GINEBRA – Transcurridos dos años del golpe militar del 1 de febrero de 2021, Myanmar experimenta una regresión en el campo de los derechos, deploró el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
“Según casi todas las medidas factibles, y en todas las áreas de los derechos humanos -económicos, sociales y culturales, tanto civiles como políticos-, Myanmar ha retrocedido profundamente”, afirma la declaración divulgada este viernes 27 por la oficina de Türk (Acnudh) en esta ciudad suiza.
El alto comisionado de derechos humanos de la ONU se encuentra en Venezuela, en el marco de una gira por América del Sur que ya le llevó a Ecuador y Colombia.
Según las fuentes de Acnudh, al menos 2890 personas han muerto en estos dois años en Myanmar a manos de militares y personas que trabajan con ellos, y 767 de las víctimas perecieron después de ser detenidas con vida.
Los militares tomaron el poder el 1 de febrero de 2021, alegando fraude en favor del partido civilista Liga Nacional Democrática (LND) en las elecciones generales realizadas pocas semanas antes, y de inmediato el país se cubrió de manifestaciones de protesta que fueron reciamente reprimidas.
El hasta entonces presidente, Win Myint, y la lideresa de la LND Aung San Suu Kyi, distinguida con Nobel de la Paz en 1991, fueron encarcelados, sometidos a juicio y ya han recibido sentencias por los primeros cargos que se les formularon.
Se han desplazado poblaciones enteras y emergieron grupos armados de resistencia, principalmente en las provincias fronterizas, incrementándose el clima de crisis y violencia que afecta a los 55 millones de habitantes de ese país del sudeste asiático, también conocido por su antiguo nombre de Birmania.
Türk dijo que “a pesar de las claras obligaciones legales de los militares de proteger a los civiles en la conducción de las hostilidades, ha habido un desprecio constante por las normas relacionadas del derecho internacional”.
“Lejos de salvarse, los civiles han sido el objetivo real de los ataques: víctimas de bombardeos de artillería y ataques aéreos selectivos e indiscriminados, ejecuciones extrajudiciales, el uso de la tortura y la quema de pueblos enteros”, agregó.
Elogió “el coraje de todos aquellos que han perdido la vida hasta ahora en la lucha por la libertad y la dignidad en Myanmar, y el continuo dolor y sufrimiento de sus familias y seres queridos”.
Dijo que “una asombrosa cantidad de 1,2 millones de birmanos han sido desplazados internamente y más de 70 000 han abandonado el país” a raíz del golpe, uniéndose a más de un millón de otras personas que ya habían huido.
La mayor parte de ese millón de emigrados corresponde a personas de la etnia rohinyá, de confesión musulmana y habitantes en el norte del país, que han buscado refugio en Bangladesh y otros países vecinos, al cabo de décadas de persecución.
Acnudh tiene información de que más de 34 000 estructuras civiles, incluidas casas, clínicas, escuelas y lugares de culto, han sido quemadas en los últimos dos años.
La economía de Myanmar –de base agrícola, forestal y minera- se ha derrumbado, con casi la mitad de la población que ahora vive por debajo del umbral de la pobreza. Organismos de las Naciones Unidas dan cuenta de un repunte en la superficie sembrada y la cosecha de amapola, insumo para fabricar heroína.
La declaración de Türk destacó que desde el 1 de febrero de 2021 “el ejército ha encarcelado a todos los líderes democráticamente elegidos del país y, en los meses posteriores, ha detenido a más de 16 000 personas, la mayoría de las cuales enfrentan cargos engañosos en tribunales controlados por militare”.
Eso comporta “una flagrante violación del debido proceso y los derechos a un juicio justo”, subrayó.
“Debe haber una salida a esta situación catastrófica, en la que cada día se profundizan más el sufrimiento humano y las violaciones de los derechos”, dijo Türk.
Recordó que “los líderes regionales, que se comprometieron con el liderazgo militar a través de la Asean (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) acordaron un Consenso de Cinco Puntos que los generales de Myanmar han tratado con desdén”.
“Dos de las condiciones críticas que se acordaron, cesar toda violencia y permitir el acceso humanitario, no se han cumplido. De hecho, hemos visto lo contrario. La violencia se ha disparado fuera de control y el acceso humanitario se ha restringido severamente”, expuso el responsable de derechos humanos de la ONU.
Otra medida políticas crucial para resolver la crisis es “la liberación de todos los presos políticos, incluida la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi y el presidente Win Myint, tal como lo pide el Consejo de Seguridad de la ONU”, añadió.
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