LA HABANA. La proyección de crecimiento económico en Cuba sigue siendo insuficiente para un país que impactado por la emigración, la inflación y las bajas producciones, tiene entre muchos desafíos que una mayoría de sus ciudadanos perciba mejorías en sus condiciones de vida.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Planificación, el producto interno bruto (PIB) de esta nación insular caribeña creció 2 % en 2022 y estimó que en los venideros 12 meses debe hacerlo 3 %.
Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reduce a la mitad esas expectativas para 2023.
Expertos estiman que Cuba requiere un crecimiento anual sostenido de al menos 6 % para sustentar sus planes de desarrollo.
De enero de 2020 hasta fines de septiembre de 2021, el PIB cubano se contrajo 13 %, motivado por los efectos de la pandemia, y las medidas de la administración del expresidente Donald Trump (2017-2021) que fortalecieron el embargo de Estados Unidos contra la isla, mantenido desde 1962.
Pero los años previos a esas contingencias estuvieron marcados por bajos ritmos de crecimiento y siguen sin alcanzarse las deseadas metas de inversión extranjera directa, de al menos 2500 millones de dólares anuales.
“Con la elevada inflación el trabajador cubano ve perder su capacidad adquisitiva. Ello no motiva al trabajo y lleva necesariamente a la disminución de la productividad”: Omar Everleny Pérez Villanueva.
Sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca y la construcción reciben inversiones muy por debajo de las que absorben, por ejemplo, los servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler que incluye la construcción de hoteles, de acuerdo con estadísticas oficiales.
A ello se suma la descapitalización de la mayoría de las industrias, baja productividad y un grupo de reformas económicas que pese al consenso popular y aprobación en 2011, ha sufrido demoras o su implementación se ha visto malograda.
Deseos frente a realidades
“Ojalá el año próximo tengamos un respiro y realmente comiencen a mejorar las cosas, que veamos un poco más de alimentos, no escaseen las medicinas y deje de ser un dolor de cabeza moverse con el transporte público”, dijo a IPS Juana María Limonta, una jubilada residente en La Habana.
La reforma monetaria iniciada a inicios de 2021, con una economía prácticamente paralizada por la pandemia de covid, incrementó el dinero circulante y disparó los precios en medio de la escasez de productos. El proceso tampoco ha contenido la dolarización parcial.
Siguen sin apreciarse los resultados de decenas de medidas gubernamentales dirigidas a estimular la producción, sobre todo en el campo, en esta nación que en el pasado fue agrícola y que ahora debe importar 70 % de los alimentos para una población de 11,1 millones de personas.
El ingeniero eléctrico Sergio Núñez asegura que percibiría una recuperación económica “si bajan los precios y con mi salario en pesos cubanos puedo adquirir alimentos y otros insumos que solo se encuentran en tiendas en divisas o en el mercado negro, y en ambos casos muy caros”.
Núñez, residente en la localidad de Santa Cruz del Norte, 45 kilómetros al este de La Habana, refirió a IPS que desearía el venidero año “comprar a precios asequibles el cemento y otros materiales para terminar mi casa, y no seguir viviendo con mi esposa y dos hijos en casa de los suegros”.
La disponibilidad y precios de los materiales de construcción y mobiliarios resultan otro quebradero de cabeza para numerosas familias cuando el país acumula un déficit de más de 863 000 viviendas y cerca de un tercio de los 3,9 millones de hogares están dictaminados en regular y mal estado.
Durante las sesiones del 12 al 14 de diciembre de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el unicameral parlamento cubano, trascendió que durante el año se concluyeron poco más de 21 200 viviendas, 58 % de las planificadas.
Para 2023 se aspira a culminar 30 000 inmuebles, un ritmo que de mantenerse supondría eliminar el actual déficit en más de 28 años.
“Con la elevada inflación el trabajador cubano ve perder su capacidad adquisitiva. Ello no motiva al trabajo y lleva necesariamente a la disminución de la productividad”, argumentó al conversar con IPS el economista Omar Everleny Pérez Villanueva.
En una de sus intervenciones ante el parlamento, el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que la inflación, escasez de ofertas, depreciación e inconvertibilidad de la moneda nacional son desequilibrios macroeconómicos que “han producido un deterioro sustancial del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores y pensionados y de las condiciones de vida de la población”.
Año complejo
La economía cubana en 2022 recibió los impactos negativos de la explosión en el capitalino hotel Saratoga, el 6 de mayo, y el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, entre el 5 y el 11 de agosto.
