BUENOS AIRES – «Desde noviembre de 2020, las amenazas, intimidaciones y presiones que he sufrido debido a mi trabajo en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza son similares a las que han sufrido decenas de líderes que viven en la región. He vivido los asesinatos de tres amigos y líderes medioambientales”, dice el colombiano Oscar Sampayo.
Él se ha opuesto activamente a las explotaciones petrolíferas y mineras de la región del Magdalena Medio en Colombia, documentando el impacto en la comunidad local y el medio ambiente. Ha sido amenazado en varias oportunidades por grupos paramilitares involucrados en el narcotráfico como las Águilas Negras.
Luego de Brasil, Colombia es el segundo país que más asesinatos de líderes ambientales ha registrado en la última década, de acuerdo al reciente informe de la organización inglesa Global Witness. Desde 2012, un total de 1733 activistas fueron asesinados en todo el mundo, 70 % de los cuales ocurrieron en América Latina.
Las cifras subestiman la verdadera magnitud de la violencia, sostienen los autores del informe. Muchos de los casos no llegan a denunciarse formalmente por producirse en zonas de conflicto o donde hay “restricciones a la libertad de prensa o la sociedad civil y por falta de independencia en el monitoreo en los ataques”.
Además, pocos responsables de los asesinatos son llevados a la justicia porque los gobiernos no investigan adecuadamente los crímenes. Las autoridades ignoran o impiden activamente las investigaciones sobre los asesinatos, muchas veces por la supuesta convivencia entre los intereses empresariales y los estatales.
“En todo el mundo, los pueblos indígenas y los defensores del ambiente arriesgan sus vidas en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Los activistas y las comunidades desempeñan un papel crucial como primera línea de defensa contra el colapso ecológico”, sostuvo Mike Davis, director ejecutivo de Global Witness.
Una década de asesinatos
Brasil ha sido el país con el mayor número de asesinatos desde que Global Witness comenzó a informar sobre los defensores ambientales. Alrededor de un tercio de los 342 activistas asesinados desde 2012 eran indígenas o afrodescendientes, y más del 85% de los asesinatos se produjeron en la Amazonía brasileña.
La Amazonia se ha convertido en el principal escenario de la violencia e impunidad contra los defensores, sostienen los investigadores. Desde que el presidente Jair Bolsonaro ha llegado al poder en 2018, se ha fomentado la deforestación y la minería ilegal y recortado los presupuestos de organismos de protección de los bosques.A principios de este año, los asesinatos del periodista británico Dom Phillips y de un experto indígena local, Bruno Pereira, llamaron la atención mundial sobre las condiciones que existen en algunas zonas del Amazonas. Phillips y Pereira habían viajado al valle de Javari, una zona conocida por ser un foco de actividades ilegales.
“Por protestar contra delitos ambientales y los daños a nuestra salud, hemos sido sido objeto de amenazas de muerte, acoso legal y campañas de desprestigio”, sostiene Eliete Paraguassú de la comunidad Quilombola. “Seguiremos luchando contra el sistemático racismo ambiental contra las comunidades indígenas.”
En Colombia, la firma del Acuerdo de Paz con los grupos armados ya lleva más de cinco años pero su implementación no ha sido la adecuada, sostuvo Global Witness. Ello ha mantenido disputas por la tierra y violencia hacia los grupos más vulnerables, como los agricultores de pequeña y mediana escala y los pueblos indígenas.
Tal fue el caso de Sandra Liliana Peña, líder de una comunidad indígena en el departamento del Cauca, una de las zonas más sangrientas del país. Ella se había se había opuesto abiertamente al crecimiento de los cultivos ilegales y había sufrido amenazas. En 2021, cuatro hombres armados la mataron a tiros.
México se ha convertido también en uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales, con 154 asesinatos registrados en la última década, la mayoría entre 2017 y 2021. Las desapariciones forzadas son ya algo común, realizadas por grupos criminales organizados y oficiales gubernamentales corruptos, se lee en el informe.
Los territorios indígenas son altamente vulnerables a los proyectos extractivos a gran escala de empresas nacionales y extranjeras respaldados por el gobierno mexicano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la falta de consulta adecuada con las comunidades y los ataques a quienes se oponen.
En septiembre de 2021, las autoridades descubrieron seis conjuntos de restos humanos cerca del territorio de la comunidad Yaqui en el sur de Sonora, sospechados de pertenecer a diez hombres que desaparecieron en julio. Luego de múltiples desapariciones, la comunidad apuntó a empresas interesadas en las tierras de los yaquis.
El camino por delante para los defensores ambientales
Global Witness sostiene que en todo el mundo la situación de los defensores del medio ambiente ha empeorado en lugar de mejorar en los últimos años. La creciente crisis climática y de biodiversidad, así como la expansión de los gobiernos autoritarios, han provocado un aumento de los asesinatos desde 2018.
En 2021, el último año analizado por el reciente informe, 200 defensores ambientales fueron asesinados, es decir cuatro por semana. México fue el país con mayor número de asesinatos (54), seguido por Colombia (33) y Brasil (26). Cerca del 80% de los asesinatos en Brasil, Perú y Venezuela fue en la Amazonia.
A pesar de las sombrías estadísticas y del aumento del número de muertes en los últimos años, los investigadores resaltan algunos avances. En Honduras, un antiguo ejecutivo del sector energético fue condenado en junio de este año a 22 años de prisión por el asesinato de la activista Berta Cáceres en 2016.
También es esperanzador el acuerdo de Escazú, que entró en vigor en 2021. Es el primer tratado sobre ambiente y derechos humanos para América Latina y tiene entre sus objetivos prevenir a investigar los ataques a los defensores ambientales. Mientras que algunos países como México lo han ratificado, otros como Colombia aún no lo han hecho.
Global Witness pide a los gobiernos garantizar la seguridad de los defensores ambientales, creando nuevas leyes donde no las haya y aplicando las existentes. Al mismo tiempo, las empresas deben identificar y mitigar cualquier daño de sus operaciones en los defensores y asegurar responsabilidad corporativa en todos los niveles de acción.
“Todas y cada una de las muertes de un defensor son una señal de que nuestro sistema económico está roto. Alimentado por la búsqueda de de lucro y poder, hay una guerra por la naturaleza y las áreas de combate son las regiones biodiversas que quedan en la Tierra”, sostiene Global Witness en su informe.
Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa Diálogo Chino.
RV: EG
