NACIONES UNIDAS – La consolidación de la paz en Colombia depende de la capacidad de las autoridades para detener las manifestaciones violencia y de la implementación integral del acuerdo alcanzado en 2016, planteó este lunes 10 el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
Al informar al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación colombiana en el trimestre entre el 27 de diciembre de 2022 y el 26 de marzo de 2023, Guterres dijo que “los avances durante este periodo y el compromiso de las partes con el Acuerdo de Paz, aún en medio de inmensos desafíos, son motivos para el optimismo”.
Aun así, “la realidad ineludible sobre el terreno en Colombia actualmente es que la consolidación de la paz depende tanto de la implementación integral del Acuerdo como de la capacidad de las autoridades para frenar las expresiones de violencia que se continúan produciendo”, expresó.
En 2016 el gobierno y la mayor guerrilla de ese país durante seis décadas, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), firmaron un acuerdo de paz, con desmovilización y entrega de armas por parte de la insurgencia, aunque algunos grupos se mantuvieron en rebeldía.
Las Naciones Unidas activaron una misión de verificación de esos acuerdos, que trimestralmente entrega informes al Consejo de Seguridad de la organización.
El presidente colombiano Gustavo Petro, en el poder desde el 7 de agosto de 2022, reactivó un proceso de diálogo con la que fue la segunda guerrilla en importancia numérica, Ejército de Liberación Nacional (ELN), y llamó al diálogo a las disidencias de las Farc y otros grupos en armas.
“La realidad ineludible sobre el terreno en Colombia actualmente es que la consolidación de la paz depende tanto de la implementación integral del Acuerdo como de la capacidad de las autoridades para frenar las expresiones de violencia que se continúan produciendo”: António Guterres.
Guterres aplaudió el “intercambio constructivo” que mantuvieron las delegaciones del gobierno y el ELN en el último ciclo de negociaciones en México, y manifestó su deseo de ver “resultados adicionales” en la siguiente ronda de negociaciones, entre ellos “el llamado de las comunidades a un cese al fuego”.
En el apartado de verificación de la reincorporación de los antiguos guerrilleros a la vida civil, el informe indica que 10 577 de los más de 13 000 excombatientes acreditados (2570 mujeres) continúan con su proceso de reintegración en más de 600 municipios fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación.
Pero la violencia de los factores armados persiste en Colombia, con acciones que se cobran vidas de excombatientes, militares, defensores de derechos y habitantes de zonas rurales e indígenas, principalmente.
Un ataque del ELN a una unidad del ejército regular, el 29 de marzo, causó la muerte de nueve militares.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz da cuenta del asesinato de más de 350 excombatientes de las Farc desde la firma del acuerdo de 2016, y de más de 1400 activistas por los derechos humanos, ambientales, laborales y de comunidades indígenas y afrodescendientes.
Aunque este último trimestre fue uno de los menos violentos contra exguerrilleros desde la dejación de armas en 2017, seis excombatientes de las Farc fueron asesinados entre diciembre y marzo, según el reporte de la ONU.
Registra que además “continúan otras formas de violencia en su contra, como amenazas, tentativas de homicidio, desaparición forzada y secuestro.
El informe considera que “las acciones de implementación del Acuerdo y las iniciativas de diálogo con distintos grupos armados realizadas por el gobierno en el marco de su política de ¨paz total¨ se refuerzan mutuamente”.
Califica de “reto fundamental para la consolidación de la paz” la necesidad de mejorar la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto, la de los líderes sociales y la de los excombatientes.
El representante especial del secretario general en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, hará una exposición ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 13 de abril.
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