MÉXICO – Ecuador se suma a países como Colombia y Perú en la desprotección de mujeres venezolanas que son refugiadas sobrevivientes de violencia basada en género, y esa tendencia debe ser revertida con urgencia, planteó este jueves 17 la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
Erika Guevara Rosas, directora de AI para el hemisferio, dijo desde la sede regional en esta capital que “resulta preocupante constatar que Ecuador, como Estado, acompaña a Colombia y Perú en su inaceptable trato a las mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia basada en género”.
“Siendo el tercer país receptor de personas que huyen de las masivas violaciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela, el Estado ecuatoriano debe atender y revertir de manera urgente la situación de desprotección de las mujeres venezolanas,” agregó Erika Guevara Rosas.
Con 502 214 personas en el país a agosto de 2022, Ecuador se sitúa solo detrás de Colombia y Perú como mayor país receptor de personas refugiadas venezolanas, habiendo recibido estos países 2,5 y 1,5 millones de venezolanos, respectivamente.
El total global aumenta regularmente y ya supera los 7,1 millones de personas, mientras se incrementa el número de países que restringen su entrada y la protección, como es el caso de Estados Unidos, según AI.
En Ecuador, las mujeres y niñas representan aproximadamente la mitad de ese medio millón de personas y, en su mayoría, se encuentran en una situación migratoria irregular.
Independientemente de su condición migratoria actual en el país, AI se refiere a ellas como mujeres refugiadas.
La organización considera que las personas venezolanas que abandonaron su país por violaciones masivas de derechos humanos tienen necesidades de protección internacional y deben ser reconocidas como personas refugiadas.
“Resulta preocupante constatar que Ecuador, como Estado, acompaña a Colombia y Perú en su inaceptable trato a las mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia basada en género”: Erika Guevara Rosas.
La investigación de AI recogió una serie de testimonios de venezolanas afectadas por situaciones de desprotección, discriminación, violencia basada en género y en riesgo de explotación laboral, sexual y trata de personas en varias ciudades ecuatorianas.
Por ejemplo, en la ciudad de Huaquillas (frontera suroeste con Perú) una joven relató que “cuando vivía en Quito Cuando vivía en Quito, no podía ni siquiera ir al supermercado tranquila. Siempre había un señor ecuatoriano que se me acercaba en la puerta para que tenga relaciones sexuales con él”.
“Siempre me hacía sentir humillada cuando me decía que todas las venezolanas somos así. Cuando le decía que no, me insultaba más. Tenía que ir con mis hermanos mayores y sin mi bebé para que me dejare en paz”, agregó.
En Machala, capital de la provincia de El Oro donde también está Huaquillas, otra migrante relató que “empecé a hacer trabajos en la calle, con mi cuerpo. Se me salían las lágrimas de los ojos porque hacías algo que no querías hacer por unos centavitos, por no pasar la noche sin comer”.
“Quise conseguir uno de esos trabajos que tú puedes hacer en una tienda, pero la discriminación es fuerte”, agregó la testigo.
En Quito, otra venezolana dijo que “mi pareja y yo teníamos un carrito, y mientras trabajábamos siempre pasaba por la calle un señor ecuatoriano que nos insultaba con groserías, ´váyanse, lárguense a su país´”, nos decía.
Un total de 99 personas fueron entrevistadas en la investigación de AI, incluyendo 63 mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, 19 representantes de organizaciones de la sociedad civil, siete de organizaciones internacionales y 10 de entidades de gobierno.
La investigación abordó los derechos de las mujeres venezolanas a solicitar protección como refugiadas y a una vida libre de violencia, y constató que no lo garantizan las autoridades ecuatorianas.
“A pesar de contar con la definición de persona refugiada de la Declaración de Cartagena de 1984 en el artículo 98 de su Ley Orgánica de Movilidad Humana, las autoridades ecuatorianas raramente aplican esta definición”, dice el texto de AI.
Entre 2018 y 2022, tan sólo 555 mujeres fueron reconocidas formalmente como refugiadas, y algunas mujeres reportaron que las autoridades les disuadieron de solicitar protección internacional.
Con serios obstáculos para acceder a los mecanismos alternativos de regularización migratoria existentes, las venezolanas quedan en situaciones de mayor riesgo de sufrir violencia y discriminación por su condición migratoria irregular, dice AI.
En cuanto a la falta de garantía del derecho a una vida libre de violencia, el informe resalta que la violencia basada en género es una problemática sistémica y prevalente en Ecuador: dos de cada tres mujeres sufren algún tipo de violencia basada en género durante el transcurso de su vida.
En ese contexto, las mujeres venezolanas refugiadas están en aún más riesgo de enfrentar violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, gineco-obstétrica y cibernética en espacios públicos y privados, en su ruta migratoria y su lugar de destino, expuso el informe.
Esa vulnerabilidad a la violencia se exacerba para aquellas mujeres en situación migratoria irregular, como es el caso de la mayoría de las mujeres venezolanas en Ecuador, muchas de las cuales temen reportar violencia de género por miedo a ser expulsadas del país o multadas.
Los estereotipos y discriminación de género y xenofobia contra mujeres venezolanas, ausencia de recursos, y la falta de institucionalización de buenas prácticas, abonan la falta de acceso a mecanismos de protección y al sistema de justicia.
Todos estos factores hacen que el acceso a la justicia y reparación para las mujeres venezolanas sea una utopía en la práctica, violentando su derecho a una vida libre de violencia, concluyó el informe de AI.
“Ecuador, Colombia, Perú y los demás países que reciben a personas venezolanas en búsqueda de protección internacional les deben una respuesta coordinada, urgente y garantista de los derechos humanos”, insistió finalmente Guevara Rosas.
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