El tránsito del poderoso huracán Ian el 27 de septiembre por la provincia de Pinar del Río, dañó más de 100 000 viviendas, las redes eléctricas y de telecomunicaciones, así como cultivos –incluido el importante renglón exportable del tabaco-, en ese territorio y otros del oeste cubano.
Continuas roturas y mantenimientos de las vetustas centrales termoeléctricas durante la mayor parte del año condujeron a una crisis energética con apagones de 12 y hasta más horas en casi la totalidad de las 15 provincias.
Cuando casi finaliza el año se constata una reducción significativa de los cortes eléctricos, en paralelo a la disminución de la demanda del servicio por las más frescas temperaturas de la estación invernal.
A ello se añaden inversiones que van devolviendo vitalidad a algunas de las plantas, junto con el alquiler de patanas (centrales eléctricas flotantes) y la incorporación de motores a base de fueloil y diésel, para sumar potencia generadora.
Atribuido fundamentalmente al estado de la economía y las barreras para emprender sus proyectos de vida en Cuba, más de 224 000 cubanas y cubanos emigraron tan solo a Estados Unidos, entre octubre de 2021 y septiembre de 2022.
El éxodo de más de 2 % de la población, fundamentalmente de jóvenes y profesionales, impacta negativamente en los planes de desarrollo de un país marcado, además, por un acelerado envejecimiento demográfico.
Ir a las causas reales
El plan de la economía para 2023 incluye un programa de estabilización macroeconómica que, según las autoridades, contempla medidas regulatorias para captar mayores ingresos dirigidos a financiar servicios y programas sociales, así como tratar de reducir el déficit fiscal, estimado en más de 68 000 millones de pesos (más de 2 800 millones de dólares).
Entre otras decisiones polémicas, el Ministerio de Finanzas y Precios anunció que a partir de 2023 prevé definir valores mínimos de ingresos para el cálculo de los tributos (sobre ventas e ingresos personales), y modificará la base imponible para aplicar el impuesto sobre el total de las ventas y servicios de las micro, pequeñas o medianas empresas (mipymes).
El organismo comunicó que los negocios reconvertidos en mipymes o las de nueva creación dejarán de estar exoneradas del pago de impuestos por un periodo de seis meses y un año, respectivamente, como ocurría hasta el momento.
No obstante, el ente aclaró que mantiene beneficios e incentivos como la exención del pago del impuesto sobre utilidades a los parques tecnológicos, por un período de cinco años, y en el caso de personas naturales que importan sistemas fotovoltaicos y equipos que utilizan fuentes renovables de energía, entre otros.
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“Eliminar las exenciones para las mipymes muestra desconocimiento o deseos expresos de no apoyar al sector, lo que va en contra de haber aprobado hace solo un año su nacimiento”, consideró en diálogo con IPS la profesora e investigadora Iliana Fernández, coordinadora de la Red de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de La Habana.
Solicitadas durante años, el gobierno autorizó la constitución de mipymes desde septiembre de 2021, como parte de un plan de reactivación económica pospandemia dirigido a incrementar la producción de alimentos y de otros bienes y servicios.
Hasta el 30 de noviembre se autorizaron 5895 de estos actores (en su mayoría privados), que deben generar unos 102 000 empleos, pero la paralización de nuevas aprobaciones en las últimas semanas levantó entre economistas y empresarios resquemores sobre la aplicación de posibles lastres a un sector sobre el cual pesan aún suspicacias.
Las autoridades gubernamentales afirmaron con anterioridad que las mipymes son un complemento de la economía, actúan en igualdad de condiciones que el resto de los actores económicos reconocidos y que no habría retrocesos ni frenos en la apertura al sector privado.
“Los sistemas tributarios, además de recaudar tienen la función de servir de incentivos o desincentivos… Cuando se comienza un negocio nuevo o bajo nuevas normas y rigor, en el caso de la reconversión, deben ser apoyados para su despegue”, analizó Fernández.
A juicio de Pérez Villanueva, el desarrollo económico durante más de seis décadas “aún presenta serias dificultades, reconocidas por las máximas autoridades, pero para resolverlas, se siguen utilizando los mismos mecanismos económicos, que no han sido eficientes, tales como control de precios o multas por acaparamiento”.
“Creo que deben ir a las causas reales del desorden económico que es incentivar producciones y quitar los nudos que aún existen, que más que financieros, son productivos”, sintetizó el experto.
ED: EG
