BOGOTÁ – El domingo 7 de agosto toma posesión el primer presidente de izquierdas de la Colombia moderna, Gustavo Petro. El panorama que enfrenta no es fácil, pero tampoco imposible.
Superando los temores del statu quo, Petro ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Su victoria tiene raíces profundas en la desigualdad, la violencia y los déficits del Estado colombiano, pero el impulso definitivo a su victoria llegó tras el descontento y la indignación por el maltrato y el desprecio acumulados por los colombianos tras décadas de gobiernos conservadores.
Los más de 40 días de protestas y los 80 muertos causados por la brutal represión del gobierno durante el estallido social de 2021 fueron la gota que colmó el vaso del cambio.
Su gobierno enfrentará enormes retos, ahondados por la Colombia que deja Iván Duque; cuatro de cada 10 habitantes del país viven en la pobreza y casi 20 millones viven sin poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Es decir, el 6,1 por ciento viven en la pobreza extrema.
Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país con mayor desigualdad en América Latina, después de Brasil. Duque deja el déficit fiscal en 83 %: los gastos del país superan de largo sus ingresos y sin embargo las políticas sociales son extremadamente débiles y en amplias zonas del país el Estado está, simplemente desaparecido.
¿Cuáles son, a nuestro juicio, los tres principales desafíos que tendrá que afrontar el gobierno entrante?
Seguridad: reducción de la violencia
Según el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe ‘Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones para el Nuevo Gobierno‘, publicado a finales de julio de 2022, la política de seguridad del Estado colombiano durante los últimos dos años fue del todo insuficiente para reducir la vasta violencia del país.
La recomendación central del documento, se alinea con una de las promesas de campaña de Petro: reformar la política de seguridad del Estado para enfrentar a los grupos armados y a las organizaciones criminales asertivamente.
Para lograrlo, el presidente que asume este domingo 7 tendrá que implementar el Acuerdo de Paz con el fin de reducir la presencia de grupos armados en los territorios a través de una política estatal de desmantelamiento y, sobre todo, llamados a acuerdos de paz. Como ha contado el experto en seguridad Eduardo Álvarez en democraciaAbierta, el país tendrá que pasar de la paz pequeña a la paz total.
Petro ha indicado que buscará la implementación de los acuerdos con las FARC, así como nuevos diálogos con grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del golfo; agrupaciones que ya han dicho que están dispuestas a negociar con él.
Tras años de negligencia y de desprecio por parte del gobierno saliente, Colombia vuelve a hablar de paz. Petro acaba de visitar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, aunque la reunión se desarrolló a puerta cerrada, su peso simbólico es innegable,
“Su propósito de asegurar en Colombia la paz total no solo es un loable designio, sino un mandato constitucional y un presupuesto básico de convivencia”, dijo el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes durante el encuentro.
Para reducir la violencia, Petro también tendrá que priorizar la implementación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y relanzar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Los PDET son una herramienta esencial para constituir la paz en el territorio, porque son instrumentos especiales de planificación y gestión a 15 años que buscan estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, la debilidad institucional y las economías ilícitas para alcanzar el desarrollo rural de los 170 municipios escogidos como parte del programa.
Según cifras del gobierno, en estos municipios viven 6,6 millones de colombianos. Es decir, representa el 24 por ciento de la población rural del país. De lograr implementar los PDET, Petro tendría un acierto asegurado.
El PNIS por su parte, busca promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos a través de programas que ayuden a los cultivadores a superar sus condiciones de pobreza y marginalidad que derivaron, por años, en su dependencia de este tipo de cultivos para subsistir.
El programa, si se implementa correctamente, puede ser el puente para muchas familias que han dependido por años del cultivo de coca, hacia medios de vida sostenibles y legales, y alejarlos de la economía criminal y de la violencia de narcos y exguerrilleros que tiñe de sangre el campo colombiano.
Si el nuevo presidente de Colombia logra proteger a las comunidades desde un enfoque de derechos humanos, que englobe la relación de la violencia con temas como la pobreza multidimensional y la desigualdad, podrá sostener que el pueblo colombiano ha comenzado, por fin, a superar uno de los problemas más grandes que lo aquejan: la inseguridad generalizada en su territorio, incluidas las masacres y los asesinatos continuos de líderes sociales y ambientales.
Confianza económica con política social
La agenda económica con peso social de Petro fue, desde el comienzo de su campaña, uno de los miedos más explícitos para el empresariado y los inversionistas extranjeros en Colombia.
Para afianzar la gran alianza que quiere construir, el nuevo presidente tendrá que trabajar en construir confianza, sobre todo entre los inversionistas, para mantener el crecimiento del país.
“La clave está en llegar a consensos, conversar con todos los agentes posibles antes de que se presente algo, para generar confianza. Una cosa son las propuestas durante la campaña, otra las propuestas de política, y otras lo que realmente ocurre: hay que tener en cuenta los contrapesos en el congreso”, afirmó Renzo Merino, analista de la calificadora de riesgo crediticio Moody’s para riesgo soberano de Colombia.
Aunque parte de la credibilidad de Petro ante sus electores pasa por no flexibilizar sus propuestas en exceso, Merino tiene razón: el presidente colombiano necesita llegar a acuerdos con los empresarios y los inversionistas si quiere tener las riendas económicas de Colombia y asegurarse fondos para sus políticas sociales y ambientales.
