MÉXICO- La migraciones, la agudización de la desigualdad y la adaptación a la era digital son, después de la pandemia, tres de los desafíos más grandes que enfrentan los organismos públicos de Derechos Humanos en América Latina.
Reunidos en Ciudad de México durante tres días, 49 titulares de estos organismos estatales -locales y nacionales- de los 21 países que forman la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) reflexionaron sobre estos retos y plantearon la necesidad de trabajar más intensamente con los grupos que requieren atención prioritaria.
“Las defensorías atendemos a todos, pero hay una población que requiere más nuestra atención porque el que quiere pagar un abogado pues lo hace y ya está, pero hay gente que no sabe bien cuando tiene un problema como hacerlo”, dijo en entrevista con IPS la secretaria técnica de la FIO, Carmen Comas-Mata.
Pero los retos no son menores. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y anfitriona del encuentro, Nashieli Ramírez Hernández, reconoce que se requieren cambios profundos en el sistema No jurisdiccional de Protección de Derechos Humanos, para agiliza la atención y resolución de los problemas cotidianos de la gente en países que tienen profundas desigualdades.
“Lo importante es cómo te sientas a enfrentar los retos más allá de los diagnóstico…, tenemos que avanzar en una lógica del papel que tenemos para la atención reforzada de los grupos de atención prioritaria”, dijo Ramírez a IPS, durante el 26 Congreso de la FIO, celebrado el miércoles 30 de noviembre y el jueves 1 de diciembre.
Uno de ellos es la población migrante, que fue uno de los temas centrales del encuentro, en el que también participaron académicos y especialistas de distintas agencias de Naciones Unidas.
“En 2021 vimos un aumento sin precedentes de la población desplazada forzadamente de su región, sea internamente o cruzando fronteras internacionales”, dijo el chileno Joseph Herreros, representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
“Y no vemos, lamentablemente que esto vaya a cambiar en lo inmediato”, remarcó.
Según datos de la Acnur, en el continente americano hay 20 millones de personas refugiadas, en condición se asilo, desplazadas internas y apátridas.
Eso significa que una de cada 6 personas desplazadas en el mundo están esta región. Y mientras la violencia político social continúan y se exacerba, ahora se agregan los impactos negativos del cambio climático.
“Todo esto va generando un continuo desplazamiento forzado de la región que incluye a poblaciones muy vulneradas”, dijo Herreros
Con ese contexto, aseguró que las instituciones de derechos humanos de cada país, son fundamentales, ante la imposibilidad de los sistemas de asilo de los países de responder a la demanda, que están soportando “una presión desproporcionada”.
Un solo dato lo ilustra: México y Costa Rica ocuparon el tercero y cuarto lugar del mundo, de países receptores de solicitudes de asilo, solo detrás de Estados Unidos y Alemania.
México tuvo 130 000 solicitudes de asilo en 2021 y este 2022 ya tiene más de 100 000; en contraparte, las 151 000 personas que cruzaron las selvas del Darién, entre Colombia y Panamá, entre enero y agosto de este año ya superan las 133 000 que se registraron el año pasado
En ese mismo sentido, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Migrantes, el chileno Felipe González, advirtió durante la primera jornada del Congreso que la constante movilidad de personas en el planeta representa el gran desafío para los derechos humanos en la era digital.
La violencia de género, la invisibilización de la infancia y los problemas derivados de la tenencia de tierra y la expansión de actividades extractivas, que han exacerbado los riesgos de los defensores ambientales, fueron abordados en las mesas sobre redes de mujeres, infancia y comunicación.
Se trata de fenómenos marcados por la misma línea: la desigualdad que permea en América latina y que se acrecentó con la pandemia.
José Luis Caballero, investigador de la mexicana Universidad Iberoamericana, quien tuvo a su cargo la conferencia inaugural del Congreso, destacó la necesidad de cambiar el paradigma de los derechos humanos.
Para ello, argumentó, hay que plantear las discusiones sobre la desigualdad más allá del discurso de la discriminación y cuestionar el papel que juega la “discriminación neutra”, como definió a “estas acciones que son invisibles y que parecen neutras pero que invisibilizan a sectores de la población e infrarrepresentarlos”.
“La profunda desigualdad requiere que plantear esta idea de igualdad, no solamente para contener a la ley de tratos diferenciados, sino de posicionarnos de manera distinta frente a la ley, frente a la autoridad y los demás, desde el conjunto de soluciones de la vida social, en función de la manera de ser personas, y de la manera en la que concebimos a la sociedad, a la cultura, el mundo, la política, y la manera de relacionarnos”, dijo Caballero.
Los defensores de pueblos originarios y procuradores de derechos humanos de la región coincidieron también en que la pandemia incrementó las desigualdades y puso en la agenda violaciones de derechos humanos que no eran tan visibles, como la falta de acceso a la educción y a la salud pública.
En ese sentido, coincidieron en que uno de los principales retos será la adaptación de los organismos públicos de defensa de derechos humanos al mundo digital.
“La pandemia ha sido un parón, no solo para la sociedad sino también para la administración. Ha habido gente que se ha quedado sin diagnosticar, sin cobrar los subsidios o sin trabajo. Eso hace que las oficinas de defensores del pueblo tengan más problemas que antes, que tengamos problemas que tenemos que solucionar es el reto más grande: hacer que las cosas vuelvan a funcionar”, dijo Comas-Mata a IPS.
“Las defensorías tenemos que hacer un esfuerzo de adaptación al cambio y en ese cambio sin duda están las redes sociales. Muchas reciben las quejas por escrito con un documento”, se lamentó la secretaria técnica de la FIO, quien también es directora de asuntos internacionales de la Defensoría del Pueblo de España.
“Yo llevo 20 años en mi institución y cuando admitimos las quejas por email (correo electrónico) fue una revolución, ahora ¿por qué no admitirlas por WhatsApp, por ejemplo”, se preguntó la especialista española.
A su juicio, “sobre todo el tema de dar información es importante que nos podamos adaptar a esa evolución tecnológica”. “Ahí tenemos un reto importante que es adaptarnos a la modernidad y eso cuesta. Si nos evitamos la burocracia podemos ser mucho más eficientes”, dijo.
“Los defensores del pueblo somos unas figuras raras, dependemos de la política, pero tenemos que tener la suficiente posibilidad de poner límites y luego hay que pelear contra ellos”, adujo Ismael Rins, el defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto, en Argentina.
La razón, remarcó en diálogo con IPS, es que “el poder trabaja como sabe trabajar el poder: cooptando la educación, la justicia”
“Contra eso estamos, en una región, donde no pareciera que se va a revertir esta situación y donde además nos venden una idea de desarrollo que ya fracasó”, dijo el defensor argentino.
Un aliado fundamental, reconocen los defensores, deberían ser los medios de comunicación. Pero no es una tarea sencilla, porque la vuelta de tuercas en el andamiaje de los organismos de derechos humanos requiere voluntad y capacidad de hacer mensajes asequibles a la población.
“El desafío es hablarle a los que no están convencidos de los derechos humanos”, concluyó Rins.
ED: EG
