SAN SALVADOR – Las redadas policiales contra pandilleros en El Salvador, en el contexto de la suspensión de derechos civiles, ha alcanzado a personas de la comunidad Lgbti en El Salvador, y todo apunta a que han sido detenidas por razones de odio a su identidad sexual.
Testimonios recogidos por IPS revelaron que en algunas de esas detenciones privó una actitud de odio hacia personas gais y sobre todo transexuales, por parte de efectivos policiales.
“Casos así, que revelan ese odio hacia personas gais o trans están pasando, pero las organizaciones no dicen mucho, por el temor que se siente ahora en el régimen de excepción”, dijo a IPS un activista de Cultura Trans, una organización con base en San Salvador, del colectivo Lgbti (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales).
Odio a los homosexuales y trans
El activista, quien pidió mantener su nombre en reserva, dijo que un miembro de esa organización, un hombre gay conocido como Carlos, se encuentra detenido desde el 13 de julio, por denunciar la captura, realizada dos meses atrás, de su hermana Alessandra, una mujer trans.
Las autoridades los han acusado de agrupaciones ilícitas, la figura legal de la que se vale el Estado para detener a quienes considera pandilleros o colaboradores de pandillas, en el contexto del régimen de excepción.
“Fue un caso montado el de Carlos, fue inventado, nuestro compañero es un activista en derechos humanos en la comunidad trans, tenemos documentos que demuestran que él participa en nuestros talleres, en nuestras actividades”, dijo la fuente.
La suspensión de algunos derechos civiles, conocido como régimen de excepción, está vigente en El Salvador desde el 27 de marzo, fecha en que el gobierno de Nayib Bukele inició una cruzada contra las pandillas delictivas, con el respaldo de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante, Nuevas Ideas.
Esos grupos criminales han sido responsables de la mayoría de crímenes cometidos en este país centroamericano, desde hace décadas.
“Casos así (de detenciones arbitrarias), que revelan ese odio hacia personas gais o trans están pasando, pero las organizaciones no dicen mucho, por el temor que se siente ahora en el régimen de excepción”: Cultura Trans.
La Constitución indica que la vigencia del régimen de excepción es de 30 días, prorrogable por un periodo igual. Pero una laguna legal, al no establecer un periodo exacto de determinación, ha permitido al gobierno y la Asamblea prorrogar la medida cada mes, bajo el argumento de que así se hizo durante los años 80, en plena guerra civil (1980-1992), cuando imperó ese régimen de excepción.
Esa interpretación solo podría ser modificada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero Bukele impuso, con el respaldo de la Asamblea Legislativa, en esa sala a cinco magistrados de su confianza, en mayo de 2021, en lo que supuso según sus críticos el comienzo de una deriva autoritaria del gobernante, dos años después de llegar al poder.
Desde ese 27 de marzo, las autoridades policiales y militares han capturado y encarcelado a unas 58 000 personas.
En la mayoría de los casos no hay órdenes de capturas emitidas por un juez, y las detenciones tienen como base, en general, expedientes de pandilleros en poder de los organismos policiales a autoridades.
Además, progresivamente se han sumado denuncias anónimas realizadas por la población a un centro de llamadas habilitado por el gobierno.
“El régimen de excepción te expone a un fiscal ineficiente, incapaz de investigar y de vincular delitos con personas”, señaló a IPS William Hernández, director de Entre Amigos, una organización Lgbti fundada en 1994.
Agregó: “Si a algún policía se le ocurre hacerte una ficha, salen a buscar a la gente, pero nadie ha dicho quién hace la ficha, de dónde sale la información, nadie sabe quién investigó”.
Entre esos 58 000 detenidos se encuentran unas 40 personas de la comunidad Lgbti, según reveló un informe hecho público en octubre por Cristosal y otras organizaciones de derechos humanos que monitorean los abusos cometidos por el Estado salvadoreño en ese régimen de excepción.
Esas organizaciones han recogido unas 4000 denuncias de detenciones arbitrarias y otros abusos, incluso torturas, cometidas contra los detenidos. Alrededor de 80 personas han fallecido en manos del Estado, mientras permanecían en prisión.
Homotransfobia policial
En el caso de Carlos, de 32 años, y de su hermana Alessandra, de 18, lo que sabe es que ella fue detenida en mayo, en uno de los operativos policiales, en un barrio pobre en el norte de San Salvador.
La capturaron por no tener su documento de identidad personal. Ella había cumplido recientemente sus 18 años, la mayoría de edad y a partir de lo cual debería de haber obtenido ese documento para cualquier tipo de trámites.
Los policías que la detuvieron dijeron a la madre que se la llevaban solo por 72 horas, mientras se dilucidaba su situación.
Sin embargo, algo que pudo investigarse y resolverse fácilmente, se convirtió en una agonía para ella y para su familia, sobre todo para la madre, que enfrentaba varios achaques de salud, dijo el activista de Cultura Trans.
“Estaba en las bartolinas (calabozos) de la Zacamil (una delegación policial de ese barrio pobre), le fuimos a dejar alimentos, luego la enviaron al penal de Mariona, nos dimos cuenta de que había sido golpeada y abusada sexualmente, porque estaba en un recinto de hombres”, contó la fuente.
