PORTLAND, Estados Unidos – Aproximadamente 225 millones de personas de todo el mundo quisieran emigrar permanentemente a Estados Unidos. Pero dadas las políticas actuales de Estados Unidos, relativamente pocos de ellos podrán hacerlo legalmente.
En 2021, el número de personas que obtuvieron el estatus de residente legal en Estados Unidos fue de 740 000. Además, según las últimas tendencias, las proyecciones de población de la Oficina del Censo de Estados Unidos para las próximas cuatro décadas estiman una cantidad adicional por año aproximadamente 1,1 millones de inmigrantes legales a su población.
Por consiguiente, millones de hombres, mujeres y niños que desean emigrar a Estados Unidos pero no pueden hacerlo legalmente están recurriendo a la inmigración ilegal. En 2021, aproximadamente 1,13 millones de personas migraron ilegalmente a este país y durante el año fiscal 2022, más de 1,6 millones de migrantes fueron detenidos cruzando ilegalmente la frontera.
Asimismo, muchos inmigrantes ilegales están dispuestos a arriesgar su seguridad personal y sus vidas para llegar a Estados Unidos. Durante los últimos doce meses, no menos de 853 migrantes murieron tratando de llegar a Estados Unidos desde México, lo que convierte al año fiscal 2022 en el más mortífero para los migrantes no autorizados registrado por el gobierno estadounidense.
Por otro lado, durante los últimos quince años, la cantidad de niños que encuentran los oficiales de la Patrulla Fronteriza en la frontera sur ha crecido enormemente. Desde el año fiscal 2008, el número de detenciones de niños no acompañados se ha multiplicado por diecisiete, alcanzando un total de casi 622 mil.
Aproximadamente 97 % de los niños no acompañados provienen de cuatro países: Guatemala (32 %), Honduras (28 %), México (21 %) y El Salvador (16 %). Además, entre 2008 y 2019, el número de niños acompañados y no acompañados detenidos en la frontera sur, que alcanza un total general de 1,35 millones, se ha quintuplicado (Imagen 1).
El 11 de mayo, se espera que el gobierno finalice la política de pandemia de covid-19 del Título 42. Esa política, en la que se basó ampliamente el gobierno anterior, permitió a los funcionarios rechazar a cientos de miles de personas sin ofrecerles la oportunidad de solicitar asilo.
Además, a principios de marzo, un tribunal de Florida frenó otra política del gobierno, conocida como “libertad condicional + alternativa a la detención”. Esa política tenía como objetivo reducir las presiones migratorias no autorizadas mediante el uso de monitores de tobillo o una aplicación de teléfono.
A pesar de los anuncios y garantías de altos funcionarios del gobierno de Joe Biden, incluidos el secretario de Estado, Antony J. Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, de limitar el flujo de migrantes no autorizados a través de la frontera sur, se espera que la combinación de la decisión de la Corte en marzo y la finalización del Título 42 provoque una oleada masiva de decenas de miles de inmigrantes no autorizados más que lleguen a la frontera sur.
Los cruces ilegales estimados podrían llegar a 18 000 por día.
Como ha sido el caso en el último tiempo, cantidades tan grandes de inmigrantes no autorizados ya están abrumando los recursos fronterizos y abarrotando las instalaciones gubernamentales. A fines de abril, más de 20 000 migrantes estaban bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, más del doble de la capacidad nominal de los centros de detención de la agencia a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.
Se espera que a esos acontecimientos les siga la liberación de muchos inmigrantes no autorizados en el país sin una fecha de audiencia, lo que es considerado ampliamente como un incentivo para más ingresos ilegales. Esa decisión, a su vez, seguirá incurriendo en costos y creando presiones en las comunidades fronterizas, así como en las ciudades del interior del país.
Preparándose para el aumento esperado de inmigrantes no autorizados en la frontera sur del país, la administración de Biden está implementando varias medidas para abordar la crisis de inmigración ilegal.
Esas medidas incluyen abrir centros de procesamiento regionales, aumentar el número de refugiados del hemisferio occidental, hacer que los migrantes se inscriban en los programas de libertad condicional, programar una cita en la frontera a través de una aplicación, buscar protección de asilo en un país por el que viajaron y aumentar las vías de inmigración legal, incluso para que los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos se reúnan con sus familias en Estados Unidos.
Aunque dos proyectos de ley de inmigración promovidos por los republicanos se están tratando en la Cámara de Representantes, el Congreso aún tiene que aprobar la legislación de inmigración y es poco probable que lo haga en el período previo a las elecciones de 2024.
