogo Chino que su pueblo quiere ser el que decida lo que ocurre en su tierra. “Todos los proyectos extractivos deben ser cancelados”, dijo. “Ecopetrol ya tiene tres proyectos en nuestra tierra y ahora quiere empezar un cuarto. El gobierno sólo piensa en los ingresos”.
El año pasado, el presidente Petro impulsó la ratificación del Acuerdo de Escazú, el histórico tratado latinoamericano que establece normas regionales sobre el derecho de acceso a la información y la participación en asuntos medioambientales.
El tratado está a la espera de la confirmación final de la Corte Constitucional del país.
Para Tegría, sin embargo, su aplicación sigue siendo una perspectiva lejana, y las realidades para los defensores del ambiente siguen siendo difíciles. “El gobierno nos dijo en las audiencias públicas previas al inicio de un nuevo proyecto petrolero que la decisión era suya, no nuestra”, añadió.
Aún no se ha fijado una fecha para que la Corte Interamericana se pronuncie sobre el caso u’wa. Sin embargo, Tegría confía en que obtengan una sentencia favorable que no sólo los beneficie a ellos, sino también a otros grupos y organizaciones indígenas.
“Colombia tiene 115 comunidades indígenas y cada una tiene sus propios problemas. La sentencia puede sentar un precedente y demostrar a otras comunidades que pueden luchar por sus derechos”, dijo.
La sentencia del tribunal también podría sentar un precedente legal para los sistemas judiciales de toda América Latina.
“Lo que diga la Corte puede tener un gran impacto legal a nivel nacional”, dijo Wyatt Gjullin. “Pasa a formar parte de la legislación nacional de los Estados miembros. Puede reforzar los derechos de las comunidades indígenas de toda la región”, añadió.
Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa Diálogo Chino.
RV: EG