Otro punto que definirá el éxito o fracaso económico del mandatario será la reforma tributaria. Será difícil que el texto que llegue al Congreso le dé confianza a todas las partes, sobre todo a la ciudadanía; pero de no ser así, Petro podría enfrentarse a una nueva ola de protestas.
En la cumbre del Pacto Histórico, la coalición que ganó las elecciones, el recién nominado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció que el Gobierno electo presentará al Congreso el proyecto de reforma tributaria el 8 de agosto.
Según Ocampo, la meta es recaudar 25 billones de pesos colombianos (5800 millones de dólares) para, gradualmente, aumentar esa cifra a 45 o 50 billones.
La propuesta, según declaraciones de Ocampo en entrevista con El Espectador, suavizará la carga tributaria para las empresas, pero la hará más pesada para las personas naturales, aunque no tocará la canasta familiar de los pobres. La reforma de Petro y Ocampo debe ser amable bien con la clase media y baja, si no quiere tener problemas serios para lograr su aprobación.
Según cifras del Centro de Memoria Histórica, más de la mitad de las tierras de Colombia (52 por ciento) está en manos del 1,5 por ciento de la población; lo que hace evidente que una reforma agraria es otra deuda pendiente en Colombia.
Petro ha prometido que buscará disminuir la desigualdad en la propiedad rural, desincentivando los latifundios y subiendo los impuestos a la propiedad rural que no esté en uso.
Para lograrlo, pondrá en marcha una reforma agraria que, de ser exitosa, saldará una deuda histórica con los campesinos colombianos en nombre de la cual se libró una devastadora guerra de cinco décadas con las FARC.
La otra gran apuesta económica de Petro es la de crear un nuevo sistema pensional. En campaña prometió aumentar la participación estatal en el sistema pensional del país, en el que actualmente tiene gran protagonismo el sistema financiero privado.
Aunque representa uno de sus mayores retos, si logra crear un sistema que beneficie a todos, podría asegurar pensiones con garantías para la vejez. El sistema actual, que se creó e impuso en a comienzos de la década de los 90, está comenzando a tener sus primeros pensionados.
Sin embargo, muchos se quejan de que los montos de las jubilaciones son paupérrimos y distan de los que solían proveer los antiguos sistemas, que contaban con mayor protagonismo estatal.
La batalla con los grandes intereses vinculados a los planes de pensiones será dura. Economistas como Mauricio Santamaría, director del centro de investigación ANIF, asegura que las propuestas de Petro se centran en torno al fortalecimiento del régimen público lo que, de entrada, no soluciona los problemas de fondo del sistema pensional que son el desfinanciamiento debido a los altos índices de informalidad en el país, donde 43,5 % de la población activa vive de actividades informales.
El enorme reto ambiental
El tercer gran reto del nuevo presidente colombiano es, sin duda, cómo poner en marcha las políticas y estrategias ambientales del país que anuncia su programa.
Aunque tiene muchas urgencias que atender –como frenar la deforestación, y detener el asesinato de defensores ambientales –, la dificultad más grande será cambiar la política mineroenergética de Colombia y a la vez encontrar financiación para sus propuestas y para el sector ambiental.
Si bien firmar el Acuerdo de Escazú para proteger a los defensores ambientales e implementar un plan que detenga la deforestación en la Amazonía deben ser prioridades de su gobierno, cuadrar la la visión energética que tiene sobre Colombia con la realidad de la industria y de y las finanzas del país es su mayor desafío.
Cada una de sus propuestas tendrá que pasar por el Congreso para ser aprobada, y ahí tendrá trabajo extra para convencer a los lobbistas. Por otro lado, no es claro cómo financiará Petro sus propuestas ambientales. Solo detener la deforestación puede costar billones de pesos.
Hoy Colombia destina solo el 0,5 % de su producto interno bruto (PIB) a temas ambientales, un déficit enorme que deberá solucionar el nuevo presidente antes de ejecutar planes más ambiciosos.
Petro se ha propuesto lograr la transición energética en Colombia. Sin embargo, se encontrará con la cruda realidad del sistema económico colombiano; la necesidad de contar con las regalías del petróleo para costear el funcionamiento del Estado.
En este punto tendrá que llegar a consensos difíciles y buscar una transición gradual que permita el sostenimiento a largo plazo sin causar traumatismos en el erario, mientras avanza en la estructuración de políticas que hagan posible una Colombia más verde.
Aunque sus propuestas ambientales y energéticas son ambiciosas, Petro tendrá que cuidarse mucho para no dar pasos en falso que descarrilen la posibilidad de rectificar el anacrónico modelo de desarrollo del país.
El futuro prometido
En sus discursos, analíticos y a veces excesivamente largos, Petro aseguró que protegería a los desprotegidos, y promovería el sentir popular. Para lograrlo, tendrá que tener éxitos en cada uno de los retos mencionados.
Un cambio esperanzado llegará al poder este domingo 7 de agosto, cuando se posesione como el primer mandatario de izquierda que gobernará el país en su historia moderna.
Estará apoyado por su emblemática vicepresidenta, Francia Márquez, quien buscará defender las necesidades de los que ella llama “nadie”, los dueños de nada, que luchan por defender algo tan básico como la naturaleza y la vida, por décadas amenazados en una Colombia que, con este nuevo gobierno, se juega la esperanza de un futuro mejor.
Este artículo se publicó originalmente en democraciaAbierta.
RV: EG