Como resultado, el presidente Biden ha utilizado su autoridad ejecutiva para tomar medidas que abran las puertas para que cientos de miles de migrantes ingresen legalmente a Estados Unidos.
Además del uso de programas de libertad condicional humanitaria para personas que huyen de la guerra y la agitación política, las medidas del gobierno de Biden ofrecen a los inmigrantes oportunidades para ingresar a Estados Unidos y obtener una autorización de trabajo si tienen un patrocinador privado.
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A mediados de abril habían llegado a Estados Unidos unos 300 000 ucranianos y, para el cierre de 2023, se espera que aproximadamente 360 000 migrantes de América Latina sean admitidos legalmente a través del patrocinio privado.
También con algunas excepciones, el gobierno planea prohibir el asilo a todos los migrantes no mexicanos que lleguen a la frontera sur estadounidense sin primero haber pedido asilo, y obtenido su negativa, en al menos uno de los países por los que pasaron en su viaje.
Sin embargo, los grupos de derechos humanos y sus partidarios se oponen a ese plan, porque creen que viola la ley estadounidense y han amenazado con demandar al gobierno.
La causa fundamental de la inmigración ilegal a Estados Unidos no es complicada.
La mayoría de los inmigrantes no autorizados que vienen a Estados Unidos lo hacen para escapar de las difíciles condiciones de vida.
La iniciativa de ayuda exterior del gobierno para mejorar esas condiciones en países como El Salvador, Guatemala y Honduras ha hecho relativamente poco para detener los niveles históricos de inmigración ilegal en la frontera sur.
Sin duda, es entendible que muchos de los que viven en condiciones duras, como la pobreza, el desempleo, la falta de servicios básicos, la violencia y la inestabilidad política, quieran emigrar. Sin embargo, tales condiciones de vida generalmente no son motivo para permitir la entrada legal a Estados Unidos.
Por consiguiente, muchos de los inmigrantes no autorizados que llegan a la frontera sur de Estados Unidos están solicitando asilo. Hasta la fecha, casi 1,6 millones de solicitudes de asilo están pendientes en los servicios de ciudadanía e inmigración estadounidense y en los tribunales de inmigración, que es la mayor cantidad de casos pendientes registrados.
Según el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a buscar y gozar de asilo en otros países frente a la persecución. El asilo se otorga a las personas que pueden demostrar que no pueden o no quieren regresar a su país debido a la persecución o un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo en particular.
La mayoría de los migrantes que han solicitado asilo en Estados Unidos no están detenidos. En 2022, aproximadamente 80 % de los migrantes no autorizados en la lista de solicitudes de asilo de los tribunales de inmigración nunca fueron detenidos.
A esos migrantes se les permitió permanecer en el país mientras se procesan sus casos, lo que lleva en promedio más de cuatro años. Durante ese período de tiempo, los migrantes toman medidas para integrarse en las comunidades locales, especialmente en lugares que ofrecen refugio a los inmigrantes ilegales.
La cantidad de casos pendientes de asilo en el tribunal de inmigración de Estados Unidos ha crecido rápidamente en el último tiempo. Entre 2012 y 2022 el número de casos pendientes en la cartera de asilo se multiplicó por siete, es decir, de alrededor de 106 000 a 757 000 (Imagen 2).
La mayoría de las solicitudes de asilo en Estados Unidos no cumplen con los criterios necesarios para obtener asilo. En los últimos años, aproximadamente 70 % de las solicitudes de asilo han sido denegadas.
Sin embargo, relativamente pocos de los migrantes cuyas solicitudes han sido denegadas son repatriados. La cantidad de deportaciones de no ciudadanos realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en el año fiscal 2022 es de 72 117.
Con una población mundial en crecimiento de 8 000 millones, la oferta de personas que desean emigrar a Estados Unidos, estimada en aproximadamente 225 millones de personas, supera con creces la demanda estadounidense de migrantes, que es una pequeña fracción de la oferta mundial.
En consecuencia, como resultado de los desequilibrios demográficos y económicos sustanciales, millones de hombres, mujeres y niños están recurriendo a la migración ilegal para asegurar una vida mejor en Estados Unidos.
Hasta el momento, ni el Congreso ni la Casa Blanca han presentado un plan efectivo para abordar la situación de inmigración ilegal de Estados Unidos.
Joseph Chamie es demógrafo consultor, exdirector de la División de Población de las Naciones Unidas y autor de numerosas publicaciones sobre temas de población, incluido su libro más reciente: “Niveles, tendencias y diferenciales de población: los asuntos demográficos más importantes”.
T: MLM / ED: EG