Agregó: “Cuando se llevaron a Alessandra, la mamá nos contó que los policías le decían, culero, te vamos a llevar a que te violen, a que te cojan, lo cual pasó de verdad. Te vamos a llevar para que aprendás a no andarte vistiendo de mujer”.
Culero es un término peyorativo usado en El Salvador contra los gais.
Mientras tanto, Carlos, el hermano, denunciaba en actividades de la comunidad Lgbti la detención de Alessandra.
En mayo, en una marcha contra la homolesbotransfobia, es decir, contra el odio los gais, lesbianas y personas trans, portó varios carteles hechos a mano pidiendo la libertad de su hermana.
Las autoridades llegaron a la casa de Carlos, y lo amenazaron con que pronto lo detendrían a él también, lo cual sucedió, en efecto, el 13 de julio.
Según la fuente, los agentes y fiscales montaron un caso y lo acusaron de agrupaciones ilícitas y piden una pena de 20 años de cárcel.
“No es por agrupaciones ilícitas, lo sabemos bien, es por ser un activista de derechos humanos en la comunidad Lgbti y por pedir la liberación de su hermana”, subrayó el activista de Cultura Trans.
“Lo queremos de nuevo con nosotros, al igual que a su hermana”, denunció.
Subregistro oculta más casos
Las 40 personas detenidas de la comunidad Lgbti registradas, según los reportes de las organizaciones, representan una cifra pequeña del total de capturados, pero pudiera haber un subregistro de casos no documentados, sobre todo sucedidos en zonas rurales.
“En el país, aunque pequeño, pueden haber casos en lugares recónditos que ni saben ni nunca han acudido a una oenegé. Son casos que quedan invisibles,”, señaló a IPS Catalina Ayala, una mujer trans activista de Diké, organización Lgbti cuyo nombre denomina a la justicia en la mitología griega.
Ayala dijo que, pese a que ella personalmente no ha sentido ningún tipo de transfobia por parte de las autoridades, al caminar por las calles de San Salvador, ni que su organización tenga reportes concretos de casos como el de Alessandra, tampoco descartó que pudieran estar sucediendo.
“Creo que es positivo que las autoridades detengan a pandilleros, pero no a personas que nada tienen nada que ver con el crimen, o solo porque son Lgbti”, acotó.
La abogada de esa organización, Jenifer Fernández, dijo que hasta la fecha, como institución, han dado asistencia legal a 12 personas de la comunidad Lgbti detenidas, la mayoría de los casos vinculados a que no portaban sus documentos de identidad.
En uno de esos casos, sí hubo expresiones de parte de las autoridades policiales que pudieran entenderse como odio transfóbico, aunque también se puede entender que había una sospecha básica, pues era una mujer trans sin documentos de identidad personal.
“Era una chica de 25 años que nunca había tenido DUI, el documento de identidad, porque sufría de disforia y temía ir a registrarse, temía que le pidieran que se cortara el cabello, que se desmaquillara”, apuntó Fernández.
Disforia es la angustia clínica experimentada por algunas personas cuyas identidades de género no corresponden a las del sexo con el que nacieron y repercute en su discapacidad para desenvolverse socialmente.
“El acta de detención decía que era un pandillero disfrazado de mujer, que no sabían quién era, que ella decía un nombre, pero cómo se comprobaba eso sin el DUI”, explicó la abogada.
Añadió que, en general, con o sin régimen de excepción, las mujeres trans son las que más sufren de acosos, burlas y otras agresiones.
De los 12 casos, 11 personas ya están fuera de la cárcel, solo una permanece dentro porque, según la policía, sí hay evidencia de que pudo haber estado relacionado con pandillas, aunque se desconocen los detalles de esas evidencias.
Llamado a parar los abusos
El 11 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por “la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias” cometidas por las autoridades salvadoreñas, en el contexto del régimen de excepción.
Además, abogó por el incumplimiento de las garantías judiciales, por lo que llamó al Estado “a implementar acciones de seguridad ciudadana que garanticen los derechos y libertades que están establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en consonancia con los estándares interamericanos”.
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Entre los derechos constitucionales suspendidos desde el inicio del estado de excepción el 27 de marzo, se encuentran el de asociación y reunión, aunque el gobierno lo enmarcó solo a grupos delictivos que estuvieran reunidos para organizar crímenes.
También se restringe el derecho a la defensa y se extiende el periodo en que una persona puede ser detenida y presentada a los tribunales, que la legislación sitúa en un máximo de tres días.
El 16 de noviembre, la Asamblea Legislativa, controlada por el gobernante Nuevas Ideas, aprobó una nueva prórroga del estado de excepción, algo que viene haciendo al final de cada mes.
Diputados de Nuevas Ideas han asegurado que la restricción de derechos civiles se va a prorrogar hasta que sea necesario, detallando que será «hasta que se detenga al último pandillero». Se calcula que en este país de 6,7 millones de personas los grupos criminales tienen entre 60 000 y 70 000 miembros.
El partido de Bukele cuenta con 56 diputados, en una Asamblea de 84 legisladores, lo que se eleva a 60 con tres fuerzas aliadas, lo que le asegura una amplia mayoría absoluta.
ED: EG
